América Latina debería aprovechar el tiempo para buscar un nuevo modelo de producción, consumo y distribución adaptado al cambio climático. Pero sin un acuerdo mundial para reducir las emisiones contaminantes, para 2100 podría perder casi 137 por ciento de su producto interno bruto.
El informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) no ingresa en consideraciones sobre el modelo de mercado imperante en las negociaciones climáticas, que soporta una lluvia de críticas en Copenhague, ni ofrece información específica sobre el impacto de este fenómeno en sectores más vulnerables, como la población femenina o los indígenas. Una nueva fase de estudios debería incluir esos impactos específicos, reconoció Joseluis Samaniego, supervisor del informe, coordinado y redactado por Luis Miguel Galindo y Carlos de Miguel.
"Aprovecha este tiempo que tienes para cambiar lo que consumes y produces, para tomar decisiones que te vayan 'descarbonizando', para ir revisando la forma en que crecen tus ciudades. Ahora lo puedes hacer con más holgura que en el futuro", dijo a Tierramérica Samaniego.
"Si además quisieras participar en la compra del 'seguro colectivo' (acuerdo mundial de mitigación), la parte que te toca no es demasiado cara", según el director de la División de Desarrollo Sostenible y de Asentamientos Humanos de la Cepal, con sede en Santiago de Chile.
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Con datos de 15 países —Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay—, la Cepal proyectó los costos del cambio climático en América Latina hasta 2100 en dos escenarios extremos.
En el primero, A2, no existe mitigación de emisiones, y en el segundo, B2, está considerado un acuerdo mundial de reducción de la contaminación climática, como el que se discute en Copenhague.
"En el mejor escenario, con mitigación, la pérdida (al año 2100) puede ser de 34,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) de América Latina a valores presentes. Repartido anualmente a lo largo del siglo, es menos de uno por ciento del PIB, dependiendo de la tasa de descuento que se use (valoración del futuro)", explicó Samaniego.
"En el peor escenario, el impacto es de casi 140 por ciento de la riqueza actual. Es decir, las pérdidas que se registrarán durante el siglo XXI serán una vez y media la riqueza que existe hoy, que es más de un punto porcentual del PIB por año", acotó.
Suponiendo que América Latina estabilizara sus emisiones a los volúmenes de 2002, y que el valor de la tonelada de dióxido de carbono fuera de 30 dólares, los planes para reducir gases costarían a la región 2,2 por ciento de su PIB en todo el periodo, apuntó el experto.
Entonces, participar del "seguro colectivo" sería barato, insistió. La Cepal estima que entre 2005 y 2100 las emisiones totales de dióxido de carbono, principal gas invernadero, crecerán promedialmente 1,5 por ciento en la región, aunque con diferencias entre los países.
El sector agropecuario será el que más sentirá los daños, pues se esperan aumentos de temperatura de entre uno y seis grados y modificaciones en los patrones de lluvias. También se prevén que continúe el actual derretimiento de glaciares en países andinos y mayores eventos climáticos extremos en el Caribe, América Central y los trópicos y subtrópicos de América del Sur.
Por el aumento del nivel del mar pueden desaparecer los manglares costeros de Brasil, Colombia y Ecuador, y estarán seriamente amenazadas zonas ribereñas de Argentina y Uruguay.
En Argentina, Chile y Uruguay al principio la suba de las temperaturas puede repercutir positivamente en los rendimientos agrícolas, si no se presentan plagas, o derretimiento excesivo de glaciares en el caso de los dos primeros. Pero a largo plazo el escenario será negativo.
Para 2100 las tierras degradadas en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú oscilarán entre 22 y 62 por ciento del territorio, y los costos anuales asociados a los desastres meteorológicos pueden pasar de los 8.600 millones de dólares registrados entre 2000 y 2008, a 250.000 millones de dólares.
Ante estos escenarios, los estados deberían ordenar el territorio, generar información pública y promover instrumentos de garantías en caso de desastres, propuso Samaniego.
El mercado, por su parte, "no debería resistir los cambios". "Hay ganadores y perdedores, pero si el mercado comparte la visión de largo plazo, si accede a la información, es más fácil que se adapte y sea menos resistente", planteó Samaniego.
Para Ana Romero, directora ejecutiva de la no gubernamental Presencia Ciudadana Mexicana, "tenemos que pensar cómo cambiar nuestros mercados porque la forma como se desarrollan no va de la mano de la perspectiva ambiental".
"Estamos explotando, explotando y explotando nuestros recursos naturales, sin pensar en el largo plazo", dijo Romero a Tierramérica. Además, se necesitan estudios sobre el impacto diferenciado del cambio climático en las mujeres y los pueblos indígenas, dos de las poblaciones más vulnerables, acotó.
A juicio de Samaniego, es posible mejorar la calidad de vida de la población y al mismo tiempo combatir el cambio climático, perfeccionando el manejo de los residuos sólidos y de las aguas residuales, y con medios de transporte públicos de calidad.
También se requieren ciudades con servicios descentralizados y accesibles, que minimicen el uso de automóviles, y que el transporte de mercancías sea menos intensivo en materia de carbono. Habría que aplicar una política fiscal que penalice los combustibles fósiles.
"Estos temas requieren una nueva cultura en la gestión pública, de trabajar transversalmente, y también un gran dinamismo del sector privado, y que la sociedad acompañe eligiendo productos ambientalmente amigables", señaló Tierramérica el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Homero Bibiloni.
Una treintena de organizaciones no gubernamentales de la región, presentes en la COP-15, exigieron a los gobiernos de sus países considerar como ejes principales de las estrategias nacionales y regionales la "adaptación y la reducción de la vulnerabilidad".
Se necesita "una distribución equitativa del bienestar y buen vivir, en el que los trabajadores (mujeres y hombres) reciban una justa retribución por su participación en los procesos productivos y de reproducción de la sociedad", afirma la declaración a la que tuvo acceso Tierramérica.
"Esto será una herramienta poderosa para superar los retos que entraña la alta vulnerabilidad y la exposición a eventos amenazantes", concluye.
* Este artículo es publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
