En 30 de los 32 estados de México las leyes penalizan la transmisión de enfermedades infecciosas, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que discrimina a sus portadores y no frena la epidemia del sida, alertaron expertos.
El Código Penal Federal tipifica la infección como una enfermedad venérea o incurable y establece una pena de hasta cinco años de cárcel, lo que se traslada en la misma manea genérica a las leyes de 28 estados, que incluyen además penas de multas y trabajos comunitarios.
En otros dos estados, el suroccidental Guerrero y nororiental Tamaulipas, se tipifica en forma explícita la transmisión del VIH. En cambio, los estados centrales de Aguascalientes y San Luis de Potosí son los únicos que no consideran delito la transmisión de enfermedades infecciosas.
En Guerrero, el artículo 195 de su código penal castiga con prisión de tres meses a cinco años y multas de 20 a 100 días de salario a quien "sabiendo que padece enfermedades de transmisión sexual en período infectante, incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenga cópula con una persona que ignore su condición".
En Tamaulipas, el artículo 203 precisa el delito en forma similar pero la sanción es de seis meses a seis años de cárcel y las multas se reducen a la mitad.
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"Es un tema alarmante, no debería penalizarse. Es una práctica discriminatoria que se presta para seguir justificando cosas como la homofobia", dijo a IPS José Aguilar, coordinador nacional de la no gubernamental Red Democracia y Sexualidad, enfocada en la educación sexual y la promoción de los derechos sexuales.
Hasta ahora, las legislaciones en los 30 estados no se han aplicado contra portadores de VIH, por lo que tampoco se han promovido iniciativas contra ellas.
"Ésta ha sido una respuesta que intentaba frenar la epidemia; sin embargo, está claro que este tipo de delitos criminalizan a las personas que viven con VIH. Además, violan una serie de derechos, a la intimidad y a la libertad sexual", apuntó a IPS Mario Juárez, del gubernamental Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En México hay más de 200.000 portadores de VIH, el segundo país latinoamericano después de Brasil con mayor cantidad de contagios y con una tasa de infección de 0,4 por ciento. En América Latina hay más de dos millones de infectados.
El debate en torno a esta tipificación penal de la transmisión del VIH forma parte del programa de la XVIII Conferencia Mundial sobre el Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que se celebrará en la capital de Austria entre el 18 y el 23 de julio.
Ya durante la conferencia precedente, realizada en Ciudad de México en agosto de 2008, El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestaron su preocupación sobre el avance de la penalización de la transmisión del virus.
Además, el tema formó parte de la agenda del XI Congreso Nacional sobre Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, realizado en noviembre en el sureño estado de Chiapas.
El informe mexicano del bienio 2008-2009 sobre el cumplimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH y el Sida, aprobada en 2001 durante el Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (conocida como UNGASS por sus siglas en inglés), no menciona estas leyes discriminatorias ni su impacto.
"Es importante que haya medidas de prevención, campañas de educación, que se vaya creando una cultura del respeto. Siempre la sociedad civil tiene que cargar con este tipo de planteamientos y luchar siempre en contra de la corriente", planteó Aguilar.
En 2007, Onusida y el PNUD respaldaron la publicación del documento "Diez razones para oponerse a la penalización de la transmisión del o exposición al VIH", elaborado por una coalición de organizaciones cuyo trabajo versa sobre el padecimiento, los derechos humanos y el género.
"La presión por aplicar las leyes penales a la exposición al VIH y su transmisión viene muchas veces por el deseo de responder a una preocupación importante generada por la rápida propagación del VIH en muchos países, conjuntamente con la percepción que los actuales esfuerzos de prevención del VIH han fracasado", cita ese documento.
Ese decálogo se refiere a la ineficacia y el perfil discriminatorio y estigmatizante de dichas leyes, así como al hecho de que coloca a las mujeres en "mayor peligro y opresión".
En 1995, en México había 6,6 hombres por cada mujer portadora del virus, una proporción que cayó a 5,1 por cada una al año siguiente. En 2008, eran 3,6 varones los infectados por cada mujer y el año siguiente repunto a cuatro por cada una.
Entre 1995 y 2009 se registraron en esta nación latinoamericana 640 asesinatos vinculados con la homofobia, de los cuales 143 ocurrieron en ciudad de México, según datos de la estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
"Es una cuestión que simplemente no se ha señalado de forma tajante y, por lo tanto, el Estado no ha reaccionado. Es un tema que las organizaciones deben difundir", dijo Juárez, en relación con la existencia de esas leyes y sus posibles consecuencias.
Pero hasta ahora no hay iniciativas legislativas para eliminar la tipificación en el Código Penal Federal y las leyes estaduales.
El Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis aprobó un proyecto para México por 70 millones de dólares para atender a la población más vulnerable ante el VIH, como los homosexuales y bisexuales y transexuales, las trabajadoras sexuales y los usuarios de drogas ilegales inyectables.
El Fondo, una asociación público-privada con su sede central en la ciudad suiza de Ginebra, reúne a donantes internacionales, gobiernos del Grupo de los Ocho países más industriales y organizaciones no gubernamentales para combatir las tres enfermedades de origen infeccioso.
