La acción de grupos irregulares en el sudoeste de Venezuela fronterizo con Colombia agrava la confrontación política entre ambos gobiernos, los de ideologías más dispares de América del Sur. Algunos analistas comienzan a preguntarse si se está transitando un camino que lleva a una guerra.
Las alarmas llegaron al gran vecino común, Brasil, donde Marco Aurelio García, asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya sugirió la firma de un "pacto de no agresión" entre Bogotá y Caracas.
"Sería muy interesante que Venezuela y Colombia acordaran un sistema de vigilancia conjunta de su frontera común, y yo no excluiría un pacto de no agresión", al que Brasil aportaría medios técnicos, como aviones de vigilancia, dijo García.
Aunque en lo que va de la década varias veces Bogotá y Caracas se han peleado en los terrenos político, económico y diplomático, para luego reconciliarse, "esta vez la confrontación escala de un modo más preocupante por el combustible que aportan los hechos de armas", dijo a IPS María Teresa Romero, docente de posgrado en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
Colombia vive un conflicto armado interno cuya última etapa se inició en 1964 con el alzamiento de guerrillas izquierdistas, y que lleva décadas desbordando las fronteras nacionales. En los años 80 se sumaron al combate de la insurgencia milicias ultraderechistas paramilitares ligadas al gran negocio del narcotráfico.
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De la mano de esta guerra, y puesto que Colombia es el principal proveedor de drogas de Estados Unidos, llegaron desde ese país norteamericano recursos militares, asesores, contratistas y tecnología bélica en abundancia, con el declarado propósito de combatir el narcotráfico y la insurgencia. Esa asistencia es implementada desde 2000 bajo el nombre de Plan Colombia.
El ex presidente liberal colombiano Ernesto Samper (1994-1998) consideró que existe "una situación de preguerra" con Venezuela, por "el mal manejo" que el actual mandatario, el derechista Álvaro Uribe, ha dado al nuevo acuerdo militar con Washington.
Colombia anunció en julio un pacto que permitirá a fuerzas estadounidenses utilizar siete de sus bases militares, en una notable ampliación del Plan Colombia. Venezuela criticó ese acuerdo como una agresión dirigida a eventualmente invadirla y, entretanto, a espiar, desestabilizar y quizás derribar al gobierno del presidente Hugo Chávez.
"Yo diría que estamos en una situación de preguerra, (por) el tema mal manejado de las bases. Venezuela se siente amenazada", comentó Samper a la cadena radial colombiana Caracol Radio.
La actual escalada comenzó a finales de octubre, cuando se encontraron ejecutados los cadáveres de 11 jóvenes, de los cuales nueve eran colombianos inmigrantes ilegales, secuestrados dos semanas antes cuando jugaban fútbol en el caserío Chururú, en el sudoccidental estado de Táchira, distante unos 100 kilómetros y a cuatro horas de carretera de la línea fronteriza.
El gobierno de Venezuela atribuyó la masacre a un choque entre grupos de ultraderechistas paramilitares de Colombia, mientras que el gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, opositor democristiano, responsabilizó a la guerrilla izquierdista colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Táchira, una zona andina, agrícola y comercial, vecina del nororiental departamento colombiano de Norte de Santander, tiene dos de los pasos carreteros binacionales más utilizados en el área de los Andes. Desde hace años se reportan allí actividades de grupos irregulares de origen colombiano.
En julio, Chávez ordenó restringir el comercio y otras actividades económicas con Colombia, y los puentes fronterizos sobre el río Táchira entre la ciudad colombiana de Cúcuta y las venezolanas de San Antonio y Ureña han sido escenario frecuente de protestas de transportistas, comerciantes, empleados y pequeños contrabandistas.
El pasado fin de semana, grupos afines a los paramilitares distribuyeron panfletos instando a los comerciantes de Ureña y San Antonio a cerrar sus puertas como protesta ante las restricciones al tránsito impuestas por las autoridades venezolanas.
Diez de esos individuos fueron detenidos por la Guardia Nacional venezolana. El lunes, motoristas armados atacaron un puesto de control cerca de Ureña y mataron a dos efectivos de esa fuerza militar con funciones de policía.
El vicepresidente venezolano Ramón Carrizález acusó nuevamente a "bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región (Táchira) para tratar de amedrentar a nuestra Guardia Nacional, todo dentro del plan de desestabilización".
Para Carrizález, quien también es ministro de Defensa, esos paramilitares "son como la vanguardia de algo que amenaza tanto a Venezuela como a todos los países sudamericanos, la instalación de bases yanquis en territorio colombiano".
Chávez acusó a Pérez Vivas de abrir las puertas de Táchira a los paramilitares "como parte del plan de desestabilización desde el flanco izquierdo de la patria", y sostuvo que el gobernador debería ser enjuiciado "y quizá se vaya a Perú", donde están asilados varios prominentes opositores al gobierno.
El mandatario dijo que estudia "decretar el estado de emergencia en la frontera", y renovó sus críticas a Bogotá por el acuerdo con Washington. "Colombia ya hoy no es un país soberano. La convirtieron en una especie de colonia. El que quiera hablar con el gobierno de Colombia tiene que hablar con la Casa Blanca o el Pentágono", acusó.
En paralelo, Venezuela detuvo a tres presuntos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el principal organismo de inteligencia adscripto a la Presidencia), dos colombianos y un venezolano, y anunció que los juzgará por espionaje sobre sus fuerzas militares.
El ministro venezolano de Interior, Tarek El Aissami, mostró al parlamento documentos de supuestos planes colombianos de espionaje en Cuba, Ecuador y Venezuela. Bogotá reclamó porque otros documentos, reservados por ser parte de una investigación judicial en Colombia, estuviesen en manos de autoridades venezolanas.
El DAS está bajo escrutinio en Colombia por sus amplias actividades de espionaje y sabotaje ejecutadas desde hace años contra periodistas, activistas, políticos y magistrados.
"El capítulo sobre espionaje quizá es la mejor muestra de cómo se ha recrudecido la tensión, por lo que quizá sea éste el episodio más grave en la relación bilateral de la última década", comentó a IPS Elsa Cardozo, docente de relaciones internacionales y directora de la escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana.
Una declaración de la cancillería colombiana consideró este miércoles "grave la situación de orden público que se vive en Venezuela, la cual ha cobrado la vida de un elevado número de colombianos".
Al respecto, "cualquier hipótesis es de suma gravedad. Algunas voces, en Venezuela, pretenden sugerir que por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación para lo ocurrido", agregó el texto.
Colombia en cambio considera que "la acción del Estado debe ser igual de contundente, trátese de actores que intentan suplantarlo, terroristas, narcotraficantes o milicias. La justicia debe operar sin que haya espacios a prejuzgamiento político".
Lázaro Vivero, especialista colombiano en cuestiones de paz, dijo al diario caraqueño El Nacional que "las relaciones entre Colombia y Venezuela están en un punto tan neurálgico que cualquier cosa podría suceder".
El portavoz del colombiano Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, estimó que "se gesta un clima propicio para la confrontación militar", en tanto "crece la fábrica de situaciones para crear una matriz pública de enfrentamiento inminente".
Romero consideró que la escalada "responde más a factores internos que internacionales, sobre todo en el caso de Venezuela, por la caída de popularidad de Chávez y su necesidad de encarar en 2010 la elección de un nuevo parlamento".
Según la encuestadora venezolana Datanálisis, la popularidad de Chávez (aceptación de su figura y liderazgo) ha retrocedido lentamente a lo largo de 2009, desde cerca de 57 por ciento en febrero hasta 46 por ciento en octubre.
Pero para Romero también cuenta que "con el acuerdo Bogotá-Washington, Colombia se establece como el mayor obstáculo militar en la campaña de internacionalización del proyecto político llamado bolivariano, que dirige Chávez".
La confrontación buscaría entonces acotar ese acuerdo militar, en concordancia con Brasil y otros países sudamericanos, según Romero. Y García, el asesor de Lula, de nuevo reiteró que a los brasileños "el acuerdo no nos parece correcto. No podemos impedir que Colombia tome sus decisiones, pero hacen falta garantías de que no se producirá un desequilibrio en la región".
En la frontera sobre el río Táchira, entre tanto, el cierre temporal del paso por los puentes forzó a peatones, ciclistas y motoristas a desplazarse atravesando el lecho del río y su débil curso. Cuando el paso se restablece, los desplazamientos de personas y vehículos son intensamente seguidos por militares venezolanos.
Pérez Vivas anunció que pedirá a los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay que actúen como mediadores para evitar un conflicto entre Colombia y Venezuela, y el gobernador del departamento colombiano de Santander, Horacio Serpa, pidió que Chávez se reúna con su par colombiano Uribe para zanjar la actual crisis diplomática y comercial.
