Amenazas a libertad de prensa se extienden a Sudáfrica

La organización Reporteros Sin Fronteras ubica a Sudáfrica entre los países con mayor libertad de prensa del continente. Sin embargo, dos nuevas medidas propuestas en este país están siendo comparadas con leyes represivas en Etiopía y Zimbabwe.

Nigeria y Zimbabwe tienen sus propias Leyes de Secreto Oficial, que limitan el acceso público a determinada información. En Kenia existe la denominada Ley de Comunicaciones. Y en Sudáfrica se acaba de ser propuesta la Ley de Protección a la Información (POI).

En todo el continente africano los gobiernos han querido controlar de alguna manera a los medios, sea a través de severas penas por revelar o poseer documentos filtrados o mediante la creación de tribunales especiales que supervisan a la prensa.

La POI le concede amplios poderes al gobierno para clasificar casi cualquier información que involucre a un organismo del Estado en supuesta defensa de la seguridad nacional.

Establece penas de más de 25 años de prisión para los que publiquen información protegida y se nieguen a revelar sus fuentes.
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El gobernante partido Congreso Nacional Africano (CNA) también propone la creación del Tribunal de Apelaciones de Medios, que tendría el poder de sancionar a periodistas por mala conducta.

"Los medios se pusieron ellos mismos en el pedestal de guardianes. Nosotros, por tanto, tenemos derecho a preguntar, ¿quién es el guardián del guardián?", afirmó el presidente sudafricano Jacob Zuma en una carta publicada en el sitio web del CNA.

Tanto la propuesta del tribunal como el proyecto de ley fueron duramente criticados por periodistas y grupos defensores de la libertad de prensa en Sudáfrica y el exterior.

"El amplio lenguaje de la POI permitiría castigar a métodos de recopilación de información que son esenciales para el periodismo de investigación", dijo a IPS la directora ejecutiva del Instituto por la Libertad de Expresión, Ayesha Kajee.

La norma "obstaculizaría la práctica de este campo del periodismo esencial para hacer responsable al gobierno ante el público", sostuvo.

Ambas iniciativas podrían ser consideradas inconstitucionales, y seguramente, de ser aprobadas, serán respondidas de inmediato con recursos legales, pronosticó Kajee.

En su carta, Zuma defendió la propuesta de crear el tribunal y aseguró que el CNA respetaría la libertad de prensa consagrada en la Constitución.

"Déjenme reiterar que el CNA no hará nada que socave el espíritu de la Constitución de la República o que erosione la dignidad y los derechos de otras personas, sin importar su lugar en la sociedad", señaló.

Defensores de la libertad de prensa han señalado que leyes e instituciones como las propuestas en Sudáfrica son herramientas ya usadas por otros regímenes represivos del continente.

"Todos los países represivos tienen" tribunales de medios, afirmó Joe Thloloe, Ombudsman de la Prensa de Sudáfrica, responsable de presentar demandas por violaciones al código de conducta al que se adhieren todos los miembros del Consejo de Medios del país.

Thloloe señaló que existe un tribunal de la prensa en la vecina Zimbabwe, y que ha sido usado para encarcelar a periodistas y restringir a las publicaciones.

Por su parte, Kajee dijo que la Ley de Protección de Secretos de Zimbabwe es muy parecida al borrador de la POI propuesta en Sudáfrica, y ha sido usada para censurar a funcionarios del gobierno así como a reporteros.

"La propuesta del Tribunal de Medios, hecha por el CNA, es el último de una serie de intentos de varios gobiernos africanos para someter a la prensa a disposiciones legales", dijo Mohamed Keita, director del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental con sede en Nueva York.

También señaló que el tribunal propuesto es comparable a un esfuerzo en Botswana dos años atrás que no se concretó gracias a la fuerte resistencia de la prensa de ese país.

En Etiopía, el gobierno clausuró 13 publicaciones en 2005, y aprobó la Proclamación sobre el Control de los Medios en 2008, que Kajee dijo se ha usado desde entonces para amenazar con multas y acusaciones de difamación a medios de prensa.

Una decena de periodistas huyeron de Etiopía en 2009 tras ser intimidados, acosados y censurados, según el CPJ, y actualmente hay cinco periodistas encarcelados en ese país, el segundo del continente con más reporteros en prisión, después de Eritrea.

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