MONTEVIDEO – Cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sufrió una derrota aplastante frente a una oposición unida en abril, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, estaba atento. La lección que extrajo no fue que debía mostrarse más moderado, sino que tenía que actuar con mayor dureza. Ya había detenido en marzo de 2025 al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP), de la oposición.
Tras la derrota de Orbán, ha acelerado su campaña para fracturar a la oposición y reescribir las reglas antes de las próximas elecciones de 2028.
Autocracia electoral
Erdoğan lleva en el poder desde 2003. Tras sobrevivir a un intento de golpe de Estado en julio de 2016, utilizó los poderes de emergencia para purgar el Estado a gran escala. Más de 150 000 personas fueron detenidas, despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo.
Los decretos de emergencia ampliaron el poder del Gobierno para cerrar organizaciones y destituir a cargos electos. Un referéndum constitucional de 2017, aprobado por un estrecho margen en una campaña que los observadores independientes consideraron profundamente viciada, sustituyó el sistema parlamentario de Turquía por uno hiperpresidencial.
Los medios de comunicación independientes han sido desmantelados sistemáticamente. Turquía ocupa ahora el puesto 163 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros sin Fronteras.
Sin embargo, las elecciones han continuado y la oposición ha seguido ganando a nivel municipal, sobre todo en Estambul en 2019 y de nuevo por un margen aún mayor en 2024. Esa competitividad residual es lo que Erdoğan está tratando ahora de eliminar.
İmamoğlu había derrotado al candidato de Erdoğan en Estambul en dos ocasiones, fue designado oficialmente como candidato presidencial del CHP para 2028 y obtuvo un gran apoyo en las encuestas a nivel nacional frente a Erdoğan.
Las autoridades lo detuvieron acusado de corrupción y vínculos con el terrorismo mientras se tramitaba su candidatura, lo que desencadenó la mayor ola de protestas en Turquía en más de una década. Una acusación de 4000 páginas presentada en noviembre de 2025 pretendía condenarlo a más de 2000 años de prisión.
En febrero de 2026 se le imputaron cargos de espionaje. Su juicio comenzó en marzo en medio de continuas protestas. Sigue en prisión y, en los 14 meses transcurridos desde su detención, más de 500 personas han sido detenidas, entre ellas 16 alcaldes afiliados al CHP.
Con İmamoğlu encarcelado, la siguiente jugada de Erdoğan fue impedir que el CHP se consolidara en torno a cualquier otra figura.
El 21 de mayo, un tribunal de apelación anuló los resultados del congreso nacional del CHP de 2023, destituyendo al líder electo del partido, Özgür Özel —quien había elevado al CHP a una paridad aproximada con el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdoğan en las encuestas nacionales— y reinstaurando a su predecesor, Kemal Kılıçdaroğlu, una figura controvertida que perdió las últimas elecciones presidenciales.
Özel condenó la sentencia como un golpe judicial y se negó a abandonar la sede del partido. Tres días después, la policía antidisturbios irrumpió en el edificio, disparando balas de goma y gases lacrimógenos.
El gobierno negó cualquier implicación, alegando de forma poco creíble que el poder judicial había actuado de forma independiente. La operación fue legal en la forma y política en el fondo.
La Constitución de Turquía limita a dos mandatos de cinco años la presidencia, y el segundo de Erdoğan expira en 2028. En mayo de 2025, nombró a un equipo jurídico para redactar una nueva Constitución. Parece claro que el objetivo es ampliar su elegibilidad.
El AKP y sus aliados nacionalistas no alcanzan el umbral parlamentario necesario para modificar la Constitución o convocar un referéndum al respecto.
Algunos analistas creen que la reciente iniciativa del gobierno para poner fin al conflicto de décadas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán está diseñada, al menos en parte, para atraer suficientes votos parlamentarios que le permitan superar ese umbral.
Hay una razón estructural por la que hay tanto en juego. El sistema hiperpresidencial de Turquía implica que, a diferencia de Orbán, Erdoğan no tendría un camino seguro de vuelta tras una derrota electoral. Para él, perder el poder podría significar la extinción política. Su represión es una respuesta a esta amenaza.
La resistencia de la sociedad civil
Sin embargo, la sociedad civil turca no se ha rendido. La detención de İmamoğlu fue seguida de enormes protestas. Una manifestación masiva conmemoró sus 100 días en la cárcel, y la gente volvió a salir a la calle cuando se registró la sede del CHP.
Más recientemente, cuando Erdoğan ordenó el cierre de la Universidad Bilgi, una de las instituciones académicas liberales más antiguas de Turquía, los estudiantes y el personal se reunieron inmediatamente en el exterior para protestar.
En dos días, el gobierno revocó el cierre. Esto ilustró tanto el alcance de los impulsos represivos de Erdoğan como sus límites cuando se enfrentan a una resistencia rápida.
El gobierno ha respondido a las protestas con prohibiciones generales de las reuniones públicas, restricciones en las redes sociales y detenciones masivas.
Cuatro días después de la detención de İmamoğlu, al menos 1879 personas habían sido detenidas. La policía intervino repetidamente con fuerza, utilizando gas lacrimógeno y deteniendo a manifestantes y periodistas.
La caída de Orbán ha asustado a Erdoğan tanto como ha inspirado a la oposición turca. Está tomando medidas para eliminar las condiciones que la hicieron posible.
Se ha deshecho del candidato de la oposición más creíble y unificador, ha neutralizado al principal partido de la oposición y está desmantelando lo que queda de una arquitectura electoral que, por muy sesgada que esté, aún podría permitir que la oposición ganara.
La democracia de Turquía depende ahora de que siga acudiendo suficiente gente a las urnas y de que puedan seguir resistiéndose a la campaña de Erdoğan para desmantelar la democracia.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización. Ella también ejerce como rofesora de Política Comparativa en la uruguaya Universidad ORT.
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