«Se ha desatendido nuestra tierra, la cosecha no alcanza y tenemos que conseguir el producto afuera», fue la queja que la indígena nahua Brígida Chautla le transmitió al relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el belga Olivier de Schutter, presente en México.
Representantes de organizaciones no gubernamentales sumaron sus voces a la de Chautla, originaria del sureño estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, y miembro de la organización Todas las Mujeres como Una Sola.
El principal reclamo de todos ellos es que el derecho a la alimentación sea agregado a la Constitución para que rija las políticas socioeconómicas gubernamentales.
Este derecho puede definirse como el tener acceso físico o económico, individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación, cuantitativa y cualitativamente, adecuada y suficiente.
"El relator llega en un buen momento, ante el fracaso de la política gubernamental agrícola y de combate contra la pobreza", dijo a IPS Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales convivieron unas horas con De Schutter, quien arribó en una visita extraoficial la noche del lunes a la capital mexicana luego de una gira por Guatemala, Nicaragua y Panamá. El funcionario volverá el año próximo en periplo oficial.
"Esta gira ha sido útil para entender determinados temas que han sido motivo de preocupación para la sociedad civil", dijo De Schutter este miércoles en rueda de prensa. Sin embargo, se abstuvo de hablar sobre sus encuentros con los activistas y con legisladores mexicanos.
De Schutter llegó a México invitado por la Campaña Sin Maíz No Hay País, el colectivo de organizaciones no gubernamentales que ha emprendido una lucha para defender este grano nativo ante las semillas genéticamente modificadas.
Entre las acciones de la Campaña está la decisión de celebrar cada 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz.
La recesión económica que azota este país norteamericano de 105 millones de habitantes empujó a la pobreza este año a 4,2 millones de personas, con lo cual se llega ya a los 20 millones en esta situación, según el Banco Mundial.
Además, alrededor de 884.000 niños y niñas padecen desnutrición, según el capítulo mexicano de la no gubernamental Sociedad Latinoamericana de Nutrición. En tanto que la tasa de mortalidad infantil es de 15,2 por cada 1.000 nacidos vivos, indicador que salta hasta 60 cuando se trata de la niñez indígena. La previsión oficial es que este flagelo desaparezca del país hacia 2050.
"Hay suficiente disposición de calorías por persona para que la desnutrición no exista en el país", declaró Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, durante el encuentro con De Schutter.
Una encuesta realizada por la Red Nacional de de Promotoras y Asesoras Rurales en 11 de los 32 estados que componen México entre mujeres del medio rural halló que éstas han padecido un aumento de trabajo, ingresos inmóviles, un menor consumo de alimentos y la mezcla del impacto de bajos precios de sus productos y alza en bienes de consumo como aceite, carne y otros.
"Las mujeres quieren que se les reconozca como productoras y no como pobres, que les favorezca la producción para el autoconsumo y que se limite la dependencia del mercado", explicó Blanca Rubio, integrante de la Red.
"Las reuniones nos permitieron sacar temas que nos preocupan para que el relator tuviera algunos datos para preparar su visita. Él tiene una trayectoria que lo hace sensible a estos temas", comentó a IPS Rosario Cobo, investigadora del Instituto Maya e integrante de la campaña.
"La solución a la crisis actual no es producir más, sino producir mejor. Es necesario cambiar de modo urgente hacia un sistema más sustentable de agricultura", dijo, en crítica abierta a la biotecnología y al uso de agroquímicos, De Schutter, profesor de la Universidad Católica de Lovaina en país natal y quien asumió la relatoría especial del foro mundial el 1 de mayo de 2008,
Las organizaciones de la sociedad civil acusan al gobierno de violar acuerdos internacionales al no garantizar el derecho a la alimentación, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde 1976, recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en 1985, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Lo más cercano al derecho a la alimentación está contenido en el artículo cuarto de la Constitución, que alude al derecho de la niñez a "la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral".
En su proyecto de presupuesto nacional entregado al Congreso, el gobierno incluyó un impuesto "antipobreza" de dos por ciento imponible a los alimentos, en una suerte de Impuesto al Valor Agregado disfrazado, pero esa iniciativa es tan polémica que ha concitado el rechazo generalizado de los sectores político, académico, patronal y sindical del país.
Entre los ocho grandes Objetivos de Desarrollo para el Milenio que los gobierno adoptaron en 2000 en la ONU figura el de reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo para 2015 según los indicadores de 1990, pero esa meta se halla amenazada por la crisis alimentaria y económica en curso en el mundo.
De Schutter presentará esta semana un reporte en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
"Para nosotros, la soberanía alimentaria es la prioridad", subrayó Chautla.
En los últimos dos años, la cantidad de personas con hambre en el mundo llegó a superar los 1.000 millones.
