Entre el temor y el coraje, activistas por los derechos de los inmigrantes redoblan esfuerzos y reclamos tras la matanza de 72 personas en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas.
Él mismo un ex emigrante, Figueroa asiste a los viajeros indocumentados en Huimanguillo, en el estado de Tabasco, unos 700 kilómetros al sudeste de la capital mexicana.
En el corredor formado por Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, entre el sudeste y el noreste de México, discurre la ruta que muchos ciudadanos latinoamericanos dibujan con sus pasos para llegar a suelo estadounidense.
Anualmente, unas 500.000 personas atraviesan sin permiso México en un camino de fuego y azufre por los abusos que soportan de uniformados y secuestradores.
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A partir de la matanza de 72 migrantes, cometida el 23 de este mes en San Fernando, Tamaulipas, los promotores de los derechos de esta población buscan formas de mejorar la ayuda que entregan y denunciar los ataques.
Las dificultades que afrontan los inmigrantes para cruzar la frontera de México con Estados Unidos crecieron exponencialmente respecto de 2002, dijo a IPS el coordinador del Programa de Migraciones de la jesuita Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Miguel Ugalde.
"Antes pasaban con más normalidad, incluso podían regresar a celebrar las fiestas de sus pueblos. Pero con esta masacre, se ha llegado al límite Se ha sofisticado tanto la utilización de los migrantes como instrumentos del crimen, con una saña y crueldad sin precedentes", dijo.
El programa que Ugalde coordina forma parte de una amplia alianza dedicada a una labor de protección, junto con la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales, mediante campañas de información sobre los peligros de viajar sin visa a Estados Unidos.
Además, estos grupos mantienen albergues para indocumentados en Guatemala y en Chiapas, Oaxaca y Veracruz y Ciudad de México En el sureño estado estadounidense de Arizona, asisten a quienes se aventuran por el desierto con tanques de agua mediante la organización no gubernamental estadounidense Humane Borders, dedicada a entregar ayuda humanitaria para evitar más muertes en la frontera.
La alianza no gubernamental en marcha busca incidir en la Conferencia Regional sobre Migración "para que exista conciencia que éste es un fenómeno regional, no de cada país. Y que la migración la tienen que acordar y gerenciar todos los gobiernos", dijo Ugalde.
Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana son miembros de esta Conferencia, acordada en la Cumbre de Presidentes Tuxtla II de febrero de 1996 para tratar las cuestiones migratorias en el marco del desarrollo económico y social.
El martes 24 se hallaron en San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes, 14 de ellos mujeres, asesinados presuntamente por la banda de Los Zetas, uno de los carteles mexicanos de la droga, que mantienen como actividades colaterales el secuestro extorsivo y la explotación de los migrantes.
El único sobreviviente, el ecuatoriano Freddy Lala, de 18 años, caminó una veintena de kilómetros con una herida en el cuello hasta un puesto militar para denunciar el crimen. Lala regresó el domingo 29 por la noche a su país natal para proteger su vida, si bien retornaría para colaborar con la investigación de la matanza.
Las autoridades ecuatorianas pidieron a los medios de comunicación que no traten de ubicar el paradero del sobreviviente ni busquen entrevistas con él. Además, establecieron una línea telefónica (593 2 240 3088) para recibir llamadas de quienes tengan familiares en viaje a Estados Unidos o México, que no se hayan reportado en las últimas semanas.
Hasta ahora se han identificado los cuerpos de 40 víctimas: 15 hondureños, 13 salvadoreños, seis ecuatorianos, cinco guatemaltecos y un brasileño.
"Ahora sabemos de esta matanza porque un ecuatoriano sobrevivió y con gran valentía logró caminar dos decenas de kilómetros y denunciar la agresión, Pero es muy difícil llegar a establecer dónde, cuándo y cómo desapareció un migrante", dijo a IPS la religiosa brasileña Lelis da Silva, subdirectora de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Ecuador.
Da Silva pertenece a la congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas, especializadas en la atención a los migrantes, y con casas de acogida a lo largo de la ruta que éstos siguen por América Central y México.
En ese país funcionan decenas de refugios para inmigrantes, especialmente en los lugares de paso obligado, acosados por secuestradores y cómplices que los rondan en busca de presas. Ahora, sus responsables sólo esperan más problemas luego de lo ocurrido en Tamaulipas.
El flujo migratorio decrecerá de momento, por el miedo a nuevas matanzas, pero luego regresará a su nivel normal, afirman.
"Con los recursos escasos que tenemos estamos intensificando la ayuda, aunque crecen los riesgos. Tenemos que tocarnos el bolsillo para mostrar solidaridad con los hermanos inmigrantes", dijo a IPS el presbítero católico Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino.
Este centro —adscrito a la Pastoral de la Movilidad Humana, que tiene una de sus sedes en la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca— acoge a entre 100 y 150 personas cada tres días, y en ese lapso les ofrece un lugar donde pernoctar y alimentarse y atención médica básica.
Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se denunciaron en México 9.758 secuestros de inmigrantes, según la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los secuestradores suelen exigir un rescate de entre 1.500 y 5.000 dólares a los familiares de las víctimas, radicados en Estados Unidos o en sus países de origen, según esa investigación.
Víctor Herrera, presidente de la no gubernamental Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, dijo a IPS que hoy "no hablamos del sueño americano, sino del martirio americano" por todos los riesgos de viajar sin papeles a Estados Unidos.
Los países de la región deben advertir a su población de esos peligros y garantizar los derechos humanos de quienes emigran, afirmó Herrera.
En la ciudad de Nogales, en el noroccidental estado mexicano de Sonora, se celebra desde este lunes 30 hasta el jueves 2 de septiembre la reunión de la Pastoral de la Movilidad Humana, que reúne a unos 150 delegados de todo el país y a una delegación estadounidense para debatir sobre los abusos a los inmigrantes, entre otros temas.
"Tenemos que pasar del dolor de la indignación a una propuesta. La Iglesia tiene que hacer más, y que muchos hagan lo que les corresponde", dijo Solalinde.
* Con aporte de Danilo Valladares (Guatemala) y Gonzalo Ortiz (Quito).
