Los periodistas y defensores de derechos humanos de México buscan desesperadamente la instalación de un mecanismo de protección ante los ataques por su labor, pero esa respuesta demora en llegar. El modelo colombiano se ofrece como respuesta.
En lo que va de este año, tres informadores fueron asesinados, y sus crímenes envueltos en la impunidad presagian otro periodo complicado para la prensa mexicana.
Mientras, los activistas de derechos humanos se enfrentan a acosos, persecución penal y asesinatos, situación constatada por informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entes no gubernamentales.
"México vive lo que Colombia vivió en los años 80 y 90, cuando existía una guerra sistemática contra algunos grupos, como los periodistas. Es un tema que requiere de voluntad política", dijo a IPS el director de la no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, Andrés Morales.
Antes que en México, el narcotráfico se constituyó en Colombia en un gran eje de la violencia y —junto con la guerrilla— en la razón de la voluminosa ayuda militar que le presta Estados Unidos.
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En las dos naciones latinoamericanas, los ejércitos actúan en tareas tradicionalmente asignadas a la policía.
El colombiano Morales, también miembro del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), que examina las amenazas a grupos vulnerables, participa en un encuentro de dos días —que concluirá este viernes en la capital mexicana—, dedicado a presentar la experiencia de Colombia y a discutir el diseño de un programa de protección para periodistas y promotores de derechos humanos en este país.
El CRER surgió en 2002, luego del asesinato del dirigente sindical Jorge Ortega y del abogado y activista Eduardo Umaña en 1998.
"El programa surgió porque el Estado no protegía a las personas. Hay compromisos internacionales que los Estados no han asimilado para su aplicación", declaró este jueves en la primera jornada del foro Luis Novoa, consultor de la representación colombiana de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Novoa también fue miembro del Programa de Protección en Colombia, adscrito al Comité.
Inicialmente, el CRER cubría a dirigentes laborales y defensores de derechos humanos. Actualmente abarca 16 categorías, entre ellas una de comunicadores.
En 2009 protegió a 11.179 personas, de las cuales 1.400 eran defensores de derechos humanos y 171 periodistas.
Colombia vive un conflicto interno entre guerrillas de izquierda, alzadas en armas en 1964, la fuerza pública y grupos paramilitares de ultraderecha.
El año pasado fueron asesinados 13 informadores en México, en la peor racha para este gremio, que ha convertido a esta nación norteamericana en el sitio más peligroso para el ejercicio de la profesión en América Latina, por encima de Colombia.
Desde 2000, fueron ejecutados 60 profesionales de la comunicación y al menos nueve más están desaparecidos.
En su informe anual "Entre la violencia y la indiferencia", presentado el miércoles, las organizaciones Article 19, con sede en Londres, y Centro Nacional de Comunicación Social identifican 244 ataques contra trabajadores de medios de comunicación, de los cuales casi 66 por ciento provinieron de policías, legisladores y autoridades municipales y estatales.
Esto pone en tela de juicio el supuesto de que las bandas del crimen organizado están detrás de las agresiones.
Entre los hechos violentos, ambas organizaciones no gubernamentales citaron empujones, despidos injustificados y tiroteos. El crimen más reciente fue la ejecución, a finales de enero, del director y editor de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa, Jorge Ochoa, en el sureño estado de Guerrero.
Asimismo, la integrante del Frente Nacional contra la Represión, Josefina Reyes, fue ultimada el 3 de enero en una localidad del norteño estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. La activista había denunciado la desaparición de su hijo a manos de un grupo de soldados, después de haber sido sindicado como narcotraficante.
En 2009 se registraron en México 8.000 muertes violentas vinculadas al tráfico de drogas, según el reporte anual de la estatal, pero independiente, Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El estado de ambos bandos "es un termómetro de la situación que guardan los derechos humanos", sostuvo el representante en México de la oficina de la Alta Comisionada, el italiano Alberto Brunori, en la apertura del encuentro.
Ese organismo de la ONU recomendó al gobierno mexicano la instauración de un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, con el fin de alejarlos de los riesgos.
En un reporte divulgado en octubre, esa agencia especializada contabilizó, entre enero de 2006 y agosto de 2009, 128 casos de agresiones a defensores, 10 de las cuales terminaron en asesinatos, y 54 denuncias de ataques en todo el país.
Las amenazas representaron 27 por ciento del total de casos, la persecución penal de los promotores de derechos humanos 20 por ciento, el hostigamiento 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, 10 por ciento.
En Colombia, el CRER está integrado por siete representantes permanentes de instancias oficiales y de delegados de los grupos objetivo, como la Fundación para la Libertad de Prensa.
Cuando reciben una denuncia, proceden a investigarla y, de confirmarse, adoptan medidas de protección, como asignación de escoltas o de vehículos blindados, apoyo financiero o el traslado de la víctima a otro lugar.
Si es un caso urgente, se actúa primero y luego se realiza la pesquisa. Pero todo el proceso no es lo suficientemente expedito, como lo reconoció Morales, ya que una acción puede demorar semanas.
La aplicación del esquema ha dado resultados positivos, al tenor de las estadísticas. En 2000 fueron asesinados 12 periodistas a causa de su trabajo, mientras que el año pasado se reportó un asesinato. Otros cinco reporteros fueron ejecutados sin vínculo aparente con su labor.
"El programa tiene fallas, pero es mucho mejor tener un programa a no tenerlo", razonó Morales.
El CRER recibió en 2009 un presupuesto de unos 56 millones de dólares, mientras que la cuenta para este año es de 57 millones.
"Los retos son optimizar los recursos de seguridad, monitorear y controlar las medidas y un mayor rigor en la aplicación del programa, para evitar que se desborde", manifestó el director de Derechos Humanos del Ministerio colombiano de Interior y Justicia, Rafael Bustamante, invitado también al encuentro.
Pero el plan gubernamental sufrió un duro golpe en 2009 cuando trascendió el espionaje con fines de sabotaje a periodistas, dirigentes de oposición, magistrados y funcionarios a cargo de la agencia oficial de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), uno de los órganos estatales que integran el Comité de Protección.
Documentos en poder de la Fiscalía General colombiana (ente investigador y acusador) muestran que los propios escoltas del DAS asignados para la seguridad de opositores amenazados se encargaban de espiarlos y reportaban en detalle sobre sus actividades y vida íntima, con el fin de obstaculizar su labor.
