El régimen que gobierna Honduras enfrenta desde esta semana una nueva ola de presión internacional con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para inspeccionar graves denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde el 28 de junio, día del golpe de Estado.
La delegación de alto nivel está encabezada por la presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, a quien acompañan el primer vicepresidente, el argentino Víctor Abramovich, el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González, de Chile, el comisionado Paolo Carozza, de Estados Unidos, el secretario ejecutivo Santiago Canton, de Argentina, la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de Colombia, y personal de la secretaría ejecutiva.
La misión permanecerá en este país cinco días, desde este lunes, y efectuará visitas a varias zonas para documentar denuncias, recoger testimonios y sostener entrevistas privadas con actores claves, según informó la propia CIDH.
Ésta es la primera visita de carácter oficial que llega a Honduras desde que el 28 de junio militares derrocaron y deportaron al presidente Manuel Zelaya, con apoyo civil.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) suspendió a Honduras como miembro activo del organismo hemisférico el 4 de julio, pero no lo excluyó del sistema interamericano de derechos humanos, del cual la CIDH forma parte.
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La CIDH, con sede en Washington, es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en América. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Cómo órgano autónomo de la OEA, la CIDH tiene un mandato de la carta interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y actúa en representación de los países miembros. La conforman siete comisionados, que se desempeñan en forma independiente y personal y que son elegidos por la Asamblea General del foro hemisférico.
Su función principal es "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos".
En ese carácter, recibe e investiga denuncias individuales sobre violaciones, observa la vigencia general de los derechos humanos en los países miembros, publica informes sobre países o sobre temas específicos, realiza visitas "in loco", efectúa recomendaciones a los Estados, dispone "medidas cautelares" para evitar daños graves o irreparables en situaciones urgentes y somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
El fin de semana, una avanzada de la CIDH sostuvo las primeras reuniones con organizaciones humanitarias y académicas, en tanto este lunes, la relatora Botero conocerá denuncias de periodistas agredidos, medios de prensa clausurados o silenciados y la situación de la libertad de expresión en general.
La fiscal hondureña de derechos humanos Sandra Ponce dijo a IPS que la CIDH "tendrá toda la apertura posible e independencia en sus funciones, como lo establece su mandato y, de nuestra parte, la Fiscalía General del Estado le dará a conocer los registros e investigaciones de violaciones a derechos humanos en nuestro poder".
Una visita de la CIDH debe enmarcarse en los parámetros de la Convención Americana: garantías para entrevistarse en forma privada con sectores y personas que estime oportunos, para circular libremente por el país, visitar cárceles y prisiones y usar cualquier medio apropiado para filmar, documentar, grabar o reproducir la información que considere relevante, entre otras.
Esta presencia fiscalizadora sigue a una semana de intensa agitación social, repelida por acciones represivas, que culminó con al menos tres desalojos violentos de fuerzas combinadas de la policía y militares contra integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, con varios lesionados y unas 21 personas procesadas por presuntos daños a la propiedad privada.
Uno de los heridos fue el diputado del izquierdista partido de Unificación Democrática, Marvin Ponce, uno de los líderes de la resistencia que, a pesar de contar con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, sufrió tres fracturas en uno de sus brazos y debió ser operado.
Un día después del golpe, la CIDH dispuso medidas cautelares para unas 100 personas, entre funcionarios del gobierno depuesto de Zelaya, familiares del mandatario, periodistas, dirigentes sociales y activistas de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia demoró hasta el fin de semana para publicar el listado de personas bajo protección estatal.
En la madrugada del sábado, tres bombas molotov fueron arrojadas contra la sede del diario capitalino El Heraldo, uno de los mayores defensores del régimen de facto. Un vehículo de otro periódico oficialista, La Tribuna —propiedad del ex presidente Carlos Flores (1998-2002)— fue incendiado en Los Junquillos, sobre la carretera que conduce al nororiental departamento de Olancho.
Entre el 2 y el 5 de agosto visitó Honduras una Misión Tripartita representada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo y la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de Organizaciones no Gubernamentales.
"Existe una gran concentración de medios en el país centroamericano y este factor es determinante en el cerco informativo que el gobierno ha tendido sobre las acciones represivas que tienen lugar en Honduras", afirma un documento publicado la semana pasada por la Misión Tripartita.
"La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes empresarios y las autoridades de facto ha operado como elemento clave en la censura informativa", agrega el informe.
El dirigente del movimiento internacional Vía Campesina, Rafael Alegría, miembro también del Movimiento de Resistencia contra el Golpe, dijo a IPS que la presencia de la CIDH "viene a fortalecer nuestra lucha, porque estamos documentando todo para decirle a la Comisión cómo se han violado los derechos humanos en el país".
Luego de una asamblea para planificar nuevas actividades, Alegría indicó que "vienen formas más creativas de protesta, pero no dejaremos las calles, y esta semana debemos ser contundentes, hay que ponerle alma, vida y corazón a esto", arengó a sus seguidores.
Para el ministro del Interior del gobierno de Zelaya, Víctor Meza, el hecho de que la Corte haya publicado la lista de personas con medidas cautelares "es sinónimo de que la presión internacional e interna en Honduras está teniendo resultados satisfactorios".
A su juicio, casi 50 días después del golpe, el régimen que encabeza Roberto Micheletti "empieza a dar signos de debilidad, pues entre más represión efectúe contra el pueblo, más débil se vuelve al ser incapaz de mantener un orden sin violencia".
Meza dijo a IPS que la resistencia con "la gente en las calles es increíble y nos indica una lectura que debe atender esta clase dominante: que un nuevo movimiento social está surgiendo y puede dar paso a una opción política partidaria interesante".
Micheletti advirtió que esperaba "imparcialidad" en el informe de la CIDH y prometió que "no vamos a ocultar nada".
NEGOCIACIÓN EN WASHINGTON
El gobernante de facto anunció, además, que una comisión de su régimen retornó este lunes a Washington, donde estuvo la semana pasada, para continuar sus pláticas con miembros de la OEA y funcionarios del gobierno de Estados Unidos en busca de una salida a la crisis.
La delegación anunció que la semana pasada había conseguido "avances sustanciales" tras entrevistarse con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza en su residencia privada, y flexibilidad para retomar las propuestas del mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, quien actuó como mediador entre los golpistas y Zelaya.
Hasta ahora, esa iniciativa sólo ha contado con apoyo de Zelaya, pues el régimen hondureño se resiste a aceptar su punto medular: el regreso del mandatario a su cargo.
Arias propuso un retorno condicionado de Zelaya, con un gabinete de unidad nacional, su renuncia expresa a cualquier intento de reformar la Constitución, una amnistía para los delitos políticos cometidos antes y durante el golpe de Estado, el adelantamiento de los comicios generales previstos para noviembre y la instalación de una comisión internacional de notables para supervisar el proceso.
El golpe de Estado fue ejecutado por los militares y apoyado por un sector importante del poder económico de este país, la Corte Suprema y el Congreso legislativo.
La propuesta de amnistía está a estudio del Congreso, y sería aprobada si las negociaciones concluyen con la aceptación de las dos partes, afirman fuentes del régimen.
Vilma Morales, una de las integrantes de la comisión del gobierno de facto que viajó a Washington, dijo a IPS que en esta segunda fase se entrevistarían con algunos embajadores ante la OEA, para preparar una visita que efectuarán varios cancilleres del continente a Honduras "próximamente", en aras de fortalecer una salida política a la crisis.
Aparentemente, las conversaciones en la capital estadounidense serían cruciales. Está prevista la presencia de Zelaya, quien se encuentra en Nicaragua, y del candidato presidencial del gobernante Partido Liberal, Elvin Santos, quien fue vicepresidente del depuesto mandatario antes de renunciar y tomar distancia de su gobierno.
La embajada de Estados Unidos en Honduras comunicó el fin de semana que su titular, el embajador Hugo Llorens, había salido del país por "asuntos personales", negando rumores de que había sido separado del cargo.
"Tengo entendido de que (Llorens) va a ser parte de esa negociación crucial que se está dando" en Washington, dijo Meza.
