El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, consideró terminada la negociación con el régimen de facto que lo derrocó el mes pasado y anunció que regresará a su país. El mediador, el presidente costarricense Óscar Arias, pidió más tiempo y advirtió sobre riesgo de guerra civil.
Tras el fracaso de otra ronda de diálogo, celebrada en Costa Rica gracias a los buenos oficios de Arias, Zelaya habló ante la prensa desde Managua y sostuvo que volverá el próximo fin de semana a su país, del que fue expulsado por los militares el 28 de junio, e indicó que "a partir de ahora empezamos a organizar la resistencia interna para mi retorno".
Zelaya apeló al derecho de los hondureños a la "insurrección contra la opresión" y a la "desobediencia civil".
El hondureño Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras convocó a un paro general de actividades. "Ya está decidida la huelga para el jueves y viernes", dijo el dirigente sindical José Luis Baquedano, miembro del Frente de Resistencia.
Mientras, Arias pidió 72 horas más para buscar nuevos caminos de entendimiento, ante el rechazo del régimen golpista del primer punto de su propuesta de solución: la reinstalación de Zelaya en su cargo.
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"La alternativa al diálogo son las armas y no queremos que eso ocurra en Honduras", dijo Arias, al finalizar el domingo las conversaciones entre la delegación de Zelaya y la del régimen que rige desde el 28 de junio en este país.
"Yo quiero tomarme 72 horas para continuar trabajando de una manera más ardua para ver si podemos lograr un acuerdo, pues la alternativa al diálogo son las armas y no queremos que eso ocurra en Honduras. No queremos que un arma de un civil dispare contra un soldado o viceversa, por eso vamos a trabajar para evitar un derramamiento de sangre en el pueblo hondureño", insistió.
"Puede darse una guerra civil o un derramamiento de sangre que el pueblo hondureño no se merece, por eso me comprometo a trabajar fuertemente. Si no se acepta la restitución de Zelaya, veré como profundizamos en ese punto, por eso pido tres días más, antes de presentar una nueva propuesta", agregó.
El mandatario, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones para terminar con las guerras civiles centroamericanas en los años 80, aseguró, sin dar más detalles, que en Honduras hay muchas armas en manos de civiles.
Arias informó a la prensa que no hubo avances en las conversaciones del sábado y del domingo, "por lo que quiero dar las gracias a ambas delegaciones por la confianza que han puesto al mediador. Ustedes han sido informados que no fue posible llegar a acuerdo en torno a nuestra propuesta de siete puntos".
La propuesta incluía la restitución de Zelaya en su cargo, su renuncia expresa a cualquier tipo de consulta popular para instalar una asamblea constituyente, la aplicación de una amnistía para los implicados en el golpe de Estado, la conformación de un gobierno de unidad y el adelanto de las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, al último domingo de octubre.
Además, Arias también propuso el traslado del comando de las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral "para efectos de garantizar transparencia y normalidad del sufragio" y "la integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial por representantes de la OEA, que vigile el cumplimiento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional".
El fracaso obedeció al rechazo del régimen de Micheletti al primer punto, la restitución de Zelaya. El portavoz de su delegación, Carlos López Contreras, sostuvo que "me veo en la necesidad de expresarle con todo respeto a nuestro mediador, el presidente Arias, que lo sentimos mucho, pero las propuestas que usted nos ha presentado resultan inaceptables para el gobierno que represento".
"En particular el punto número uno que se refiere a la restitución del ex presidente Zelaya, porque está excluido de nuestras capacidades para resolver, porque nosotros representamos toda una institucionalidad jurídica y legal del país. Además no somos un gobierno de facto, ni fruto de un golpe de Estado, somos un gobierno legítimamente constituido y eso queremos dejarlo claro", dijo.
"La mediación no ha podido comprender que imponer a Zelaya en contra de la Constitución y los criterios de todo un país y su institucionalidad infringe principios internos y es una intervención en los asuntos internos de Honduras. Lamentablemente sentimos que ha habido una desnaturalización de la mediación", insistió López Contreras, quien funge como canciller del régimen.
La contrapropuesta de Micheletti se centra en que el retorno de Zelaya al poder no es negociable, y sólo permite su regreso para que se presente a los tribunales de justicia. El mandatario está acusado de varios delitos políticos y comunes.
En cuando a la amnistía, los golpistas objetaron la propuesta de Arias por considerarla no "muy clara" y porque "no se puede ceder para dejar impunes los casos de corrupción así como el despilfarro de los fondo públicos", según Mauricio Villeda, otro de los integrantes de la comisión negociadora de Micheletti.
La jefa de la delegación de Zelaya, Ricci Moncada, sostuvo que "lamentamos que los plazos fijados por los organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, así como los propuestos por el mediador, no hayan sido respetados".
"Lamentamos que esta comisión del régimen de facto, producto de un golpe de Estado, aunque se nieguen a aceptarlo, no haya expresado su sometimiento a esta resolución y demandamos la restitución inmediata de nuestro presidente", insistió.
El gobierno de Estados Unidos reclamó a las partes mayor compromiso para conseguir el éxito de las negociaciones.
En un comunicado divulgado la noche del domingo, el portavoz en funciones del Departamento de Estado, Robert Wood, afirmó que "este fin de semana, las conversaciones lograron progresos significativos y crearon las bases para una solución que respete los principios de la Carta Democrática Interamericana y las decisiones tomadas en la OEA".
Estados Unidos apoyó el reclamo de la OEA de que Zelaya sea reinstalado en su cargo, y congeló la ayuda militar a Honduras. Pero además sugirió que la solución a la crisis debía alcanzarse mediante el diálogo entre las dos partes, y apoyó desde el inicio la gestión de Arias.
Arturo Corrales, de la comisión del gobierno de facto, atribuyó el fracaso de las conversaciones a unas declaraciones de Zelaya al diario brasileño Folha de São Paulo, en las que "insiste en que si regresa va a instalar la asamblea nacional constituyente, y eso significa que se está burlando de lo que estamos haciendo aquí todos, de buena fe".
"Pareciera entonces que esta comisión nombrada por Zelaya no tiene validez, porque él esta diciendo que si regresa va continuar violando la Constitución", dijo a IPS Corrales, uno de los políticos y empresarios más influyentes de este país.
En sus declaraciones a Folha, Zelaya dijo que "no puedo traicionar al pueblo y abandonar el proceso" para habilitar una asamblea constituyente, que él había iniciado al convocar una encuesta no vinculante considerada ilegal por los tribunales y el Poder Legislativo, elemento desencadenante del golpe de Estado.
"El pueblo me envió 500.000 firmas solicitando dicho paso. Por tanto establecimos la consulta que provocó la ruptura y el golpe", dijo Zelaya.
El depuesto presidente atribuyó la situación al temor de los golpistas a ver a los hondureños opinando y decidiendo sobre su futuro, e insistió en que su promoción de la reforma constitucional no perseguía ningún interés reeleccionista.
La Constitución hondureña está blindada. Su texto establece que varios de sus artículos son intocables —incluidos los que determinan la forma de gobierno y el de la prohibición de cualquier tipo de reelección presidencial— y que no puede ser modificada por ningún proceso constituyente.
Esto deja exclusivamente en manos del Poder Legislativo las reformas constitucionales, con las limitaciones señaladas.
Desde Tegucigalpa, el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo a IPS que la propuesta de Arias "es interesante, hay ahí puntos de fácil coincidencia y aceptación. Este 'impasse' es propio de las negociaciones. Hay que ver cómo se encuentra salida al punto azaroso que es el retorno o no del ex presidente Zelaya".
Desde que Zelaya fue derrocado y conducido a punta de pistola a un avión que lo llevó a Costa Rica, el régimen de facto ha impuesto el toque de queda, con suspensión de garantías fundamentales, bloqueo informativo y represión violenta a las manifestaciones en contra del golpe, que han dejado ya al menos tres muertos.
La ciudadanía parece estar dividida en torno a los hechos, pues también se han sucedido marchas y concentraciones a favor de los golpistas.
