El candidato presidencial colombiano Antanas Mockus expresó su horror por los llamados «falsos positivos», modalidad de ejecución extrajudicial cometida por miembros de la fuerza pública para obtener premios y días libres en la guerra contrainsurgente de este país sudamericano.
Se trata de una "manifestación extrema de la cultura del atajo, de la cultura del todo vale", sentenció Mockus en un encuentro con la prensa extranjera el miércoles 26.
La práctica se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe, en el poder desde 2002, y tuvo su pico mientras el Ministerio de Defensa estuvo en manos del ahora candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos, desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.
La Fiscalía General investiga 2.077 homicidios agravados presuntamente cometidos por la fuerza pública. De ellos, identificó 274 falsos positivos en 2006 y 505 en 2007. En 2008, comenzó el descenso, con 156, y en 2009 hubo al menos siete casos con 16 víctimas.
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El Banco de Datos del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) tiene documentados 501 casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos, con 1.113 víctimas entre 2001 y 2009, pero advierte que sus investigaciones no cubren todo el país.
Santos es el principal contendor de Mockus, según las encuestas, cuyos pronósticos indican que habrá segunda vuelta entre ambos el 20 de junio, pues ninguno alcanzará más de la mitad de los votos necesarios para consagrarse presidente en los comicios de este domingo 30.
"Estoy seguro de que ni el presidente (Uribe), ni el ministro (Santos) son determinadores de los falsos positivos", dijo Mockus.
El antecesor de Santos en la cartera de Defensa y luego embajador en la Organización de los Estados Americanos, Camilo Ospina, fue quien expidió, en noviembre de 2005, una directiva secreta que ofrecía incentivos para los éxitos militares, recordó Mockus.
El candidato comparó esa directiva con otra, vigente para el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, que terminó produciendo la matanza de My Lai, en marzo de 1968, cuando tropas estadounidenses asesinaron al menos a 350 habitantes de esa aldea del sur vietnamita.
El candidato, matemático y filósofo, consideró que "lo trágico" es que "sistemas de incentivos enloquecen a los actores".
"¿Se cura la tragedia juzgando a estas dos personas?", inquirió Mockus en referencia a Uribe y Santos. Lo que se puede juzgar es "el eventual nivel de negligencia en detectar y corregir", agregó.
"No les veo responsabilidad penal, les veo responsabilidad moral, si se quiere política", puntualizó.
Santos sostiene firmemente que, siendo ministro y junto con el presidente Uribe, "denunciamos el problema; tomamos la decisión que había que tomar, con transparencia frente al país" y definieron en total 15 medidas que "fueron efectivas" para contrarrestarlo.
En noviembre de 2007, Santos expidió una nueva directiva que premiaba las capturas y la desmovilización de combatientes.
Si la norma había sido condecorar a los oficiales que menos bajas propias tuvieran, y más del "enemigo", desde entonces pesaron más la disminución del secuestro y del homicidio en la jurisdicción respectiva.
"Las denuncias sobre falsos positivos se redujeron drásticamente desde noviembre de 2008", remarca el candidato Santos en cada ocasión que se le ha planteado el asunto en esta campaña, "más de 100 veces", dice.
Pero fue apenas en octubre de 2008 cuando el gobierno destituyó a 27 oficiales, durante una sorpresiva visita a Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Las destituciones "¿fueron una respuesta cuando se dieron cuenta? ¿O cuando se dieron cuenta de que el mundo se había dado cuenta?", planteó Mockus.
La justicia colombiana tendría que fracasar en su intento de esclarecer esos hechos, "para que hubiera competencia del sistema internacional", advirtió.
La impunidad es lo que temen 16 familias de víctimas de falsos positivos en la ciudad de Soacha, pegada al sur de Bogotá. En la última semana fueron excarcelados 39 militares implicados en esos crímenes. Aún están presos 25, incluyendo coroneles y mayores.
La estrategia de la defensa de los militares es dilatar los juicios y obtener la libertad de los implicados por vencimiento de plazos, al tiempo que la justicia militar forcejea por hacerse cargo de los procesos.
Madres y viudas están amenazadas. El hermano de una víctima fue asesinado, igual que un suboficial que denunció una ejecución. Por eso, las Madres de Soacha, como ya se las conoce, dirigieron el lunes 24 una carta a Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
"En estos dos años han operado una serie de mecanismos de impunidad de hecho, jurídicos, políticos y otros, que han socavado las posibilidades de conocer una verdad real, de que haya justicia y de una reparación integral", señala la carta y pide la intervención de la CPI.
El abogado y periodista Felipe Zuleta, autor del documental "La pobreza, un crimen que se paga con la muerte", pidió en enero a la Fiscalía que investigara a Uribe y a Santos por connivencia, es decir "la negligencia de los funcionarios del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad", detalló ante una pregunta de IPS.
Frente a la defensa del ex ministro, Zuleta consideró que ésta "es la plena prueba". El hecho de que los falsos positivos hayan disminuido hasta casi desaparecer a partir de que "el gobierno se enteró", según la tesis de Zuleta, "quiere decir que era un delito controlado".
"Delito controlado es aquel en el que usted da la orden y se detiene. Delito no controlado es aquel en el que el Estado, a pesar de sus esfuerzos, no puede hacer nada para detenerlo", puntualizó.
A las Madres de Soacha las indigna que Santos sea candidato presidencial. "No porque él apretó el gatillo", aclaran, "porque él era el jefe de las Fuerzas Armadas" y "tiene que asumir responsabilidad".
