El aborto se convirtió en un arma «resta votos», del que los dos candidatos huyen en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y que los sectores religiosos más conservadores usan como trueque para fijar su apoyo.
La legalización o no del aborto, actualmente castigado en Brasil con penas de prisión de hasta 10 años, protagoniza la agenda para el balotaje del día 31, entre los candidatos Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que la candidata favorita no obtuviese el triunfo en la primera vuelta, el domingo 3. Actualmente la interrupción del embarazo es una práctica ilegal en el país salvo cuando la madre corre peligro de muerte o la gestación es producto de una violación.
Un caudal decisivo de votos migró de Rousseff a Marina Silva, la candidata del Partido Verde que pertenece a la Iglesia Evangélica. La ex ministra de Ambiente del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condena el aborto y defiende la realización de un plebiscito sobre su eventual legalización.
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Silva se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta, al obtener 20 por ciento de los sufragios, mientras Rousseff logró 47 por ciento y Serra casi 33 por ciento.
Durante la campaña para la segunda vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de una cruzada moralista contra la despenalización del aborto, cuando en el pasado ambos expresaron una posición de apertura al derecho a decidir de las mujeres.
Beatriz Galli, de la no gubernamental Ipas Brasil (filial de una red internacional dedicada a promover los derechos y la salud sexual de las mujeres), se lamentó con IPS de que la discusión se haya reducido "a estar en contra o favor del aborto o en contra o a favor de la vida".
La candidata del PT había defendido antes que había que avanzar hacia la despenalización del aborto, mientras ahora destaca en su página digital que está "personalmente contra el aborto".
Con el respaldo de una foto del reciente bautizo de su primer nieto, plantea que "sería muy extraño que cuando hay una manifestación de vida en el seno de mi familia, ( ) yo defienda una posición a favor del aborto".
Rousseff asegura que el aborto inducido es "una violencia contra la mujer", aunque matiza que en su probable gobierno "el Estado brasileño no considerará eso como una cuestión de policía", sino de "salud pública y social".
Serra sigue esa línea. En 1998, como ministro de Salud del precedente gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) contribuyó a reglamentar la práctica del aborto dentro de la salud pública, en los casos de víctimas de violación, pero ahora advierte que su legalización causaría "una carnicería".
Además, apela a eslóganes tales como "un hombre que nunca se involucró en escándalos y siempre fue coherente, condenó el aborto y defendió la vida" o "un hombre de familia", para contraponer su imagen a Rousseff, divorciada y participante durante su juventud en la lucha clandestina contra la dictadura brasileña (1964-1985).
Para Galli se está produciendo "un falso dilema porque la cuestión principal es si el Estado debe criminalizar una cuestión de salud pública colocando la salud y la vida de las mujeres en riesgo porque las obliga a buscar un aborto clandestino".
Estimaciones conservadores del Sistema Único de Salud indican que en Brasil, se producen anualmente al menos un millón y medio de abortos clandestinos. Las complicaciones por la práctica insegura ocasionan 250.000 ingresos a centros públicos de salud cada año, y suponen una de las principales causas de mortalidad materna.
Galli insistió en que no se debe reducir a un enfoque religioso un asunto de derechos humanos de las mujeres.
Un estudio de la antropóloga Débora Diniz, investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, revela que una de cada cinco brasileñas se ha sometido a un aborto antes de los 40 años.
De las mujeres que han abortado, 88 por ciento se declararon religiosas, indica el estudio. Un dato revelador en este país de 192 millones de habitantes, con la mayor cantidad de católicos del mundo y donde los fieles de iglesias evangélicas crecen a ritmo vertiginoso.
"La historia de esas mujeres no puede ser ignorada por la búsqueda desenfrenada de votos de las comunidades religiosas que consideraran el aborto un crimen abominable", dijo Diniz en un artículo.
"El aborto se transformó en una moneda de trueque para ganar votos", agregó, al considerar que las concesiones políticas hechas por los dos candidatos representan "amenazas democráticas" porque comprometen el principio del Estado laico.
Guacira César de Oliveira, directora-fundadora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA), dijo a IPS que existe un análisis tendencioso "que exige de los candidatos un determinado posicionamiento contra el aborto, como si fuese la única posibilidad de ganar la elección".
Oliveira lo atribuye a una "ofensiva conservadora de derecha junto al fundamentalismo religioso", que logró poner al aborto en el centro de la campaña, por encima de otros temas que también habrían obstaculizado el triunfo de Rousseff en la primera vuelta, como la corrupción.
Los analistas mencionan entre esos temas las denuncias de corrupción del gobierno de Lula, del que Rousseff fue, desde su inicio en 2003 y hasta marzo, primero ministra de Energía y Minas y después jefa de gabinete.
Oliveira subrayó que la "satanización electoral" del aborto no refleja la opinión de la mayoría. Recordó que el mayoritario electorado femenino debe recurrir al riesgo de un aborto inseguro "para asegurar su opción de tener hijos cuando quieren y pueden".
"Los úteros de las mujeres no pueden ser la moneda de cambio en estas elecciones", exhortó.
Carmen Silva, educadora del Instituto Feminista para la Democracia "SOS Corpo", coincide en que se trata de una manipulación del "fundamentalismo religioso" que creció en todo el mundo, pero que en Brasil se habría asociado "a los grandes medios, a los políticos de derecha y a los militares con nostalgia de la dictadura militar".
Oliveira y Silva subrayaron que el aborto dejó fuera temas de la agenda de las mujeres, como la participación política, la atención a las víctimas de violencia y la igualdad de oportunidades laborales.
"Con tantas cuestiones cruciales para la democracia y los derechos fundamentales, como la educación, la seguridad pública o la seguridad social, lo curioso es que se apueste a que el nuevo presidente de Brasil sea decidido por su posición sobre el aborto", sintetizó Diniz.
