La violencia contra los periodistas en México obligó ya a muchos de ellos a exiliarse en Estados Unidos o abandonar su profesión, y el comienzo de este año delinea un panorama aún más sombrío para los profesionales de los medios de comunicación en el país.
La desaparición de un reportero y el asesinato de otro en los primeros días del año, hace presagiar que la violencia que azota a quienes ejercen el periodismo en este país latinoamericano no hará sino aumentar en el inmediato futuro.
Valentín Valdés, periodista del diario Zócalo en la ciudad de Saltillo, situada a unos 850 kilómetros al norte de la ciudad de México, en el estado de Coahuila, apareció asesinado el viernes, tras ser secuestrado la noche anterior junto con un colega que fue liberado poco después.
Valdés cubría noticias locales en Saltillo y antes de su ejecución escribió una nota sobre la captura de varios narcotraficantes en la ciudad. Sus asesinos dejaron un mensaje en su cadáver: "Esto les va a pasar a los que no entiendan, el mensaje es para todos".
"La organización está muy preocupada por la situación de los periodistas en México. Es una situación dramática. La previsión es que 2010 sea más violento que 2009, no hay indicativos de que la situación de riesgo disminuya", alertó a IPS Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
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Esta organización, dedicada a la promoción de la libertad de expresión en el mundo y cuya sede central está en la capital francesa nación norteamericana, mantiene un seguimiento especial de la situación de los periodistas en México, desde que la violencia en su contra se agudizó en la segunda parte de la década pasada.
Desde el 30 de diciembre permanece desaparecido José Romero, reportero del noticiario de radio Línea Directa, en la ciudad de Los Mochis, una ciudad del estado de Sinaloa, a 1.400 kilómetros al norte de la capital.
El año pasado fueron asesinados 13 profesionales de la comunicación, en una estadística que convirtió a México en el país más riesgoso de América Latina para el ejercicio del periodismo, por encima de Colombia. Desde 2000, fueron ejecutados 57 periodistas y al menos nueve más se hallan desaparecidos.
"La violencia se va a incrementar, 2010 va a ser el peor año en la historia del periodismo mexicano", anticipó a IPS Armando Prida, presidente de la no gubernamental Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex).
El presidente Felipe Calderón emprendió una ofensiva contra las mafias que controlan el tráfico de drogas, con la participación de miles de efectivos del ejército y la policía, desde su llegada al poder en diciembre de 2006 como abanderado del derechista Partido de Acción Nacional.
Desde entonces, recuentos de periodistas han establecido que los asesinatos perpetrados por los carteles del narcotráfico superan los 15.000, incluyendo las 155 bajas entre las fuerzas del Estado.
El nuevo asesinato de un periodista desató una vez más una avalancha de condenas dentro y fuera de las fronteras mexicanas, mientras el gobierno desatiende las demandas para que proteja a los periodistas y no mantenga en la impunidad estos crímenes, aseguran las asociaciones gremiales.
"Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para atender de manera urgente este serio problema que afecta el ejercicio libre del periodismo y genera autocensura para evitar represalias", manifestó desde la ciudad estadounidense de Miami Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a propietarios de medios impresos del continente.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, condenó el crimen e instó al Estado mexicano a reforzar la investigación de agresiones a periodistas y a crear mecanismos especiales de protección de los informadores, especialmente en la frontera con Estados Unidos.
"Ser periodista en México y cubrir informativamente asuntos relacionados con el narcotráfico, los grupos delictivos en general y sus protectores disfrazados de servidores públicos, convirtió al periodismo en una profesión de alto riesgo. Informar es peligroso", señaló el medio digital Avenida 24.
Para el diario Zócalo, es el segundo atentado contra sus periodistas. Desde 2006 se halla desaparecido Rafael Ortiz, quien antes de su secuestro escribió varias columnas sobre el narcotráfico en el estado de Coahuila.
Desde ese mismo año opera en México la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
Desde entonces, esta instancia ha atendido un centenar de expedientes, de los cuales sólo cuatro llegaron a menos de un juez. Eso ha llevado a las agrupaciones de defensa de la libertad de expresión a considerar un fracaso la labor de esta fiscalía especial.
Sobre los 13 comunicadores asesinados en 2009, las autoridades mexicanas presumen de la captura de los sospechosos de ejecutar a cinco de ellos.
Los atentados contra los informadores no son por ahora un tema que sensibilice a la sociedad mexicana, lo que dificulta a su vez que adquiera prioridad en la agenda política y se asuman medidas más decididas para proteger la labor de los medio, coinciden los activistas gremiales.
El Congreso nacional mexicano decidió al comienzo de la legislatura iniciada en septiembre eliminar una comisión especial para atender las denuncias de ataques a los periodistas, una medida que finalmente anuló ante la escalada de agresiones a estos profesionales. La reinstalación de la comisión está prevista para esta semana.
Pero los diputados nacionales aún no aprueban una reforma legal para que sea la Procuraduría General la encargada de investigar las denuncias de hostigamientos y agresiones a los medios y a los periodistas, así que son las fiscalías locales las encargadas de investigar cada caso, sin una estrategia nacional al respecto.
"Vamos a acudir a todos los medios posibles para exigir el respeto al derecho a la libre expresión. Hay que gritar, es obligación de todos defender la libertad de expresión", señaló Prida, de Fundalex.
Desde 2008, según los registros considerados parciales de RSF, al menos cuatro informadores huyeron a Estados Unidos en busca de asilo, arrinconados por las amenazas atribuidas a las agrupaciones de narcotraficantes que se disputan las rutas del mercado de drogas ilícitas en ese país vecino.
En diciembre, Ricardo Chávez, reportero de Radio Cañón en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, cruzó la línea divisoria en busca de protección, luego de que dos sobrinos fueron asesinados y de recibir amenazas de muerte. Días después, las autoridades estadounidenses le concedieron un visado humanitario.
Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más violento del mundo, según organizaciones humanitarias. En los primeros días del año, la cifra de asesinatos relacionados con el narcotráfico ya superó el centenar.
A comienzos de 2009, Jorge Aguirre, director de la revista electrónica La Polaka en esa misma localidad, se refugió en territorio estadounidense tras recibir amenazas de muerte.
En 2008 también se refugiaron al otro lado de la frontera los periodistas Emilio Gutiérrez, del Diario del Noroeste, de Sinaloa, y Horacio Nájera, corresponsal en Ciudad Juárez del diario Reforma, editado en la capital.
"Lo más significativo es que todos son de la misma zona" de los estados del norte, declaró Flores.
Además, RSF tiene reportes de varios periodistas que han dejado de ejercer el oficio a causa de la violencia en los estados de Michoacán, Durango, Chihuahua y Sonora, duramente afectados por la influencia de los carteles de la droga.
Huérfanos de defensas, los periodistas no tienen a dónde acudir. "Los medios y los propios periodistas tendrían que realizar una serie de acciones para lograr una movilización pública. Quizás falta presionar un poco más a las autoridades. El derecho a la libertad de información cada vez más está arrinconado", concluyó Flores.
