Que el papel del Estado es clave para superar el hambre crónica de la población no es una novedad. Pero las últimas cifras latinoamericanas muestran que no basta con más gasto público y programas sociales.
"Los países intentaron programas, pero, o no disponen de la institucionalidad necesaria, o no disponen de los recursos financieros para hacerlos" efectivos, dijo el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano da Silva.
Las cifras corresponden al Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2010, publicado este miércoles 13 por la FAO.
"Los países menos afectados fueron aquellos que tenían un sistema de protección social acoplado a planes de apoyo productivo a los más pobres", sostuvo Da Silva.
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Varias naciones de la región vienen implementado políticas de apoyo a la producción de alimentos, de gestión del comercio y de los mercados agroalimentarios, y de protección social y ayuda alimentaria.
Actualmente, 19 países cuentan con programas de transferencia condicionada de ingresos, como los conocidos Bolsa Familia, de Brasil, Oportunidades, de México, y Familias en Acción, de Colombia.
Pero no todos dieron los resultados esperados porque operaban en fase piloto o no estaban articulados con otras políticas sociales y productivas, cuestionó el representante regional de la FAO.
"Más que un Estado fuerte, se requiere un Estado más soberano", dijo a IPS la dirigente campesina Florencia Aróstica, de la no gubernamental Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
"Este modelo neoliberal, industrial, no ha servido para mitigar el hambre del mundo. No se han implementado políticas para la pequeña agricultura, sino más bien programas" que no son eficaces, sostuvo Aróstica, una productora de hortalizas del norte de Chile.
En septiembre, la FAO indicó que 98 millones de personas dejaron de pasar hambre desde 2009. Pero todavía hay 925 millones de desnutridos en el mundo.
Aróstica criticó el fomento a la producción intensiva de monocultivos, la concentración de la tierra en pocas empresas y el monopolio de las aguas.
"Con la pérdida de terrenos se ha ido incrementando la mano de obra campesina (que sin predios debe buscar trabajo en el mercado). Hay cesantía y malas condiciones laborales, especialmente para las mujeres", aseguró.
La CLOC, que pertenece al movimiento internacional La Vía Campesina, celebra su V congreso en Quito entre el 8 y el 16 de este mes con la consigna "Contra el capital y el imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos".
Pese a la exigua reducción del hambre, es un avance si se la compara con el período 2006-2009, cuando por la crisis económica mundial y la carestía de alimentos, seis millones de latinoamericanos y caribeños engrosaron las filas de los hambrientos, en un retroceso regional a la situación de 1990.
Si bien la región sigue creciendo, la volatilidad de los mercados internacionales hace prever que ese crecimiento disminuirá en los próximos años, y por ende el empleo.
"América Latina tiene una gran cantidad de personas flotando en torno a la línea de pobreza: si están empleados están por encima y si uno de los integrantes de la familia pierde el empleo, están por debajo. Es una situación de mucha inestabilidad", explicó Da Silva.
Los que "mejor respondieron (a la crisis) fueron aquellos países que tenían o tienen una institucionalidad pública para poder actuar con políticas de carácter anticíclicas", dijo Fernando Soto, coordinador del Grupo de Políticas de la Oficina Regional de la FAO.
Se trata de países donde el Estado tiene una importante participación en áreas estratégicas, como fomento integral a la producción de alimentos para el mercado interno, financiamiento agrícola, compras públicas, formación de reservas y distribución de alimentos, y programas de protección social, entre otros.
"Los que tienen más éxito son los que consiguen ir vinculando cada vez más el crecimiento económico con la inclusión social. No son dos cosas separadas", dijo Soto.
"No podemos por un lado crecer y por el otro tener programas sociales para aquellos a quienes el crecimiento no incluye. Eso tiene un límite y se llama endeudamiento público", explicó el experto de la FAO.
Países muy vulnerables a la inseguridad alimentaria, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, aumentaron tanto su endeudamiento público en 2009, que ahora negocian ajustes con el Fondo Monetario Internacional y prevén reducciones del gasto social presupuestado para 2011.
Algunas de las recomendaciones de la FAO son revalorizar el papel de la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos y mejorar la regulación y fiscalización de los mercados de trabajo agrícola y rural, cuestiones relacionadas con la pobreza en el campo, dice el informe.
Las inversiones en agricultura familiar son entre dos y cuatro veces más efectivas para reducir la pobreza que cualquier otra inversión, dijo el año pasado a IPS el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, Kanayo Nwanze, cuando visitó experiencias exitosas en Brasil.
Pero, a la vez, "la agricultura familiar campesina es el sector donde mayor incremento ha tenido la pobreza en los períodos en que ésta ha aumentado", respecto de otros habitantes rurales, dijo a IPS el investigador Alexander Schejtman, del no gubernamental Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Este sector, "que se identifica con empleados por cuenta propia dedicados a la agricultura", es el que revela, en la gran mayoría de los países, menores descensos y mayores aumentos de la pobreza, dentro de un "mundo rural" de por sí más pobre que el urbano, concluyó el economista.
