«Lo que más me dolió fue que no me dieran mi derecho a descansar en mi período pre y post natal, incluso el día que comencé con los dolores de parto no me dejaron ir al hospital», recuerda la guatemalteca Mildred Díaz, al repasar sus peores momentos como empleada doméstica.
El caso de Díaz simboliza el de miles de mujeres en Guatemala, en su mayoría indígenas, que a diario sufren la discriminación y el maltrato a raíz de la falta de una legislación que proteja los derechos de miles de trabajadoras domésticas que, paradójicamente, contribuyen a que otras familias vivan en mejores condiciones.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, en este país hay cerca de 183.000 empleadas en casas de familias, 72 por ciento de las cuales reciben un salario promedio al equivalente de 75 dólares mensuales, cuando el mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas ronda los 170 dólares.
Hoy Díaz se ha convertido en la presidenta del Centro de Apoyo a las Trabajadoras de Casa Particular (Centracap) y celebra como su mayor logro la afiliación al seguro social. "Después de 12 años de lucha estamos dando este paso que nos alegra bastante, pero hace falta mucho por hacer", señaló.
La razón es que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) firmaron en julio un convenio que permitirá a estas trabajadoras acceder a algunos servicios prestados por ese instituto a partir del 12 de este mes.
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Según el acuerdo de creación del Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular (Precapi), las beneficiarias podrán recibir los servicios de maternidad, atención médica para sus hijos en los primeros cinco años de vida y asistencia hospitalaria en caso de accidentes, todo lo cual les habían sido negados históricamente.
Si bien las trabajadoras aún no pueden acceder al programa de pensiones IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) ni al de enfermedad común que se refiere a la consulta médica de rutina, Díaz cree que han dado "un primer paso".
Pero no todo es alegría en esta celebración. Hortencia Gómez, coordinadora de la oficina de la mujer de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), dijo a IPS que "el convenio no llena las expectativas".
El hecho de que no se ofrezca el servicio de enfermedad común "es lamentable", según Gómez, debido a que "este es el servicio que con más frecuencia demandan las trabajadoras de casa quienes, como todo ser humano, tienen problemas del corazón, hipertensión, diabetes y otras enfermedades".
Otro tema que ha generado dudas es la conformación del aporte por empleada al seguro social para acceder al Precapi, el cual es de unos 12 dólares al mes divididos en 40 por ciento por el empleador, otro tanto por la Sosep y el 20 por ciento restante por las empleadas.
"Imagínese que si el Estado tiene una deuda histórica con el IGSS, de unos 1.800 millones de dólares, que no ha podido pagar. ¿Cómo hará para aportar a este nuevo programa?", dijo Gómez dado que la Sosep contribuirá con un 40 por ciento.
Para Marco Vinicio Hernández, defensor del trabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos, "esto (la conformación del aporte) rompe totalmente con el mecanismo proporcional del aporte salarial al seguro social que es propio del trabajador formal que paga 4.83 por ciento mensual".
Hernández dejó en claro que la creación del Precapi "es un avance", aunque "más parece una medida cortoplacista que no está fundamentada en un estudio actuarial". Entre otros puntos, señaló que las trabajadoras no fueron incluidas en el programa IVS y no se consideró su situación de manera integral.
El surgimiento del Precapi tampoco dio muestras de una coordinación interinstitucional para lograr un mejor programa. Y es que un grupo multisectorial había discutido en el primer semestre del año una iniciativa de ley para proteger a estas trabajadoras.
"Pero nunca nos informaron del Precapi y, en consecuencia, no se atendió el tema de manera integral con asuntos tan fundamentales como el trabajo infantil", relató Hernández.
La razón es simple. Guatemala es el país con más niñas dedicadas al trabajo doméstico en América Latina, al llegar a 14,4 por ciento del total de empleadas, seguido por Honduras con 10,3 por ciento, Nicaragua con 9,8 por ciento y El Salvador con 6,7 por ciento, según un informe publicado a comienzos de año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Unicef.
Tal y como lo había mencionado el defensor del trabajador, la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de la Mujer en el parlamento, Delia Back, dijo a IPS que trabajaron múltiples reformas al Código de Trabajo para proteger a este sector de mujeres.
"Lo que hicimos fue revisar las iniciativas engavetadas sobre este asunto y trabajamos sobre varias reformas para proteger a sectores vulnerables en el aspecto laboral como las trabajadoras de casa particular, trabajadores del campo, maquilas, transporte y otros", explicó la parlamentaria.
Y es que es el colmo que el Código de Trabajo vigente, en vez de protegerlas, las perjudica totalmente. Así, por ejemplo en su artículo 164 se lee que "el trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo", lo cual justifica que muchas empleadas trabajen en jornadas de más de 12 horas.
De tal cuenta, en el nuevo paquete de modificaciones al citado código se plantean regulaciones de horarios para la jornada laboral, un salario mínimo, vacaciones y todos los beneficios que gozan los trabajadores legalmente reconocidos.
Back dijo que estas reformas serán incluidas para su trámite en el segundo período de sesiones del Poder Legislativo que comenzó el 1 de este mes.
Por ahora, funcionará el Precapi, cuya primera etapa tendrá un plazo de un año y funcionará sólo en el departamento de Guatemala donde se concentra la mayoría de empleadas de casa particular-. Según las autoridades del IGSS, posteriormente se ampliará al resto del país.
En las principales cadenas de radioemisoras del país ya se escucha una campaña informativa para llamar a las empleadas a inscribirse en el Precapi, así como para concienciar a los patronos. Díaz no está del todo satisfecha con lo alcanzado, pero confía en que una reivindicación laboral integral del sindicato será posible en el futuro.
