YANGÓN, Myanmar – Aislado y sumido en una guerra interna constante, Myanmar ve cómo se agrava su crisis humanitaria, ya que los retos globales superan con creces la capacidad de respuesta de un régimen militar cada vez más centrado en su propia supervivencia.
La crisis climática, la escalada de los precios de las materias primas provocada por las guerras en Europa y Medio Oriente, además de los recortes mundiales en la ayuda, están afectando duramente a Myanmar.
La incapacidad del régimen para gobernar un país fragmentado y convulso, con casi cuatro millones de desplazados internos, ha quedado plenamente al descubierto desde que tomó el poder hace más de cinco años.
Las inundaciones generalizadas provocadas por las fuertes lluvias monzónicas desde julio han afectado a más de 470 000 personas, según una evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los casos de malaria y dengue han ido en aumento, al igual que los brotes de cólera.
«Todo el mundo pasa hambre y está aislado. Sí, todo el mundo se enfrenta a la escasez de alimentos», afirmó un activista que se hace llamar Bruce, al describir la situación en el municipio de Shwebo, en la región centro-norte de Sagaing, una de las principales zonas de conflicto y centros de transbordo de arroz afectados por las inundaciones.
Las organizaciones de ayuda locales e internacionales luchan por hacer llegar la ayuda a través de las zonas de conflicto, donde el ejército combate a una variedad cambiante de organizaciones armadas étnicas (EAO, en inglés) y grupos de resistencia locales, al tiempo que se apropia de todo lo que puede.
«Las hostilidades armadas, las restricciones de movimiento y los requisitos administrativos siguen bloqueando el acceso, lo que subraya la necesidad de un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos a las comunidades vulnerables», señaló la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) en un boletín de julio.
«Myanmar sigue siendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con más de 16 millones de personas necesitadas, ya que el conflicto, los desplazamientos, los riesgos para la protección y las restricciones de acceso intensifican las necesidades urgentes en todo el país», dijo la Ocha, indicando que, a finales de marzo, los «socios humanitarios» habían logrado llegar a 1,6 millones de personas.
Las inundaciones han disparado los precios de los alimentos, una situación ya agravada por el aumento de los costes del combustible y los fertilizantes provocado por la guerra de Rusia contra Ucrania y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estaados Unidos e Israel.
Todas las partes cobran su precio en Myanmar, señaló Bruce, ya que los camiones de mercancías que se desplazan hacia el norte desde la ciudad de Mandalay —controlada por el régimen— hasta Shwebo tienen que pagar peajes en múltiples puestos de control militares y en los gestionados por otros grupos armados.
Los agricultores del vecino estado de Shan que cultivan arroz y tomates también se enfrentan a «pérdidas devastadoras» y se ven abocados a una pobreza extrema, añadió.
Shwebo ha sufrido cortes de electricidad de hasta 20 días consecutivos. Cuando cae la noche, los residentes no se atreven a salir a la calle por miedo al reclutamiento forzoso por parte del régimen, especialmente en las zonas rurales. Los hogares pagan tributos para evitar el reclutamiento, incluso aquellos en los que solo viven mujeres solteras.
Algunas personas se ven obligadas a una segunda ronda de reclutamiento, ya que el ejército lucha por reponer sus filas, dispersas por todo el país. Según algunas estimaciones, se ha reclutado a más de 100 000 personas.
Por la noche, las autoridades inspeccionan los teléfonos móviles. Si encuentran juegos en línea, pruebas del uso del servicio satelital de internet Starlink o dispositivos de comunicación no autorizados, se lleva inmediatamente a esas personas al servicio militar.
La inflación y la extorsión también se extienden profundamente en las prisiones, según Bruce, un antiguo preso político.
Son frecuentes las enfermedades de la piel como la sarna, y el coste de un medicamento concreto que compran los familiares se ha multiplicado por más de ocho, mientras que incluso los remedios tradicionales, como las hojas de neem (Azadirachta indica), una planta para el cuidado de la piel, se han quintuplicado.
El personal penitenciario y quienes vigilan los puestos de control se quedan incluso con una parte de los aperitivos de cacahuete, lo que encarece los precios que pagan los presos.
El número de personas desplazadas por el conflicto sigue aumentando.
Los combates en la región central de Magway en los últimos meses han afectado a más de 200 000 personas desde mayo, según algunas estimaciones de la ONU. Las personas que huyen del conflicto se trasladan a zonas más seguras, pero las comunidades de acogida tienen una capacidad limitada para acogerlas.
U Than es un agricultor del delta del Ayeyarwady y ya tenía dificultades para llegar a fin de mes incluso antes de que las recientes inundaciones azotaran esta importante región arrocera, destruyendo las cosechas y poniendo en peligro la próxima temporada de siembra.
Afortunadamente, sus tierras se han librado de la destrucción, pero todo el mundo vigila de cerca los diques cercanos.
«La agricultura se ha convertido en un ciclo de pedir préstamos solo para sobrevivir», lamentó, quejándose de que el coste de los fertilizantes se ha quintuplicado y de que el combustible es cada vez más caro y difícil de conseguir.
Añadió que «trabajamos más duro, pedimos más préstamos y gastamos más, pero los ingresos de nuestra cosecha ya no bastan para cubrir el coste de la agricultura ni siquiera nuestros gastos básicos de subsistencia».
Las familias se ven obligadas a recortar sus gastos en sanidad y educación.
Yangón, la mayor ciudad de Myanmar y su centro económico, parece estar algo aislada de los recientes desastres naturales y de la guerra civil en curso.
Pero la inflación está afectando al bolsillo de sus seis millones de habitantes, incluidos los funcionarios municipales y sus familias, que sacan más dinero a los residentes mediante acusaciones falsas o sobornos para eludir el servicio militar obligatorio.
«Los secuaces de la junta están recurriendo a todo tipo de métodos, legales o ilegales, para reclutar gente y, al mismo tiempo, lucrarse en el proceso», declaró a IPS un residente de toda la vida en esta ciudad situada en el extremo sur del país, también conocida como Rangún.
«La vida en Yangón se está transformando en una nueva normalidad, en la que la gente se siente menos segura debido a la generalización de la delincuencia. Hay muchísimos casos de hurtos y robos que no se denuncian o que no se registran en su totalidad», añadió.
Un brote de cólera en el centro de Yangón en agosto, el segundo en dos años, se atribuyó a las malas condiciones higiénicas de los vendedores ambulantes, cuya comida barata resulta aún más atractiva a medida que la inflación se hace sentir.
El régimen respondió cerrando los negocios en seis distritos de la ciudad. También se han registrado brotes en Sittwe, uno de los últimos bastiones del régimen en el estado de Rakhine, así como en zonas afectadas por las inundaciones.
Las noticias de que se han instalado cámaras de seguridad con inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial en un puesto de control de la ciudad de Mandalay han suscitado el temor de que el régimen esté adoptando medidas de vigilancia generalizada, impulsadas por China, su aliado más cercano.
Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe de Estado de 2021, cuando asumió el cargo de comandante en jefe de las fuerzas militares, ha demostrado ser tenaz e intransigente a la hora de dirigir una brutal represalia contra la resistencia popular.
También se ha mostrado lo suficientemente seguro de sí mismo como para cambiar su uniforme de general por un traje de civil en su calidad de presidente tras unas elecciones minuciosamente orquestadas este año.
El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM, en inglés), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó en su informe anual que sus conclusiones «muestran un patrón de ataques aéreos deliberados contra la población civil, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual cometidos por el ejército de Myanmar».
El ejército intensificó sus ataques aéreos y otros crímenes contra la población civil en el período previo a las elecciones, y estos han continuado sin cesar, señaló el IIMM, enumerando los ataques contra viviendas, escuelas, centros médicos, edificios religiosos y campamentos para personas desplazadas internamente.
«Esto subraya la urgente necesidad de exigir responsabilidades a los culpables», afirmó. El IIMM también está investigando presuntas atrocidades cometidas por grupos armados opuestos al ejército.
Por el momento, la rendición de cuentas parece, en el mejor de los casos, una perspectiva lejana.
Desde que Min Aung Hlaing asumió la presidencia como civil en abril, el antiguo general ha sido recibido en visitas oficiales a Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, India, China, Laos, Vietnam y Tailandia.
La administración del estadounidense Donald Trump no le ha tendido la alfombra roja, pero ha suavizado las sanciones contra parte de la élite del régimen y está colaborando en asuntos de especial interés para Washington, como los centros de estafa.
El creciente reconocimiento de facto del régimen en el extranjero supone una amenaza adicional para los esfuerzos de quienes confrontar la dictadura birmana, comenzando por el paralelo Gobierno de Unidad Nacional (NUG) que ejerce su autoridad en las zonas liberadas.
Establecido por los legisladores destituidos en 2021, cuando la líder Aung San Suu Kyi y otros dirigentes destacados fueron encarcelados, el NUG logró cerrar acuerdos en marzo con varias importantes organizaciones armadas étnicas, las EAO, en un intento por forjar una resistencia política y militar unificada.
Bajo el nombre de Consejo Directivo para el Surgimiento de una Unión Democrática Federal (SCEF, en inglés), la alianza ha manifestado su compromiso con una solución política negociada que ponga fin al régimen militar y excluya a los generales de la política.
«Para lograrlo, estamos explorando todas las vías disponibles, incluidos los medios militares», declaró a IPS un alto cargo de la resistencia.
Sin embargo, existe escepticismo respecto a que Min Aung Hlaing trate con la nueva entidad colectiva y se cree que seguirá insistiendo en conversaciones bilaterales de alto el fuego con las EAO de forma individual, mientras se niega a reconocer al NUG como interlocutor.
Varios grupos armados importantes, que dependen en mayor o menor medida de la vecina China, también han mantenido las distancias con el SCEF.
«Es probable que las negociaciones sustantivas entre el Tatmadaw [el ejército de Myanmar] y los miembros del SCEF resulten complicadas», escribió Morgan Michaels, experto en defensa del sudeste asiático, en un análisis reciente para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
«Para lograr avances significativos en Myanmar —ya sean políticos, económicos o humanitarios— sería necesario comenzar por una amplia desescalada del conflicto», dijo.
Ello requeriría, como mínimo, «un alto el fuego entre el Tatmadaw (las fuerzas armadas myanmas) y las EAO. Lamentablemente, es probable que el camino hacia la desescalada sea largo y esté plagado de dilemas», analizó.
Mientras la vida para la población del país sigue siendo cada día más precaria.
NDR: Este artículo contó con la colaboración de un periodista en Yangón, cuyo nombre se mantiene anónimo por su seguridad.
T: MF / ED: EG
