Un bebé se estrelló en el piso cuando su padre, que lo llevaba en brazos, fue asesinado en México. Otro de dos años vio desde su carrito cuando mataron a seis adictos en un centro de rehabilitación, entre ellos su madre. A uno más, de tres años, su madre nunca llegó a recogerlo en la guardería.
Sólo en Ciudad Juárez, en la línea fronteriza con Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil los sitúan en 10.000, considerando que en tres años y medio han sido asesinadas más de 5.500 personas, que en 70 por ciento de los casos tenían entre 18 y 45 años.
Si se extrapola ese cálculo a la cifra nacional, de 25.000 muertos, con un promedio de dos hijos por adulto, la cifra es escalofriante: unos 30.000 huérfanos habría dejado hasta ahora la estrategia contra el narcotráfico del gobierno conservador de Felipe Calderón.
"Sabemos que son miles, pero nadie tiene idea de cuántos son ni dónde están", dijo a IPS Nashieli Ramírez, coordinadora general de la no gubernamental Ririki Intervención Social, y una de las voces más reconocidas en México en materia de infancia.
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"No sabemos si están con sus familias extendidas (abuelos, tíos) o en la calle", dijo la experta, quien aclaró que el oficial Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene una estructura muy limitada para atender a esta población.
La contabilización de los casos, dijo, se tiene que hacer a través de las procuradurías de justicia de los 32 estados mexicanos, las que llevan el registro de los muertos. Pero no están capacitadas para atender y canalizar a los huérfanos, precisó.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo más de 2.600 personas asesinadas en 2009, pero el DIF de su estado, Chihuahua, sólo tiene el registro de ocho niños huérfanos durante ese año, de los cuales dos fueron dados en adopción, de acuerdo con la dependencia oficial.
"El DIF no tiene manos para extender sus redes de atención y menos cuando la población afectada es tan alta", dijo Ramírez.
Las historias se reproducen. Una trabajadora * de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez contó a IPS que hace unos meses tuvieron el caso de un niño de tres años y medio al que su madre no buscó a la hora del cierre.
"Tratamos de distraerlo y horas después una compañera de trabajo de la mamá llegó y nos dijo que la habían balaceado, quería llevárselo pero no podíamos dárselo. Si no es la persona autorizada hay que entregarlos a las autoridades, según el reglamento", narró.
Finalmente lo recogió el padre y como la guardería sólo brinda el servicio a infantes a cargo de sus madres, el niño no regresó. "No supimos qué fue de él, ni si tuvo alguna atención", dijo la educadora.
En México, con una población de 107 millones, hay 38 millones de personas menores de 18 años y una cuarta parte de este grupo no ha cumplido seis años. Pero la atención a la primera infancia es una de las áreas más descuidadas de las políticas públicas.
Al inicio de su administración, el presidente Calderón anunció la creación de centros infantiles como el programa estelar de su gobierno en materia social. Pero los resultados han sido magros.
"El problema del programa es que está enfocado a dar trabajo a las madres, no a que los niños estén bien cuidados", dijo a IPS Catalina Castillo, de la Organización Popular Independiente de Juárez.
Muchos de los niños y niñas que han perdido a sus padres tienen que enfrentar además la discriminación alimentada por el discurso del gobierno, de que los muertos son criminales.
Es el caso de los hermanos Rodrigo y Raúl, de ocho y 10 años, que en 2008 perdieron a sus padres y quedaron al cuidado de la abuela materna. De acuerdo con Susana, su tía, el cambio de escuela, casa y ciudad detonó una conducta rebelde e introvertida, que aumenta cada vez que otros niños les preguntan si sus padres murieron "por narcos".
En Ciudad Juárez, la Fundación Integra atiende un particular grupo de huérfanos: los que están mutilados o discapacitados de manera permanente.
En tres años han atendido a más de 800 personas que de manera directa estuvieron expuestas a algún tipo de violencia, de las que 65 por ciento son menores de edad. Pero tienen una limitación: sólo tratan a quienes tengan familia que se haga responsable en la casa.
¿Y los que no? "Se canalizan al DIF. No podemos hacer más", dijo Laura Antillón, responsable operativa.
Cualquiera que sea su número, los huérfanos pertenecen a una generación rota por la guerra mexicana. Han visto morir a sus padres, son desplazados y discriminados. Pero ninguna autoridad los mira.
El 2 de junio, dos familias regresaban de vacaciones en el puerto de Mazatlán, en el pacífico mexicano, cuando fueron interceptadas por hombres armados en la carretera de Casas Grandes-Ciudad Juárez, de Chihuahua.
Se llevaron a uno de los viajeros, Mario Alberto Iglesias, de 32 años, y su cuerpo sin cabeza apareció horas después en un paraje cercano. Su esposa, María de Jesús Magallanes, quedó agonizante y murió días después en el hospital.
Una serie de fotografías, no publicadas en la prensa local, muestra a los hijos de la pareja -un niño de cinco años y una niña de tres- viendo a la madre desangrarse. En otra imagen, la que acompaña a este artículo, el pequeño permanece en la escena del crimen con la ropa manchada de sangre, en medio de militares armados, sin que nadie le ponga atención.
"Es la orfandad total. Nadie los ve, nadie los oye, ¿qué tipo de realidad están construyendo?", resumió Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.
* La trabajadora en la guardería y algunos niños y familiares no se identifican, o se hace parcialmente, a pedido de las fuentes.
