En momentos en que el gobierno argentino de Cristina Fernández pierde respaldo popular, las denuncias judiciales de presuntos actos de corrupción se multiplican y las investigaciones ya abiertas aceleran su marcha.
En este contexto de debilidad, las denuncias de corrupción escalaron y las causas abiertas en el período de Kirchner (2003-2007) ganaron en ritmo. Uno de los asuntos más delicados que se investigan es el marcado crecimiento del patrimonio de Fernández y de su esposo, a pesar de que la presidenta dijo que pocas declaraciones juradas de bienes son más claras que la suya.
La pareja declaró este año poseer una fortuna equivalente a unos 12,8 millones de dólares, un monto 158 por ciento superior al del año anterior y 572 por ciento mayor desde 2003, cuando Kirchner fue investido mandatario.
Dos jueces habían abierto causas por este asunto, pero enseguida las cerraron. Ahora, un tercer magistrado, Norberto Oyarbide, da señales de que la investigación podría avanzar.
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"Suele pasar", dijo a IPS el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien dejó su cargo en 2008 ante la "impunidad casi absoluta" del Estado en materia de corrupción, según dijo.
"Las causas que afectan a funcionarios cobran más impulso cuando los gobiernos terminan. Esto se debe a la politización de algunos sectores de la justicia federal y a la debilidad del gobierno detectada por los denunciantes", explicó Garrido, director del programa de Transparencia y Justicia del no gubernamental Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Fernández aún no llegó a la mitad de su mandato, pero su gestión es asumida por la propia presidenta como una continuidad del de su esposo y, de hecho, muchos funcionarios de la Presidencia de Kirchner fueron confirmados por su sucesora.
Hoy hay más de medio centenar de funcionarios y ex funcionarios de las dos administraciones que están en la mira de la justicia por cuestiones como presunto enriquecimiento ilícito, irregularidades en la adjudicación de obras públicas, sobornos y manejos arbitrarios de la publicidad oficial, entre otros asuntos.
Entre los casos abiertos en el período de Kirchner están los dedicados al presunto pago de sobornos de la empresa sueca Skanska a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, entre otros. Este año, la justicia advirtió que investigará a quien sigue siendo titular de esa cartera, Julio De Vido.
El secretario de Medios de Comunicación de Kirchner y luego de Fernández, Enrique Albistur, es investigado por presunto otorgamiento de fondos de publicidad oficial a empresas de su familia. El funcionario ha sido llamado en indagatoria.
En tanto, el proceso contra la ex ministra de Economía, Felisa Micelli, está próximo a la etapa de juicio oral. En 2007, la entonces titular de la cartera renunció a su cargo luego de un hallazgo de la policía de un monto importante de dinero en efectivo en su despacho cuya procedencia y destino no pudo explicar de manera coherente.
"El denunciante teme represalias y se siente más seguro cuando el denunciado está débil", explicó Garrido. Para el ex fiscal, este fenómeno no es exclusivo de Argentina. "Los sistemas judiciales son débiles frente a poderes ejecutivos fuertes, y en Argentina hay un marcado presidencialismo, por eso la justicia se muestra cauta en principio".
Para la abogada Cecilia Vázquez, coordinadora del área de litigio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Ciace), el ejemplo de lo que ocurre se ve en los procedimientos judiciales contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y quienes fueron sus colaboradores.
Hubo diversas denuncias contra el gobierno de Menem, reelegido en 1995, que se aceleraron luego de su salida del poder. Una de las más graves fue la del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que tuvo al ex mandatario brevemente tras las rejas, pero hay otras por muchas irregularidades.
Una de ellas tuvo como protagonista a una ex funcionaria emblemática de la administración Menem, María Julia Alsogaray, interventora en empresas públicas privatizadas por el gobierno en controvertidas subastas, y luego secretaria de Medio Ambiente.
Alsogaray está acusada de varios fraudes contra el Estado y estuvo casi dos años en prisión. Actualmente sigue procesada y uno de sus principales bienes, la casa donde vive, será rematado para responder por los daños causados con su propio patrimonio. "Será el primer caso de decomiso", dijo Vázquez a IPS.
El Ciace promovió esta medida para la recuperación de activos provenientes de la corrupción. La organización no gubernamental pidió que el dinero resultante de la venta de la propiedad sea enviado a un hospital pediátrico de alta complejidad, pero la justicia aún no resolvió el destino que dará a esos fondos, porque no hay antecedentes.
"Cuando los funcionarios dejan el poder, las causas avanzan", aseguró Vázquez, y destacó además la importancia de haber incorporado al sistema institucional argentino la Oficina Anticorrupción y los convenios internacionales de lucha contra la corrupción.
Con estas incorporaciones se logran cambios, aunque casi imperceptibles, señaló. "Mientras el gobierno está de turno, denuncias que antes se desestimaban son aceptadas, pero el proceso es lento, no se toman indagatorias, pero sí se investiga", dijo. Eso se advierte en el caso del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Jaime, funcionario de Kirchner, tenía múltiples denuncias de pago de sobreprecios en licitaciones y de enriquecimiento ilícito, pero seguía firme en su cargo. Este año las investigaciones se aceleraron, se detectó que una aeronave en la que viajaba se desplazaba era suya, y el funcionario se vio obligado a renunciar.
