Organizaciones de familiares y afectados por la violencia política en Ayacucho, la región surandina epicentro de la lucha contra la insurgencia entre 1980 y 2000 en Perú, rechazan que el gobierno de Alan García ponga condiciones para comenzar a pagar las reparaciones individuales.
"Mientras el gobierno tarda en cumplir con la ley, nuestras socias más ancianas de Anfasep han comenzado a morir sin haber recibido un solo centavo de lo que les corresponde", señaló García, cuyo esposo, Zósimo Tenorio, permanece desaparecido desde el 1 de diciembre de 1983, cuando un comando del Ejército lo secuestró en su casa.
"Desde que yo asumí la presidencia de la organización, en 2009, hasta hoy han muerto 10 compañeras", detalló. Es que casi 10.000 de las personas registradas para obtener el beneficio ya superaron los 60 años de edad.
El gubernamental Consejo de Reparaciones, a cargo del Registro Único de Víctimas (RUV), tiene 76.000 personas acreditadas para recibir reparación. En Ayacucho, donde el maoísta Sendero Luminoso lanzó la guerra de guerrillas en mayo de 1980, viven 35,5 por ciento de los afectados directos y 42,7 por ciento de las familias que perdieron a algún miembro en el conflicto.
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Un estudio divulgado en febrero por la especialista Vicky Rojas sobre las condiciones de vida de los 520 miembros de Anfasep indica que 83 por ciento supera ya los 55 años de edad, 64 por ciento de las mujeres pertenecen a familias desintegradas y 67 por ciento no ha recibido atención psicológica para superar las secuelas de la violencia.
Más de 800 de estos afectados por la violencia política de 14 de las 25 regiones del país llegaron este mes a Lima para demandar al gobierno el cumplimiento de la ley que creó el Plan Integral de Reparaciones, promulgada en julio de 2005 por el entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
El primer ministro Javier Velásquez, luego de una reunión con los dirigentes de organizaciones de familiares de las víctimas, anunció el 18 de este mes la constitución de una comisión técnica para definir los montos y el procedimiento de pago de las reparaciones. Adelantó, además, que a partir de 2011 se comenzará a abonar con un fondo previsto de 7,1 millones de dólares.
Pero al día siguiente el presidente García dio a conocer un decreto que cambia el reglamento del Plan Integral de Reparaciones, lo cual generó la preocupación de los beneficiados.
Es que García señaló allí que el pago de las reparaciones se iniciará cuando se cierre definitivamente el registro, pero no define una fecha, y que se hará siempre y cuando existan fondos públicos para ese fin.
"Esas modificaciones son obstáculos para cumplir en el más corto tiempo el pago", explicó a IPS Filemón Salvatierra, presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (Coravip), que aglutina a 87 agrupaciones de afectados por la violencia política.
Salvatierra, que estuvo en la reunión con Velásquez, agregó que "el gobierno olvida que la mayor parte de los familiares de las víctimas son campesinos, analfabetos, quechuahablantes, personas que viven en la extrema pobreza y desconocen sus derechos".
LA LARGA MARCHA
Angélica Mendoza es una de las tantas que luchan por la verdad y reparación desde 1983, cuando su hijo, Arquímedes Ascarza, fue secuestrado de madrugada de su casa por el ejército. Intentó oponerse, pero lo único que logró es que la golpearan.
Desde entonces, Mendoza recorrió comisarías y puestos militares donde le negaron que Ascarza estuviera preso. Sin embargo, desde el cuartel Los Cabitos le llegó de modo clandestino un trozo de papel firmado por su hijo el 15 de julio de 1983 que decía: "Mamá, por favor, consigue un abogado y busca el modo posible de que me pasen al juzgado porque mi situación es muy complicada".
Desde esa fecha, Mendoza, que hoy tiene 80 años, nunca más supo de su hijo. El mismo año de la desaparición fue parte del grupo de madres que fundaron la Anfasep, en cuyo local en Huamanga, localidad de Ayacucho, se ha construido un Museo de la Memoria, donde se exhibe la carta de Ascarza.
"El 18 de octubre del 2005, cuando Alan García era candidato a la Presidencia, me mandó a llamar y me prometió que se castigaría a los militares responsables de los crímenes y que se pagaría reparaciones individuales a los familiares, pero hasta ahora nadie ha recibido nada", relató a IPS Mendoza.
El 3 de abril de 1983, una columna senderista incursionó en la comunidad de Incarajay, en la provincia de Cangallo, en Ayacucho, y mató a varios personas, entre otras a los esposos Víctor Roca y Julia Sulca. También secuestraron a su hija de sólo dos años, Elinda.
El otro hijo de ese matrimonio, Daniel Roca, hoy es el presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política (Conavip) y permanece en Lima para asegurarse que finalmente se instale la prometida comisión técnica que dará la pauta para el pago de las reparaciones individuales.
"El gobierno quiere comenzar a pagar las reparaciones cuando se cierre el RUV, pero, ¿si más adelante se descubre la identidad de nuevos afectados, qué será de ellos?, se pregunta.
"El RUV debe permanecer abierto", manifestó Roca. "Además, se ha dado un plazo de 180 días para que la comisión técnica presente un informe. Es demasiado tiempo", apuntó.
Roca también llamó la atención sobre el monto que se pagaría, que no llegaría a 100 dólares por beneficiado.
