Las conversaciones de la jerarquía católica de Cuba con el gobierno de Raúl Castro comenzaron a dar resultado en cuanto a la mejoría de la situación de algunos presos, en un proceso que se espera alivie tensiones en materia de derechos humanos.
El Arzobispado de La Habana confirmó el traslado de seis reclusos a cárceles de provincias donde residían antes de ser detenidos, a fin de acercarlos a sus familiares. El grupo figura entre los 75 opositores condenados en 2003 a severas penas bajo cargo de conspirar con Washington con fines subversivos.
La nota distribuida a medios extranjeros de prensa por el vocero del Arzobispado, Orlando Márquez, indica que los reubicados de prisión son Félix Navarro Rodríguez, José Luis García Paneque, Iván Adolfo Hernández Carrillo, Diosdado González Marrero, Arnaldo Ramos Lauzurique y Antonio Díaz Sánchez.
Medios diplomáticos consultados por IPS reaccionaron favorablemente a este primer resultado del diálogo iniciado a mediados de mayo entre el cardenal Jaime Ortega y el presidente Castro para aliviar la situación de los presos y la eventual excarcelación de, por lo menos, aquellos que se encuentran enfermos.
"Es importante que se haya dado este primer paso con los presos. La mayoría de los diplomáticos de la Unión Europea (UE) mira con gran interés y valoramos positivamente el proceso abierto con las conversaciones de la Iglesia Católica y las autoridades", comentó una fuente.
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Otro diplomático europeo consideró ante la pregunta de IPS que los "traslados representan un buen paso en el camino hacia la liberación de todos los presos políticos en Cuba, lo cual esperamos que se realice pronto".
Sin embargo, otra fuente recordó que en las pláticas no se precisaron plazos, ni se habló de obligaciones concretas.
Tras su reunión el miércoles 19 de mayo de más de cuatro horas con Castro, el propio Ortega aclaró ante periodistas que no se está "hablando de compromisos", sino que se trata de "conversaciones con el gobierno que tuvieron un magnífico inicio (…) y que deben continuar en los próximos tiempos".
"La Iglesia está interesada en que se produzca un alivio de la situación de los presos, lo que puede incluir liberación de algunos. De esto es de lo que se está hablando, evidentemente", añadió. En la conversación participó también el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García.
Con 68 años, Ramos Lauzurique, sentenciado a 18 años de cárcel y trasladado desde Sancti Spiritus a La Habana, es uno de los presos que se encuentran enfermos, al igual que Díaz Sánchez y García Paneque, comentó a IPS Berta Soler, integrante de las Damas de Blanco, como se hace llamar el grupo integrado por familiares de los disidentes encarcelados.
"Estos traslados son pasos positivos, de avance. Abren las puertas para que continué este proceso", añadió Soler, esposa de Angel Moya Acosta, condenado a 20 años, y una de las principales fundadoras de las Damas de Blanco.
Por mediación del cardenal cesaron los llamados mitines de repudio con que partidarios del gobierno estuvieron interrumpiendo en abril pasado las caminatas de las Damas de Blanco por distintos puntos de La Habana. Las mujeres acuden cada domingo a misa en la iglesia capitalina de Santa Rita.
Las autoridades cubanas acusan a todos los opositores de ser "mercenarios" al servicio de Estados Unidos, que, aseguran, dedica fuertes sumas de su presupuesto a financiar la "subversión interna en Cuba". Bajo ese prisma fueron arrestados y enjuiciados sumariamente los 75 disidentes entre marzo y abril de 2003.
Esos arrestos se efectuaron en un clima de extrema tensión con el gobierno estadounidense de entonces de George W. Bush (2001-2009) y varios intentos de secuestro de embarcaciones áreas y marítimas para emigrar hacia ese vecino país del norte, uno de los cuales desembocó en la aplicación de la pena de muerte contra tres autores de esos delitos.
El caso desencadenó una reacción adversa de la UE, que protestó especialmente por los encarcelamientos y la severidad de las condenas, que fueron de seis a 28 años de prisión, y endureció su política hacia Cuba con una serie de medidas diplomáticas que incluyeron la invitación en masa de disidentes a sus fiestas nacionales en las embajadas acreditadas.
Ese público reconocimiento de la disidencia interna irritó especialmente a La Habana, que rebajó al mínimo las relaciones con el bloque europeo y dejó virtualmente sin nada que hacer a los diplomáticos de esa región acreditados en la isla. La crisis comenzó a ceder hacia 2005, hasta que en 2008 se abrió nuevamente el diálogo político entre ambas partes.
En la actualidad, España intenta desde la presidencia de turno de la UE, que termina en junio, romper el último escollo para la normalización plena mediante el cese de la llamada posición común, que desde 1996 marca la política de la UE hacia Cuba e intenta fomentar el cambio de sistema en este país caribeño.
Pero los esfuerzos de Madrid coincidieron con la muerte el 23 de febrero de Orlando Zapata Tamayo, tras una huelga de hambre de 85 días en busca de que se le reconociera como "preso de conciencia", entre otras peticiones consideradas inadmisibles por las autoridades.
El fallecimiento de Zapata Tamayo se convirtió en centro de una ola internacional de acusaciones contra Cuba y reavivó sensibilidades por la situación de los derechos humanos, en lo que La Habana ha descrito como "campaña mediática" liderada por Washington y Bruselas.
Luego fue el también opositor Guillermo Fariñas quien se mantiene en ayuno total para exigir la libertad de los presos políticos en Cuba.
