Mientras el mundo estaba pendiente de la investidura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, una operación subrepticia se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de enero en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito a la Presidencia de Colombia.
Un mes después, el 21 de febrero, la bogotana revista Semana y el noticiero de televisión Noticias Uno publicaron la información.
El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se había anunciado el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz, quien asumió el cargo el 22 de enero, un día después de que terminara la destrucción de los archivos.
"De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia (del DAS, a cargo de verificar la lealtad de los miembros del organismo), con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", dijo a Semana un funcionario de ese cuerpo de inteligencia que la revista no identificó.
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Como reacción a las publicaciones periodísticas, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, allanó el domingo 22 de febrero las instalaciones del DAS, previo aviso al director de esa entidad sobre el operativo.
El lunes 23, ingresó al DAS una comisión ad hoc de fiscales para sumarse a la unidad del CTI que continuaba el allanamiento.
El CTI adelantó el 1 y el 19 de marzo otras inspecciones "significativas" por la información recolectada, según un reporte de 228 páginas de esa policía judicial, al que tuvo acceso IPS.
El CTI dirigió ese informe a los fiscales que abordan el caso, en primer término, para determinar de dónde provino la filtración a la prensa sobre operaciones del DAS aparentemente por fuera del marco legal.
Los forenses informáticos del CTI descubrieron huellas electrónicas en aparatos que habían sido "limpiados" por Contrainteligencia del DAS en el piso 11 de la sede, así como en equipos de monitoreo de comunicaciones situados en otros dos pisos. Su informe no se conoce aún.
Entre el material que no fue destruido, y que desde 2007 reposaba en el archivo de la institución bajo el rótulo de "ultrasecreto", la nueva dirección del DAS entregó al CTI extensos expedientes organizados en 104 archivadores o carpetas tipo A-Z, fechados entre 2004 y 2005 y que contienen una serie de actas de la máxima instancia del organismo de inteligencia y otros documentos o fotos.
En el informe de 228 páginas del CTI, las 46 iniciales se destinan a resumir el contenido de las carpetas A-Z que consideró de mayor interés judicial.
Ochenta por ciento de las carpetas se referían a la operación "Transmilenio", una serie de seguimientos y acciones contra el no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante Colectivo de Abogados) y especialmente contra su director, el defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz.
El DAS seguía también cada paso al defensor de derechos humanos Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas. "Cascabel" llamó el DAS a esta operación, que incluía a toda la familia del abogado.
Había asimismo expedientes contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos del también jesuita Centro de Investigación y Educación Popular, dedicado a llevar el registro de víctimas de la prolongada guerra interna colombiana.
Igualmente se encontraron expedientes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, situado en la región bananera de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia.
Esa comunidad, de la cual Giraldo es defensor de primera línea, es una asociación de campesinos que rechaza el uso de las armas y reivindica su derecho a no involucrarse con ningún actor armado.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no acepta la neutralidad en la guerra y acusa a la comunidad de ser aliada de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas hace 45 años.
Otra iniciativa pacifista, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, cayó bajo sospecha del gobierno de Uribe, cuyo lema central es la seguridad democrática, que busca el monopolio estatal de las armas y la participación de la población en el combate a las FARC.
Dos carpetas tituladas como "Puerto Asís" estaban dedicadas, según reportó el CTI, al periodista Hollman Morris, director del programa de televisión "Contravía".
Se sabe de otros periodistas críticos bajo seguimiento del DAS: el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, Daniel Coronell, director del noticiero de televisión Noticias Uno, Félix de Bedout, de la emisora W Radio, y el reportero sueco Dick Emanuelsson, corresponsal de varios medios de su país, entre otros.
Otras carpetas mostraban espionaje a políticos de oposición y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que constituye el más grave escándalo en curso en este país andino.
La carpeta titulada "Blancos políticos", de 541 folios, registra seguimientos a los candidatos presidenciales, en las elecciones de 2006, Carlos Gaviria, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Horacio Serpa, del opositor Partido Liberal, y Álvaro Leyva Durán, ex ministro conservador que lanzó su postulación independiente y luego la retiró.
"Blancos políticos" fueron también Luis Eduardo Garzón, por entonces alcalde de Bogotá, Antonio Navarro, actual gobernador del sudoccidental departamento de Nariño, el senador Gustavo Petro y el representante a la Cámara Wilson Borja, todos del PDA, y Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal.
Asimismo han sido "blancos políticos" la ex alcaldesa de San José de Apartadó, Gloria Cuartas y el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, actual precandidato presidencial del Partido Liberal.
El 28 de mayo fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía General de la Nación 34 funcionarios y ex funcionarios del DAS, incluyendo a sus cuatro últimos directores.
La fiscalía está determinando si los acusa de concierto para delinquir, violación ilegal de comunicaciones, uso ilícito de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal.
"Se cayó la verdad en documentos públicos", dijo el fiscal general Mario Iguarán cuando anunció el llamado a indagatoria.
A su vez, a mediados del mismo mes, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) abrió investigación disciplinaria contra 16 funcionarios del DAS.
Además, vinculó al caso a tres altos funcionarios de la Presidencia: el secretario general Bernardo Moreno, el secretario de prensa César Mauricio Velásquez y el asesor presidencial de comunicaciones, Jorge Mario Eastman. La procuraduría pondrá la lupa sobre reuniones de los tres con los hoy ex directores de Inteligencia y de Contrainteligencia del DAS.
En esas reuniones, los tres funcionarios habrían recibido supuestamente información clasificada sobre el espionaje a magistrados de la Corte Suprema, contra los cuales Uribe se enfrentó por los procesos penales a decenas de legisladores oficialistas —incluyendo al primo del presidente, Mario Uribe—, acusados de nexos con el paramilitarismo de ultraderecha.
Iguarán terminará su mandato el 31 de julio. Su sucesor será elegido por la Corte Suprema de una terna escogida por el presidente.
* Primer informe de la serie "Las actas de la seguridad democrática" sobre el escándalo de los espionajes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.
