Detrás de la expansión arrolladora de los últimos años de la agricultura y la forestación en Uruguay aparecen evidencias incontrastables del uso indiscriminado de químicos, con el consecuente deterioro ambiental y el riesgo de contaminación en alimentos y el agua.
Macario, un joven peón rural de la zona de Isla de Zapata, ubicada 30 kilómetros al este de la nororiental ciudad de Melo, comentó a IPS que en los últimos meses le ha llamado la atención encontrar grandes cantidades de mulitas (armadillos), tortugas, pájaros y peces muertos, para lo cual admite no tener explicación.
La explicación para la inquietud de Macario viene de la mano del meteorólogo y especialista en gestión ambiental Juan Carlos Corona, quien atribuye esta situación y otras al uso sin control de agrotóxicos. En Uruguay han sido habilitados unos 300 herbicidas, muchos de ellos cancerígenos.
Entrevistado por IPS, el técnico no descartó la vinculación también con los altos índices de mortalidad por cáncer que presenta Uruguay, la segunda causa después de las enfermedades cardíacas, con la aplicación de productos químicos y la exposición ante los mismos.
Corona recordó que el glifosato es el herbicida más utilizado en el país, con 5.000 toneladas importadas en 2008, pero también mencionó los fungicidas mancozeb, kresoxín y epoxiconazol, todos productos con características cancerígenas.
Ampliamente usado en cultivos de soja, el glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, fabricado por la corporación estadounidense Monsanto, que desarrolló las semillas de soja genéticamente modificadas para resistir altas dosis de ese producto que combate las malezas y toda otra especie verde que no sea esa variedad genéticamente modificada.
Según el ambientalista, en 2008 se aplicaron más de 6.000 toneladas de químicos en cultivos de arroz, soja, maíz, sorgo, caña de azúcar, girasol, tomate, cebolla, remolacha, acelga, poroto (fríjol), lechuga, papa, vides, manzana, frutilla y otros.
Corona se pregunta, ¿puede existir una relación entre la utilización de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas con los índices de mortalidad por enfermedades oncológicas que presenta Uruguay?
Recordó que tiempo atrás un avión que fumigaba en la zona de Guichón, en el oeste de Uruguay, al sufrir una avería tuvo que verter la carga que transportaba sobre un campo ganadero. La consecuencia fue que en un día murieron 50 terneros de más de 250 kilogramos cada uno, a raíz de la contaminación de las aguas y el suelo del predio.
Un estudio de la brasileña Universidad Unicamp considera que "está más que comprobado que la mayoría de los agricultores de ese país y de regiones vecinas como Uruguay desconocen los efectos nocivos de los agrotóxicos, no usa equipos de protección adecuados y no se les proporciona asistencia técnica".
Por su parte, el investigador Sergio Koiffmann, de la también brasileña Fundación Oswaldo Cruz, sostiene que entre las consecuencias generadas para la salud humana por los agrotóxicos se encuentran la infertilidad y el cáncer.
Al resumir las consecuencias que podría estar originando el uso indiscriminado y sin control de estos químicos, Corona puso en duda la condición de "Uruguay, país natural", eslogan con el cual se promociona en el mundo la oferta turística y de alimentos varios, principales componentes de la economía de esta pequeña nación con 3,3 millones de habitantes.
La proliferación del uso de agrotóxicos está asociada directamente al notable desarrollo agrícola de Uruguay. El impacto de la forestación con fines industriales en este país, de 176.000 kilómetros cuadrados, es de tal importancia que pasó de 100.000 hectáreas plantadas en 1987, cuando se aprobó una ley de promoción, a casi un millón en la actualidad y aún quedan 2,2 millones habilitadas para ese cultivo.
El salto cualitativo y cuantitativo para esta actividad fue la instalación en 2006 en la oriental ciudad de Fray Bentos de la planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia, motivo de controversia con Argentina por razones ambientales.
Con las promesas de nuevas inversiones extranjeras multimillonarias, este sector puja por alcanzar el primer lugar en la economía agroexportadora uruguaya que ostenta desde lejanos tiempo la ganadería (carnes y lácteos), seguida en tiempos más cercanos por el arroz y la soja desde hace un lustro.
La superficie sembrada con arroz en la zafra 2008-2009 fue de 160.000 hectáreas, un sector de grandes inversiones brasileñas, y la de soja superó las 600.000 hectáreas, gracias a la llegada de capitales argentinos, según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
LA FRONTERA EN ALERTA
El nororiental departamento de Cerro Largo, cuya capital es Melo, viene cambiado radicalmente su cultura productiva, con el desplazamiento a un segundo plano de su centenaria economía ganadera extensiva.
Las condiciones naturales de los suelos y su situación geográfica privilegiada, en la frontera con Brasil, han seducido a productores extranjeros y grandes grupos económicos.
La inusitada demanda ha elevado el valor de la tierra y las tentadoras ofertas empujan a productores de pequeña y mediana escala, con explotaciones familiares y tradicionales, a abandonar la campaña y trasladarse a las periferias de las ciudades, provocando un nuevo fenómeno social que también genera preocupación.
Para lograr la máxima rentabilidad en sus emprendimientos agrícolas, los nuevos ocupantes de las fértiles tierras del departamento parecen no medir consecuencias ambientales.
En los últimos años se han presentado múltiples denuncias y testimonios sobre la muerte de peces, aves y otra amplia gama de especies de la fauna autóctona, que sería provocada por la aplicación de agrotóxicos y productos químicos en diversos cultivos.
El productor Florencio Lezica, de la zona de Campamento, en el sudeste de Cerro Largo denunció el 12 de septiembre de 2008 ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) la contaminación de un curso de agua en su establecimiento.
Pidió la intervención de inspectores a efectos de realizar los análisis pertinentes, los cuales no habrían arrojado resultados positivos.
Sin embargo, Lezica cuestionó el lugar de extracción de la citada muestra y sostuvo que la aplicación de herbicidas e insecticidas por parte de una empresa forestadora en plantaciones de eucaliptos (Eucaliptus grandis y Eucaliptus globulus) que lindan con su campo, vendría causando un enorme daño al ecosistema.
"Mientras ellos protegen sus árboles, mueren miles de animales por día al tomar agua de cañadas y arroyos o al comer insectos contaminados", dijo Lezica a IPS. También narró que un perro de su propiedad murió en 2008 luego de beber agua de una cañada, ocurriendo masivamente lo mismo con mulitas, aves, peces y otras especies de la zona.
Ante lo que calificó de "delicada situación", Lezica aportó el testimonio de otros vecinos cuyos animales también habrían sido afectados.
Para verificar el problema extrajo personalmente una muestra del agua presuntamente contaminada, la que fue enviada al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), donde se habría comprobado su alta letalidad.
El resultado del análisis del LATU, la entidad estatal encargada del control de calidad de todos los productos comercializados en el país, fue elevado el 22 de septiembre de 2008 a la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En otras zonas rurales de Cerro Largo también surgen testimonios sobre la muerte masiva de muchas especies, particularmente de peces, en arroyos y cañadas cuyos cauces tienen contacto con cultivos de arroz, soja y plantaciones forestales. También es visible el deterioro de la calidad del agua, la que presenta una inexplicable capa viscosa.
