El intento más serio de los paramilitares de entrar a este municipio del centro de Colombia fue un fracaso. Lo hicieron en 2003 protegidos por la policía, pero los pobladores, armados de palos y escopetas, los atraparon y los entregaron a la Fiscalía General de la Nación, que los encarceló.
Que en este un municipio ubicado al sur de la serranía del mismo nombre, legendaria por su megabiodiversidad, no pudiera afianzarse el paramilitarismo hace diferente el hallazgo de un enterramiento masivo en dos franjas en forma de L que suman unos 10.000 metros cuadrados, anexas al cementerio del pueblo.
El terreno linda con la base local de las brigadas móviles de la llamada Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), que recibe cooperación estadounidense y combate a la guerrilla izquierdista.
La Procuraduría General de la Nación (ministerio público) lo describe como un "cementerio de personas sin identificar".
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"Cementerio clandestino", lo llaman, en cambio, los parlamentarios izquierdistas Gloria Ramírez e Iván Cepeda, éste portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
La franja corta de la L es una fosa común, según peritos estatales y otros testigos que hoy ya no se atreven a hablar.
Está detrás de unas bóvedas bajas al costado izquierdo del cementerio. Parece que nadie se aventura por allí, nadie investiga, dicen que está minada y no hay ningún distintivo.
En cambio llama la atención la franja más larga, de unos 6.500 metros cuadrados, a donde se llega si se camina recto desde la entrada del camposanto. La Fiscalía dispuso el 21 de julio un cerramiento, mientras un calificado grupo de expertos forenses laboró en el sector.
Allí hay centenares de tablillas numeradas: 054/09 es el muerto número 54 enterrado en 2009. No más. Los años van de 2004 hasta 2010.
Los cementerios clandestinos y fosas comunes conocidos hasta ahora fueron obra de los paramilitares, que el saliente presidente derechista Álvaro Uribe desmovilizó parcialmente. Sus confesiones a cambio de beneficios jurídicos han permitido a la Fiscalía recuperar 3.299 cuerpos, de los al menos 25.000 desaparecidos según estimaciones.
De la existencia del anexo del cementerio de La Macarena se supo justo hace un año, por un artículo publicado en el semanario regional Llano 7 Días, del diario bogotano El Tiempo.
Desde 2002 hasta julio de 2009, reconocían por entonces las autoridades, el ejército había enterrado allí 564 cadáveres, reportados todos como guerrilleros caídos en combate. El 71 por ciento permanecía sin identificar.
TODO COMENZÓ POR EL AGUA
Los habitantes del barrio Colinas, a unos 200 metros del cementerio, notaron en junio de 2008 que el agua salía con mal olor y con sabores putrefactos de dos jagüeyes (pozos profundos) de donde la extraen en verano.
Al examinar por qué, la gente descubrió que el desagradable asunto provenía del cementerio. "Esos fueron los primeros indicios", dijo a IPS el abogado penalista Ramiro Orjuela, con vínculos familiares y profesionales en la zona.
Resultó que desde 2004 "aquí traían en los helicópteros cuerpos y cuerpos, abrían con una retroexcavadora un hueco y tiraban ahí cuerpos". "La gente de aquí de La Macarena sabe eso", añadió.
A los macareneses eso no les parecía raro.
Al fin y cabo, La Macarena ve la guerra pasar desde 1950, 14 años antes del surgimiento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El municipio integró la zona desmilitarizada donde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) mantuvo un diálogo de tres años, al final fallido, con la guerrilla. Tras ese intento, el ejército retomó los 42.000 kilómetros cuadrados del santuario, incluidos los 11.229 que abarca La Macarena.
Desde entonces, todos los días los habitantes veían arrojar en el cementerio los cuerpos de supuestos guerrilleros. Los cadáveres eran amontonados en bolsas negras. Luego, el sepulturero se encargó de cavar fosas. Todo el mundo sabía.
Así, lo del agua no lo dijeron con segunda intención: "No creían que eso era grave. Sino que era normal. Y resultó que eso sí es grave", puntualizó el penalista.
Los militares aseveraron a Llano 7 Días que no temían una investigación. La Policía hizo a cada cuerpo un levantamiento legal, junto con el arma que portaba y el camuflado que vestía, procedimiento, afirmaron, que luego avaló la Fiscalía.
Pero en esta región, en la práctica, la justicia penal militar se volvió civil.
Los fiscales, según una fuente humanitaria de la Iglesia Católica, serían militares de la reserva o en retiro que hoy actúan bajo las órdenes del comandante militar, lo mismo que la policía, efecto del programa piloto cívico-militar denominado Plan de Consolidación Integral de La Macarena, emitido en 2004.
Orjuela no achaca responsabilidades ni adelanta acusación alguna. Sólo pide que las autoridades investiguen. "No tenemos ningún otro medio de prueba sino lo que nos dijo la comunidad", comentó a IPS.
"Le cuentan a uno pero no vienen a ratificarse porque la gente tiene miedo", apuntó.
Luego de que Orjuela y un grupo defensor de derechos humanos enviaron peticiones a la Fiscalía y la procuraduría, esta última entidad hizo una inspección in situ y produjo un informe que permanece oculto al público.
Basada en dicho informe, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la procuraduría contestó en febrero que su objetivo era "alcanzar la plena identidad de los aproximadamente 2.000 cuerpos", para lo cual esperaba crear "un laboratorio especializado de identificación" en La Macarena, con otras instituciones.
La Fiscalía, en cambio, no respondió por escrito. Reportó a mediados de julio a Orjuela y a la senadora Ramírez, organizadora de una audiencia senatorial humanitaria en La Macarena el 22 de ese mes, que para ese momento había "detectado" 449 cuerpos.
También les confirmó "que el 100 por ciento de los casos han sido traídos por el ejército. Todos. No hay uno que no", según Orjuela.
En medio de fuertes epítetos contra los organizadores de la audiencia, el gobierno de Uribe insiste en que son guerrilleros caídos en combate y llevados allí. Orjuela advierte: "Eso es posible. Pero no todos".
Es que 449 guerrilleros equivalen a tres o cuatro frentes de las FARC. Como esa insurgencia sigue en la zona "entonces, ¿quiénes son esos 400 y pico de muertos?", razona.
El jesuita Banco de Datos Derechos Humanos y Violencia Política tiene testimonios sobre 79 civiles desaparecidos en La Macarena y municipios circundantes. De 25 casos documentados de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, en 11 hay indicios de que están en el anexo.
Por ahora, la Fiscalía ha identificado en el anexo de La Macarena a cinco civiles reportados como desaparecidos, que ha devuelto a sus familias, y a otros 37 cuerpos. Los demás, todavía preguntan.
