China es ya el segundo socio comercial de Perú, en un vínculo concentrado en la minería y el petróleo y que despierta recelos en esta nación andina, porque el gigante asiático se ha ganado fama de no respetar los estándares ambientales y los derechos laborales.
China aporta 40 por ciento de todas las inversiones que recibe América Latina, mientras que la región es una fuente importante de productos básicos que requiere su voraz crecimiento.
Se trata de una interdependencia, que en el caso de Perú los analistas consideran que hay que modificar en sus bases para convertir a la nueva potencia global en un auténtico socio, que contribuya realmente a su desarrollo.
"El vínculo económico de América Latina, en particular de Perú con China, nos plantea el reto de superar el rol de exportadores de materia prima y asegurar que el país asiático se comporte como un socio comercial leal para que invierta en responsabilidad social y medioambiental", aseguró a IPS el economista peruano Víctor Torres.
La politóloga estadounidense Cynthia Sanborn y Torres son autores del libro "La Economía China y las Industrias Extractivas: desafíos para el Perú", en el que detallan que la creciente inversión de Beijing en este país se concentra en la industria extractiva.
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Detallan que el "desembarco" chino en el país requiere de un esfuerzo nacional para analizar las prioridades del desarrollo en Perú y reorientar adecuadamente estas actividades, en beneficio de la mayoría de la población y con el respeto a derechos fundamentales.
China es el principal productor en el mundo de minerales como aluminio, antimonio, hierro en lingotes, acero, zinc, plomo, entre otros. Además, la minería genera 92 por ciento de la energía primaria, 80 por ciento de la producción de materias primas industriales y de 70 por ciento de los medios de producción agrícola en la potencia asiática.
En Perú, 99,98 por ciento de las inversiones chinas se concentran en el sector minero. Y entre la veintena de programas mineros más importantes para el gobierno peruano, aparecen los principales proyectos de capital chino como Toromocho, en la región central-andina de Junín y Río Blanco, en el norteño departamento de Piura.
América Latina se ha convertido en principal destino fuera de Asia para las inversiones directas de China. Su gobierno tiene especial interés en los desarrollos del cobre de Chile y Perú, el hierro y el acero de Brasil y Perú, el gas y el petróleo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, el estaño de Bolivia; y el níquel de Cuba.
A diferencia de otros países, en China todas las empresas están vinculadas al Estado y al partido comunista que dirige el país, por lo que sus inversiones responden a una visión estratégica del país a nivel económico y político, y a mediano y largo plazo, aseguran los autores del libro sobre el contexto de las relaciones bilaterales.
Cada paso de los inversionistas chinos está relacionado a sus intereses nacionales y, a su vez, el Estado opera en función a los intereses de sus compañías.
En el caso del Perú, hay dos empresas importantes en el sector minero: Chinalco, que tiene a su cargo el proyecto Toromocho, y Zijin Consortium, que administra Río Blanco, como se llama ahora al antiguo y controvertido proyecto Majaz.
En el primer caso se trata de una corporación que pertenece al gobierno central chino con múltiples divisiones y empresas asociadas. En el segundo, los dueños son un consorcio de tres diferentes holding chinos, con participación privada pero regulado por diferentes instancias del Estado chino.
Ambos proyectos son yacimientos de cobre y resultan estratégicos para China debido a que es el país con mayor consumo de este mineral refinado, 21,2 por ciento del total mundial en 2007, seguido de Estados Unidos, Alemania y Japón, según cifras del World Metal Statistics Yearbook (Anuario Estadístico Mundial del Metal), que reseña el libro.
"Para conocer las implicancias de la creciente inversión de China en Perú y América Latina se necesita comprender la naturaleza del poder de ese país", dijo Saborn a IPS, antes de enumerar lo que hay que tomar en cuenta.
"El Estado chino es accionista de gran parte de estas empresas (inversoras) y apoya con dinero de su banca nacional a estas inversiones, es un país que no solo quiere garantizar rentabilidad en sus inversiones sino asegurar a mediano y largo plazo una creciente política exterior y por ello asume un vínculo muy pragmático con los países", apuntó la experta.
A China "no le importa con qué tipo de sistema político cuenta su socio comercial y son pocos transparentes en sus manejos económicos", añadió.
Con esta realidad, ¿existen razones para preocuparse por esta ola de inversión china? La respuesta de Sarborn es que sí. "China tiene problemas para regular lo que hacen sus empresas a la distancia y no existen incentivos para los líderes chinos para tomar una postura de responsabilidad social y ambiental", planteó.
"Muchos acuerdos de inversión se hacen de gobierno a gobierno lo cual es un arma de doble filo porque si bien garantiza interés de los estados en los proyectos, surge la idea de que los problemas sociales y ambientales también se van a resolver por los gobiernos y no necesariamente esto sucede", señaló.
Como ejemplo, Sarborn se refirió al proyecto Río Blanco, que desde 2004 es foco de un enfrentamiento con la población de la zona, contraría a la explotación minera, que dejó como saldo varios muertos, heridos y decenas de líderes campesinos y activistas ambientales denunciados.
Pese a estos antecedentes, los empresarios de Zijin compraron la mayoría de las acciones del proyecto, con la esperanza quizás de que el gobierno de Lima iba a adoptar medidas para mejorar el convulso escenario, lo que no ha sucedido.
Zijin tampoco ha dado pasos importantes para mejorar su relación con las comunidades.
El último hecho de violencia se registró en diciembre en la provincia de Huancabamba, cuando murieron dos campesinos, que resultaron abaleados durante una intervención policial en sus comunidades, según datos del diario La República. La acción policial formaba parte de las indagaciones sobre un ataque previo al campamento minero.
Entre los campesinos existe la sensación de que el gobierno quiere imponer el proyecto por el especial acercamiento Lima-Beijing, expresado en la firma de un tratado de libre comercio, en abril de 2009, que fue presentado como la herramienta para reafirmar a China como el segundo destino de las exportaciones peruanas, por detrás de Estados Unidos.
El acuerdo no incluye "alguna exigencia en materia de estándares ambientales y laborales, lo cual es preocupante si se considera el comportamiento del gobierno chino y sus empresas en esos rubros", señaló Torres.
Uno de los antecedentes que se considera todo un símbolo de las malas prácticas de empresas chinas en Perú es el de Shougang Hierro Perú que opera desde 1992 en el país y que no cumplió con el compromiso de inversión inicial con el Estado.
La firma de capital chino es acusada de derrames de aceites y lubricantes contaminantes, de no respetar las leyes laborales y ni el derecho a la asociación sindical de sus trabajadores.
Como si fuera poco, los pobladores del distrito de San Juan de Marcona, donde opera la empresa, deben pedirle autorización para el uso de agua, saneamiento o energía eléctrica.
A juicio de los dos analistas, los nuevos tiempos exigen que China y sus empresas asuman mecanismos de acceso a la información, pese a la debilidad de la sociedad civil china y de diálogo con las comunidades donde implementan sus proyectos.
"Eso es necesario si el país asiático quiere impulsar su estatus mundial", aseveró Sanborn. También considero que hay que tener en cuenta a pesar de "los antecedentes cuestionables de las empresas chinas en sus operaciones, éstas se encuentran aprendiendo en el camino debido a las exigencias internacionales que no pueden obviar".
