Una vez más, el Estado peruano fue compelido a enjuiciar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas que el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) aplicó a más de 2.000 mujeres. Esta vez, la exigencia de justicia provino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la sesión de audiencias de la CIDH celebrada este mes en Washington, su presidenta, Luz Patricia Mejía, no escatimó dureza al exigir al Estado peruano que cumpla su compromiso de procesar a los responsables de esa práctica aplicada como política de salud reproductiva y condenada en diferentes instancias internacionales.
Mejía recordó que el Estado peruano suscribió en 2003 un Acuerdo de Solución Amistosa, en el que aceptó indemnizar a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de las esterilizaciones compulsivas, y también investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron dicha actividad.
El Estado peruano está cumpliendo con la parte que obliga a la asistencia al esposo e hijos de Mestanza, fallecida en 1998 como consecuencia de una deficiente y no consentida operación quirúrgica de esterilización.
Pero en el ámbito judicial continúa impune el caso de cuya resolución depende la reparación para las víctimas de esterilizaciones compulsivas.
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En mayo, el fiscal Jaime Schwartz archivó el caso contra cuatro ex ministros de Salud del gobierno de Fujimori y otros ex funcionarios, con el alegato de que los delitos atribuidos a los imputados habían prescrito. Se trata de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.
El fiscal argumentó además que no encontró evidencias de violaciones a los derechos humanos e indicó que la esterilización forzada no es un delito de lesa humanidad, como señala la defensa de las mujeres que murieron o resultaron seriamente afectadas por la jamás autorizada ligadura de trompas, practicada en establecimientos de salud pública.
Rossy Salazar, defensora de Mestanza, interpuso una queja contra el fiscal Schwartz y presentó ahora un informe en las deliberaciones de la CIDH, en que destacó que el Estado peruano incumple el compromiso de enjuiciar a los responsables.
El informe de la abogada del no gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), fue acompañado por peticiones sobre las esterilizaciones forzadas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Asociación Pro Derechos Humanos, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
«El Estado peruano se comprometió a efectuar las investigaciones administrativas y penales de los hechos y a aplicar las sanciones a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de María Mestanza», explicó Salazar a IPS, y «el archivo del caso representa el incumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa».
[pullquote]1[/pullquote]La representante del Estado peruano en la sesión de la CIDH, la procuradora Delia Muñoz, argumentó que el Ministerio Público (fiscalía) es autónomo y que el Poder Ejecutivo no puede interferir en sus decisiones. En todo caso, apuntó Muñoz, también interpuso una queja contra el archivo.
Sin embargo, la presidenta Mejía, quien también oficia de relatora de los Derechos de la Mujer dentro de la Comisión, replicó que el Estado funciona como una unidad y que el Ejecutivo debe empeñarse en cumplir con el compromiso de investigar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas.
El mensaje de la presidenta de la CIDH fue «firme y claro», refirió Salazar. «Ustedes no están cumpliendo con su compromiso. Ustedes no pueden decir que cada uno en el Estado actúa por su cuenta. Ustedes son un solo Estado y como tal deben responder», dijo la venezolana Mejía a la procuradora.
La Comisión forma parte del sistema jurídico de la Organización de los Estados Americanos, pero es autónoma en su funcionamiento, y sus siete miembros actúan a título personal, con el mandato de que los Estados observen los derechos humanos.
La Comisión puede someter los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el incumplido Acuerdo Amistoso de 2003 se produjo, de hecho, dentro de ese tribunal continental.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Perú logró documentar que entre 1996 y 2000 al menos 2.074 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
De ellas, 16 murieron por complicaciones posoperatorias, mientras que la mayoría de las restantes afrontan problemas de salud, complicaciones psicológicas, desempleo y aislamiento familiar.
VIDAS DESGARRADAS
«Cuando me enteré que el fiscal había archivado el caso, se me vino el mundo encima y me puse a llorar de indignación», dijo a IPS Yonny Quellop, presidenta de la Asociación de Víctimas de las Esterilizaciones en Anta, provincia andina del sureño departamento de Cusco.
«Luchamos desde hace años para que se nos haga justicia y una vez más la justicia nos dio la espalda. Yo misma soy víctima de la esterilización. Nunca pedí que me ligaran las trompas. Después de la operación, mi esposo se peleó conmigo, siento muchos malestares y nadie me da trabajo. Me tratan como inútil», relató.
Quellop tenía 23 años cuando fue a un hospital público para dar a luz a su cuarto hijo. Luego del parto, la sedaron e intervinieron quirúrgicamente.
«Cuando desperté, me di cuenta que me habían operado y pregunté al doctor qué me había hecho. Y me dijo: Ya te arreglé para que no tengas más hijitos. Ya no vas a ser como esas mujeres que tienen hijitos como animalitos. Pero yo no le había pedido que me operase. No firmé nada. Nadie me consultó», contó con voz aún herida.
«Desde ese día mi vida es una tragedia», siguió su relato. «Tuve complicaciones, me enfermé, me extirparon el útero. Me sentí menos mujer, humillada, avergonzada. Sigo viva, pero la vida ya no es igual para mí desde que me esterilizaron», explicó.
Entre los más importantes implicados por las esterilizaciones compulsivas se encuentra el ex mandatario Fujimori y sus ex ministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Éste último es hoy legislador del bloque fujimorista y médico personal del ex presidente, preso y condenado a diversas penas, de hasta 25 años de prisión, por delitos contra los derechos humanos y de corrupción.
«Aquí en mi provincia, a centenares de mujeres engañaron con las esterilizaciones. Dijeron que era para nuestro bien. Todo lo contrario. Nos maltratan hasta nuestros familiares porque creen que consentimos no tener más hijos. Somos tratadas como inferiores», afirmó Quellop. «Estamos tristes, pero seguiremos luchando por justicia».
En 1996, Victoria Vigo tenía 32 años cuando la ingresaron en un hospital público de Piura, en el norte del país, para tener a su tercer hijo, que murió horas después de nacer. Al recuperar el conocimiento tras una cesárea, Vigo supo por un enfermero que el médico había ordenado su esterilización.
«Pero cuando revisé mi historia clínica no estaba consignada la ligadura de trompas», narró Vigo a IPS. «Pregunté a los médicos, a los jefes del hospital, pero todos lo negaban. Entré en cuadro depresivo. Había perdido a mi bebé y además me habían esterilizado», rememoró.
«Tuve que iniciar acciones legales hasta que finalmente el hospital aceptó que me habían ligado las trompas sin mi autorización. Jamás lo había pedido. Me habían condenado a jamás volver a concebir. El médico que me malogró para siempre se llama Nicolás Angulo», dijo firme.
Vigo es una de las pocas en miles de afectadas que llevó a juicio al médico. Tras siete años de lucha, un tribunal lo condenó a tres años de prisión suspendida y a una indemnización de unos 3.500 dólares, en la única sentencia producida hasta ahora contra estas violaciones masivas a los derechos humanos.
«Lo más importante es que durante el proceso judicial, el médico acusado argumentó como parte de su defensa que se había limitado a cumplir órdenes superiores y que las esterilizaciones eran parte de la política de planificación familiar y salud reproductiva del gobierno de Fujimori», explicó Vigo.
«Después de desacreditar mi denuncia acusándome falsamente de sufrir alteraciones mentales, terminó aceptando que la esterilización sin consentimiento era parte de la política del Estado. Por eso soy parte del movimiento que busca justicia para todas las mujeres víctimas», puntualizó.
Durante el encuentro con las partes peruanas, la presidenta de la CIDH instó a la representante del Estado a cumplir con el acuerdo y reiteró que eso pasa por la sanción a los responsables de la muerte de Mestanza, en 1998.
«Si conseguimos que se condene a los culpables del caso de María Mestanza, se abre la puerta para que todos los responsables de la política de esterilización compulsiva sean enjuiciados y sentenciados», explicó la abogada Salazar.
Quellop dijo que la exigencia de la CIDH da nuevo aliento para seguir la batalla por justicia, tras el revés del archivo del caso en mayo. «Mis compañeras campesinas y yo hemos decidido en la última reunión de la asociación de víctimas que continuaremos buscando justicia hasta la última de nosotras. Y así será», anticipó.
