El «comisario más duro de Estados Unidos» intensifica las redadas contra trabajadores inmigrantes indocumentados en el estado de Arizona, a pesar de que el gobierno de Barack Obama procura que la represión se concentre en las empresas infractoras y no en los empleados.
Katherine Figueroa, de 9 años, no ve a sus padres desde hace dos meses, cuando la policía del condado de Maricopa arrestó a la pareja de trabajadores indocumentados en una redada en la empresa donde trabajaban.
Figueroa estaba jugando con una amiga en la casa de una tía cuando escuchó por televisión la noticia de la redada en un lavadero de automóviles. Corrió a ver las imágenes y pudo observar a su padre retirado con esposas en sus muñecas.
Sus padres, Sandra y Carlos Figueroa, se encontraban entre los 25 detenidos ese día. Se los acusa de robo de identidad por utilizar documentos falsificados para conseguir trabajo en Arizona, sudoeste de Estados Unidos. Podrían pasar seis meses en la cárcel antes de ser sometidos a juicio, y posteriormente hasta dos años de libertad condicional. De todas maneras, al final les espera la deportación a México, su país natal.
La policía de Maricopa, donde residen casi cuatro millones de habitantes, más de la mitad de la población de Arizona, ejecutó 22 redadas y arrestó a 264 trabajadores desde 2008. La máxima autoridad policial del condado es el comisario Joe Arpaio, quien se jacta de ser el más duro de Estados Unidos.
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"El robo de identidad es un delito grave. Aunque parece que el presidente (Obama) y el Departamento (ministerio) de Seguridad Interior perseguirán exclusivamente a las empresas, yo seguiré persiguiendo a los extranjeros ilegales en los establecimientos comerciales que quiten empleos valiosos a los ciudadanos estadounidenses", declaró Arpaio en un reciente comunicado de prensa.
La legislación de Arizona contra las empresas que contratan a sabiendas trabajadores indocumentados es una de las más rigurosas de este país. Las compañías pueden perder sus permisos de trabajo y, en caso de reincidir, pueden ser clausuradas.
Pero desde que la ley entró en vigor en 2008 sólo se ha utilizado para arrestar a los empleados.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no se puede acusar de robo de identidad a los trabajadores inmigrantes si estos no se apropiaron a sabiendas del número de identificación que utilizan para trabajar. Pero ese fallo no afecta a Arizona, que cuenta con sus propias leyes de robo de identidad.
Figueroa, que es ciudadana estadounidense, participó en una marcha el día 7 con decenas de niños y niñas para exigir que cesen las redadas que separan a las familias.
"Obama, Obama queremos a nuestros padres", gritaban los niños que marcharon bajo el fuerte sol del verano de Arizona desde la cárcel donde se encuentran detenidos sus padres hasta las oficinas del comisario Arpaio, en el centro de Phoenix, la capital estadual.
"Tiene que cesar las redadas, no es justo lo que hace con la gente", afirmó Figueroa, que sostenía un cartel con la imagen de una mariposa naranja y negra. La mariposa monarca, que migra entre México y Estados Unidos para sobrevivir, fue el símbolo de la marcha.
"Quiero decirle al comisario Arpaio que deje a mis padres tranquilos y los ponga en libertad. Y que saque a los trabajadores (de la cárcel) y en su lugar ponga a los asesinos y los ladrones", agregó.
Las redadas de trabajadores en Arizona colocan a las familias inmigrantes, a menudo con hijos nacidos en Estados Unidos, en la necesidad de obtener asistencia jurídica y apoyo financiero, pero no existe la infraestructura para ayudarlas.
"Pienso en cómo voy a comprar los pañales de mi hija", dijo María, indocumentada de 20 años y madre de una bebé de ocho meses cuyo esposo fue detenido en una redada. María, embarazada de cuatro meses, pidió que su nombre permanezca en el anonimato.
"No había un motivo real para arrestarlos. Sólo estaban trabajando para alimentar a sus hijos", dijo.
Algunas comunidades arman ventas callejeras y lavados de automóviles para recaudar fondos. Otras encuentran ayuda en las iglesias que les ofrecen lugar para reunirse y organizarse.
"Muchas familias no están preparadas para resolver el cuidado de los hijos", sostuvo Sarah Myklebust, activista de Phoenix Repeal Coalition, un grupo comunitario que ofrece orientación y organiza a la población inmigrante.
Otro problema es que las familias no tienen dinero para contratar abogados, y a los tribunales les faltan traductores para que entiendan el proceso, agregó.
"Hay una gran escasez de abogados especializados en inmigración", destacó Myklebust.
Y además están las necesidades básicas.
"Son embarazadas que dependen de sus maridos y no les alcanza para pagar una ecografía o las cosas cotidianas", dijo.
La situación de los Figueroa es muy difícil. La familia tuvo que vender muebles de su casa para conseguir dinero y pagar parte de los honorarios de los abogados que defienden a los detenidos. El proceso legal también ha sido confuso.
"Estoy triste y confundida", dijo a IPS Sandra Figueroa en una entrevista en la cárcel Estrella para mujeres. "Los abogados me informaron que si quiero salir libre tengo que acusar a mi jefe". Ella cree que recibió pésima asistencia jurídica. Un abogado llegó incluso a sugerirle que contrajera matrimonio con un ciudadano estadounidense para obtener sus documentos legales, recordó.
Las redadas de Arpaio no están exentas de protestas y polémicas.
"Pasé tres meses en la cárcel y nunca recibí atención médica", aseguró Celia Álvarez, detenida en febrero en una redada en una empresa de paisajismo. Ella no pudo amamantar a su hijo. "No sólo nos daña a nosotros, también daña a nuestros hijos", dijo sobre Arpaio.
Su hija Heidi Portugal, ciudadana estadounidense de 11 años de edad, se manifestó junto a otros niños en la marcha de este mes.
"Quiero que (Arpaio) deje de robarle las sonrisas a los niños. Creo que habría que deportarlo a México para que pueda ver cómo sufre la gente allí, lo difícil que es cruzar a Estados Unidos. ¿Nunca se le ocurrió preguntar por qué vinieron? ¿Cuántas sonrisas dejaron atrás?", interrogó.
A pesar de todo, existen algunas señales positivas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando presuntas violaciones a los derechos civiles cometidas por la oficina del comisario de Maricopa. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, Arpaio cuenta con la fuerza más numerosa del país para aplicar las leyes migratorias federales.
Pero sus atribuciones federales están en cuestión debido a una reciente disposición adoptada por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, solicitando a la policía que se dedique a detener a los inmigrantes que cometan delitos y no a aquéllos que se encuentran sin permiso de residencia en el país.
Salvador Reza, un activista de Puente, una organización contraria a las prácticas de Arpaio, dijo esperar que la marcha de los niños "llegue al corazón" del comisario, si es que lo tiene.
"Esto es una forma de abuso infantil", sostuvo Buffalo Rick Galeener, partidario del comisario Arpaio y uno de los pocos que protestaron contra la marcha de los niños. "Estos padres se están separando de sus hijos, cuando podrían llevarlos de vuelta a México", afirmó.
