NACIONES UNIDAS – Pakistán, uno de los pocos países del sur de Asia que oscila entre gobierno democrático y régimen autoritario, está tomando medidas drásticas contra los periodistas, incluidos los corresponsales extranjeros que cubren la situación política en la quinta nación más poblada del mundo.
Según un nuevo informe, Pakistán se encuentra técnicamente bajo un gobierno de coalición civil nominal liderado por el primer ministro Shehbaz Sharif, pero los analistas políticos y los expertos describen la situación real como de «militarismo constitucional» o de profundo dominio militar, en el que el estamento militar ostenta una autoridad absoluta
La represión del gobierno de Islamabad contra los periodistas ha desencadenado críticas por parte del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y la Unión Federal de Periodistas de Pakistán.
Beh Lih Yih, director regional para Asia-Pacífico del CPJ, declaró a IPS que «Pakistán está mancillando su propia reputación internacional al impedir que los periodistas informen desde gran parte del país».
Y detalló: «El último intento de censurar la cobertura mediática pone de relieve el deterioro de la situación de la libertad de prensa en el país, que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas, con un elevado número de asesinatos de profesionales de los medios de comunicación y desapariciones forzadas».
«El gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif debe retirar las medidas restrictivas y dejar de perseguir inmediatamente a los periodistas, ya sea mediante detenciones o interrogatorios. Pakistán debe cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger la libertad de prensa si quiere que se le tome en serio como democracia», precisó.
Según precisó el diario The New York Times el 10 de agosto, el gobierno pakistaní ha impuesto nuevas restricciones que obligan a todos los periodistas que trabajan para medios de comunicación extranjeros a solicitar permiso para viajar fuera de las tres principales ciudades del país.
Estas normas se producen tras una oleada de medios de comunicación que cubren las elecciones en la parte de Cachemira administrada por Pakistán, una región en disputa donde los manifestantes llevan desde principios de junio haciendo campaña a favor de una mayor autonomía política.
The New York Times indicó que, según periodistas y grupos de derechos humanos, los reporteros en Pakistán se han enfrentado en los últimos años a una mayor censura y presión económica, incluyendo la congelación de cuentas bancarias y la suspensión de la publicidad gubernamental, así como a desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y encarcelamientos.
En agosto de 2026, la Unesco, responsable de la libertad de expresión en el sistema de las Naciones Unidas, no emitió ninguna declaración específica ni formuló críticas directas sobre las últimas restricciones impuestas por Pakistán a los medios de comunicación.
En cambio, la principal reacción contra las recién promulgadas «Directrices de 2026 para la facilitación de los medios de comunicación extranjeros» de Pakistán provino de organizaciones defensoras de la libertad de prensa como el CPJ, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) y Amnistía Internacional.
Además, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, ha instado a las autoridades pakistaníes a retirar las nuevas y draconianas directrices que exigen a los periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales obtener una autorización antes de informar fuera de Islamabad, Karachi o Lahore.
Esa medida es probable que tenga como objetivo censurar la cobertura de los disturbios en la Cachemira administrada por Pakistán.
Las directrices, analizadas por el CPJ, exigen a los periodistas internacionales y pakistaníes que colaboran con medios de comunicación extranjeros —incluidas las redes sociales y las plataformas web— que obtengan un certificado de no objeción (NOC) del Ministerio de Información para «encargos oficiales, especialmente para trabajos fuera de Islamabad, Lahore y Karachi».
«Las Directrices de Facilitación para los Medios de Comunicación Extranjeros abren la puerta a que las autoridades pakistaníes restrinjan aún más la cobertura de los medios internacionales, impidan a los periodistas informar libremente fuera de las tres principales ciudades de Pakistán y corran el riesgo de exponerlos a represalias administrativas», afirmó Waliullah Rahmani, representante del CPJ en Afganistán y Pakistán.
Añadió que «estas directrices suponen otro golpe atroz a la libertad de prensa en Pakistán, donde los periodistas ya se enfrentan a una intensa represión, especialmente aquellos que informan sobre los disturbios en la Cachemira administrada por Pakistán».
Las directrices, de cinco páginas, se presentaron días después de que el gobierno criticara la cobertura internacional de las elecciones y las protestas en Cachemira y acusara a la cadena de televisión Al Jazeera de practicar el «periodismo sensacionalista».
Tras esta acusación se ha restringido el acceso a la página web de Al Jazeera en Pakistán.
Las autoridades pueden suspender o revocar la acreditación de los periodistas o de los medios de comunicación por «actos contra la ideología, la soberanía, la seguridad o el orden público de Pakistán», según establecen las directrices.
Las autoridades han prohibido la cobertura de las protestas que exigían una reforma electoral en Cachemira, después de que medios internacionales informaran sobre la brutalidad policial durante los enfrentamientos con los manifestantes, y han suspendido los servicios de telefonía móvil e internet.
Los medios internacionales afirman que al menos 40 personas murieron antes de las elecciones, que comenzaron el 27 de julio, según el CPJ. El CPJ señaló que el Ministerio de Información no respondió a la solicitud de comentarios enviada y repetida por correo electrónico.
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