TRABAJO-VENEZUELA: Obreros del aluminio enfrentan al gobierno

Miles de obreros de la estatal industria del aluminio de Venezuela protagonizaron cuatro días de protestas para demandar el pago de unos 100 millones de dólares en beneficios asociados al salario y exigir al gobierno atención para ese sector, que vive desde hace dos años al borde del colapso.

Los trabajadores también reclamaron medidas para proteger el ambiente de los desechos industriales y deploraron la cobertura que dieron a su protesta los medios de información estatales.

El ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, anunció este jueves que el gobierno pagará en tres tramos la deuda con casi 11.000 trabajadores del sector, distribuidos en cuatro empresas radicadas en Ciudad Guayana, donde confluyen los ríos Orinoco y Caroní, 500 kilómetros al sudeste de Caracas.

"El presidente Hugo Chávez ordenó pagar a los obreros en tres partes, un tercio el 31 de julio y otros dos el 15 de septiembre y 31 de octubre", dijo Sanz.

Las deudas corresponden a los intereses sobre las prestaciones sociales, es decir, los beneficios que se acumulan a lo largo de la vida laboral para ser entregados al trabajador cuando cesa la relación de trabajo, y que por ley cada empresa debe depositar anualmente en fideicomisos, así como pagar intereses sobre esos montos a cada empleado.
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Las empresas concernidas son Venalum, con capacidad instalada para producir 430.000 toneladas anuales de aluminio y con 20 por ciento de su capital en manos de empresas japonesas, Alcasa, con capacidad teórica para 210.000 toneladas anuales, Bauxilum, que extrae bauxita y tiene capacidad para producir dos millones de toneladas de alúmina, y Carbonorca, que produce 190.000 toneladas anuales de ánodos de carbón para reducir el aluminio.

El lunes, cuando decenas de autobuses llevaban obreros para el primer turno de la mañana en las empresas, los trabajadores detuvieron las unidades en céntricos cruces viales de Ciudad Guayana e iniciaron marchas y asambleas de protesta.

Las acciones se han repetido a lo largo de la semana en plazas, vías y ante los portones de las empresas, por parte de sindicatos dirigidos por simpatizantes tanto del oficialismo como de la oposición, y con el apoyo de otras organizaciones de obreros siderúrgicos, de la hidroelectricidad, de transportistas y de algunos gremios profesionales de la zona.

Aunque no se trata de huelgas o de paros formales, algunas actividades y turnos de labor se han resentido y en toda la industria se vive un clima de agitación.

"Queremos que nos paguen lo que nos corresponde, porque para eso trabajamos, que el gobierno que ha nacionalizado empresas se comprometa a cumplir los compromisos con los trabajadores y que le inyecte dinero a estas empresas para sacarlas adelante", dijo a IPS desde una de las asambleas Luis García, trabajador de Venalum.

José Gil, líder del sindicato de trabajadores de Alcasa, dijo que "la industria está en una situación que no se soporta más operativamente, y el esfuerzo de los trabajadores no se ve interpretado por los gerentes y presidentes de las empresas. Ahora quieren dar un zarpazo a las convenciones colectivas bajo el argumento de que no hay dinero".

En algunos mítines relámpago que acompañaron las marchas, varios trabajadores arrebataron los altoparlantes a los dirigentes para criticarlos, porque "hay quienes ahora están reclamando lo que no se atrevieron a pedir cuando estuvieron frente a Chávez".

A comienzos de año, el presidente se reunió con dirigentes y activistas sindicales de la región de Guayana y advirtió contra los "privilegios capitalistas" que pretendían sostener obreros calificados, técnicos y sindicalistas de las industrias básicas.

Los sindicalistas de diferentes tendencias se han esforzado por mantenerse unidos en las protestas "y el gobierno debe discutir con todos los representantes legítimos de los trabajadores el pago de las deudas y un plan de recuperación de estas empresas", dijo José Díaz, secretario general del sindicato de profesionales de Venalum.

Díaz, militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, se preguntó "¿No estamos defendiendo a (Manuel) Zelaya porque es el presidente elegido de Honduras? ¿Cómo vamos a desconocer aquí a los dirigentes elegidos por los trabajadores?", en alusión a los opositores José Morocoima y Emilio Campos, quienes dirigen los sindicatos obreros de Bauxilum y Carbonorca.

Morocoima reclamó que "el gobierno debe dialogar y presentar soluciones, atender los pasivos laborales y ambientales. La laguna de oxidación de lodos rojos de Bauxilum ya no aguanta más porque hace año y medio no se le hace mantenimiento preventivo y si no se actúa rápido se causará un daño muy serio al río Orinoco", vecino de la fábrica.

Las quejas de los trabajadores alcanzaron a la cobertura que el canal de televisión del gobierno hizo de sus protestas, pues registró en sus programas informativos que la situación de las empresas era normal y no se paralizaban labores.

"Cuando vi eso me sumé a las protestas, porque encima de que no nos pagaban decían mentiras sobre la protesta", dijo el obrero Antonio Gómez, de Venalum.

El ministro Sanz trató de quitar presión: "Este no es un gobierno antiobrero y admitimos que hay reivindicaciones de los trabajadores que son justas, pero las empresas hay que mantenerlas operativas porque si se paralizan el daño sería peor".

Sanz evocó "la crisis estructural de estas empresas, en las que producir una tonelada de aluminio cuesta 3.700 dólares y se vende en 1.600".

Las empresas del aluminio, y también las mineras, siderúrgica y de hidroelectricidad de Guayana, en manos del Estado, están inmersas en una madeja de deudas, obsolescencia tecnológica, exceso de personal y cierre de líneas de producción que afectan severamente su rentabilidad y capacidad para recuperarse.

El economista Orlando Ochoa dijo a IPS que "para levantar las empresas de aluminio el Estado debería inyectarles unos 5.500 millones de dólares, que no tiene ahora, al margen del concepto de establecer criterios socialistas para empresas que deben acudir a un mercado global capitalista sumamente competitivo".

Sin dar cifras, Sanz dijo que el gobierno auxiliará financieramente a las empresas de Guayana, "las cuales colocaremos al servicio del desarrollo del país", y entretanto pidió a los obreros "paciencia, paciencia, trabajo, trabajo, compromiso, compromiso, revolución, revolución y socialismo".

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