La falta de acción de los gobiernos de Buenos Aires y Madrid ante los problemas de los argentinos en España evidencia ignorancia u olvido de la historia común de un alto y cambiante flujo de migrantes de un lado y otro del Atlántico, según activistas de migración.
Dos episodios ocurridos este mes en el aeropuerto madrileño de Barajas volvieron a poner sobre el tapete el maltrato de que son víctimas los argentinos a su llegada a España.
María Cecilia Tonón arribó el día 11 al aeropuerto madrileño de Barajas, embarazada de tres meses. Había recibido una beca de la pública Universidad Complutense, con alojamiento reservado en el Colegio Mayor Argentino y billete de regreso a su país en tres meses.
Fue detenida por la policía, soportó cuatro horas de prisión en un sótano, le negaron telefonear a su embajada y, finalmente, fue deportada a Argentina. Como resultado de la tensión vivida, tuvo un aborto y perdió al hijo que esperaba.
El día 19, otra argentina, Victoria di Salvo, fue expulsada tras permanecer dos días detenida por la policía en el mismo aeropuerto de Barajas, pese a tener todos sus papeles en regla. Su propósito era acompañar en el parto a su hija, embarazada de siete meses.
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Cuando era reembarcada hacia su país dijo que la policía la trató "como la peor de las criminales", mientras se dolía de no poder estar con su hija.
"Tienen una grave responsabilidad ambos gobiernos" de que sucedan incidentes como estos, dijo a IPS Enrique Borcel, fundador y presidente del Observatorio Hispano Argentino, con sede en Madrid.
Criticó al gobierno español porque mantener una actitud negativa hacia los inmigrantes y a su contraparte argentina debido a "la dejación de la Cancillería en temas que hace más de un año se deberían haber resuelto".
Borcel recordó que ya ocurrieron antes situaciones similares a las que tuvieron como víctimas a Tonón y Di Salvo y que desde hace dos años Buenos Aires y Madrid iniciaron conversaciones para evitar estos maltratos, pero sin que haya avances. El presidente del observatorio dijo que se debe tener en cuenta que "la mayoría de los que vienen son descendientes de españoles que viajan a conocer el país de sus padres o abuelos, o a visitar a sus parientes".
Recordó como ejemplo de la masiva emigración española a Argentina en diferentes oleadas del siglo XX, que a Buenos Aires se la menciona como la principal ciudad gallega, porque en ella residen más personas originarias de la comunidad autónoma de Galicia que en su capital, La Coruña.
La esperanza es que la profunda remodelación del gabinete del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de este miércoles 21contribuya a que haya también un cambio de fondo en el trato a los visitantes e inmigrantes que llegan a España desde América Latina, con acuerdos negociados entre los gobiernos de ambos lados del Atlántico.
El cambio incluyó al Ministerio de Asuntos Exteriores (cancillería), que pasó a manos de Trinidad Jiménez, hasta ahora ministra de Sanidad. Desde el triunfo de Zapatero en 2004 y hasta 2009, Jiménez fue secretaria de Estado (viceministra) para Iberoamérica y ahora reemplaza a Miguel Ángel Moratinos, canciller durante seis años y medio.
Jiménez fue responsable también de las relaciones con América del gobernante partido Socialista Obrero Español, entre 1996 y 2000, y secretaria de Relaciones Internacionales de la organización hasta 2003.
En todos sus cargos internacionales, la nueva jefa de la diplomacia española trenzó muchas relaciones con dirigentes de América Latina, junto con una especial sensibilidad hacia la región.
Este mismo miércoles, el canciller argentino, Héctor Timerman, calificó en Buenos Aires las deportaciones de "injustas" y aseguró que su despacho trabaja con España "para terminar con las injustas deportaciones", tras los abortados ingresos a este país europeo de Tonón y Di Salvo.
Como ya es habitual, el canciller argentino utilizó la red de microcontenidos Twitter para fijar su posición sobre los incidentes. "Trabajamos con España para terminar con las restricciones de ingreso. No creo justo aplicar aquí medidas que rechazamos por discriminatorias", dijo en su cuenta en ese medio no convencional.
De esa manera, Timerman desestimó aplicar medidas de reciprocidad a visitantes españoles que viajen a Argentina, como amenazó en 2008 ante incidentes similares el gobierno de Brasil. Lo importante, dijo, "es que España no permita que sus leyes sean usadas para discriminar a nuestros ciudadanos en las fronteras".
Los incidentes también fueron abordados en Buenos Aires un día antes, durante un encuentro de los vicecancilleres Alberto D'Alotto, de Argentina, y Pablo de Laiglesia, de España. DAlotto demandó que Madrid "tenga la mayor flexibilidad posible en los casos de ingresos de argentinos".
Además, reclamó que se respete la dignidad esencial de todas las personas y "que se pueda implementar la flexibilidad que no derive en una aplicación excesivamente rigurosa de la letra de la ley, por las grandes dificultades y los problemas que le genera a la persona rechazada".
Esa mayor flexibilidad, añadió DAlotto, en primer lugar debería permitir a los argentinos que lleguen a la nación europea tengan unos días para regularizar o completar requisitos, sin ser expulsados.
De Laiglesia garantizó, por su parte, que "el gobierno español tiene todo el interés y toda la voluntad" para que "la aplicación de la ley no produzca unos hechos que ciertamente todos deberíamos evitar en todos los casos". Defendió que cada mil argentinos que llegan a España, 999 no tienen ningún problema.
