Las democracias de América Latina flaquean en dos aspectos, la justicia y la pobreza, sus dos debilidades más grandes, sobre todo por sus consecuencias en la vida institucional, dedujo el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Leandro Despouy.
Este abogado argentino, quien en agosto cesará en sus funciones tras desempeñar dos mandatos sucesivos de tres años cada uno, presentó esta semana su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo organismo especializado en la materia del foro mundial.
IPS: ¿Qué áreas de los derechos humanos sufren mayor menoscabo en América Latina?
LEANDRO DESPOUY: La justicia es una y sumada a la miseria constituyen las mayores debilidades de nuestras democracias. Las más grandes, sobre todo por las consecuencias que tienen en la vida institucional.
IPS: ¿Cómo afectan los abusos en la justicia?
LD: Los desajustes en el funcionamiento de la justicia entrañan necesariamente impunidad en un doble sentido.
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Por un lado, la impunidad para los delitos cometidos por el Estado, que se propagan a la corrupción y a las prácticas de clientelismo de los gobiernos. Por otro, la impunidad favorece el crecimiento de nuevas amenazas, como el crimen organizado.
Esto acarrea un margen todavía mayor de violencia paraestatal y la vulnerabilidad del estado para defenderse y para proteger a la población en general. Así deviene un verdadero resquebrajamiento y el fenómeno de pérdida de credibilidad de la justicia.
IPS: ¿Cómo reaccionan las sociedades ante estos casos?
LD: Cuando estos fenómenos acontecen, en vez de constituir poderes judiciales independientes, las sociedades tienden a inclinarse hacia el clientelismo o a la consagración del modelo del juez obediente
IPS: ¿Cómo funciona ese sistema?
LD: Una forma es el mecanismo de elección de jueces dóciles. Otro, es el de destitución o de cambio de jueces, que responde directamente al poder político en lugar de guiarse por criterios objetivos o de establecimiento de responsabilidades. La estabilidad y la inamovilidad de los jueces constituyen una garantía para la independencia del Poder Judicial.
IPS: ¿Ahí acaban las amenazas a la justicia?
LD: No, otro mecanismo moderno que ha debilitado mucho al Poder Judicial es que, sin recurrir a echarlos, se nombran pocos jueces. A veces, por razones presupuestarias, pero otras veces ni siquiera por esos motivos, nos encontramos con un número insuficiente de jueces.
Además, a los pocos que nombran lo hacen con carácter provisorio. Porque a un juez independiente, que investiga y molesta, se lo puede sacar. Hay muchos casos de esto en América Latina.
IPS: ¿Puede citar alguno?
LD: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hace poco a Venezuela por un caso parecido, de jueces provisorios de la Cámara Contencioso Administrativa, que fueron destituidos invocando ese carácter provisorio.
Eso dio lugar a que la Corte interviniera y reclamara la restitución de los magistrados. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Venezuela dijo que no correspondía aplicar esa sentencia, que en principio es obligatoria para todos los estados.
Pero el alto tribunal venezolano insistió y anunció que el país examinaría la posibilidad de retirarse del sistema interamericano.
IPS: ¿Qué deduce de este ejemplo?
LD: Con esto probamos que la cuestión de los jueces provisorios es ya una práctica que se transforma en epidemia institucional. Todas estas cuestiones inciden sobre la credibilidad, aumentan la inseguridad y la falta de confianza. Creo que esto es uno de los déficit de nuestras democracias, aunque por lo menos ahora tienen continuidad.
IPS: ¿Y la segunda flaqueza de los derechos humanos en América Latina?
LD: Sin duda es la miseria o la misma pobreza, por su efecto de exclusión. Se lo ve mucho en algunos países de la región y en particular en América Central, donde abundan la marginación, los niños de la calle y las maras (pandillas juveniles). En primer lugar esto evidencia una enorme vulnerabilidad de la infancia.
IPS: ¿Cómo se desarrolla el proceso?
LD: El estado no protege ni interviene. Al mismo tiempo, el fenómeno adquiere un altísimo nivel de criminalidad, para el cual la justicia ya no tiene ninguna posibilidad de incidir en forma eficaz.
Entonces hay una especie de círculo infernal de marginación, miseria, reproducción de la criminalidad, un Estado vulnerable y el contagio con formas más graves de delito, como el crimen organizado y el narcotráfico que penetran.
IPS: ¿Cual ha sido su participación en el diferendo entre el gobierno de Colombia y la Corte Suprema de Justicia de ese país?
LD: Estuve en Colombia en septiembre de 2008 para asistir a un seminario organizado por la Corte Suprema de Justicia, que se desarrolló en la (norteña) ciudad de Cartagena. En ese momento había una situación de mucha tensión entre el (Poder) Ejecutivo y la Corte. Intervine dialogando con la Corte y también tuve la oportunidad de conversar con el Ejecutivo.
IPS: ¿En que consistían las diferencias?
LD: Había algunos reproches del Ejecutivo hacia la Corte en el sentido de que tendría una actividad más bien sesgada en su manera de arbitrar justicia, en la orientación de sus fallos, que tocaban más bien al sector de la parapolítica (la relación de paramilitares de ultraderecha con dirigentes políticos afines al gobierno de Uribe), más que al de las FARC (las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Esto era un debate público.
IPS: ¿Cuál fue la réplica de los magistrados?
LD: Obviamente, cuando estuvimos en algunas entrevistas, la Corte me señaló que eso no era así, que era una situación muy objetiva y muy clara, que se investigaba tanto una situación como otra. Sin embargo, había una situación muy tensa entre ambos. Por eso es que insistieron en ese momento para que visitara el país. Gracias a Dios, yo he sido invitado para hacer una visita próximamente.
IPS: ¿En suma, cómo ve este caso?
LD: Entre las conclusiones más serias que puedo sacar, una es que en ese país hay un enorme déficit en el Estado para combatir la impunidad, que tiene allí todas las consecuencias que hemos analizado antes y que deterioran al Estado.
IPS: ¿Y de parte de la judicatura?
LD: Puede parecer paradojal, pero Colombia es un país jurídico, es uno de los más jurídicos. Las sentencias son piezas magistrales de derecho. Y los colombianos razonan en términos de derecho.
A pesar de que hay una situación de violencia que lo podría negar, Colombia es un país profundamente jurídico, con una estructura institucional y un Poder Judicial que, paradójicamente en un contexto tan adverso, reúne las condiciones de independencia.
IPS: ¿Con qué espíritu se prepara para viajar?
LD: Creo que vale la pena fortalecer al Poder Judicial de Colombia, que vale la pena ampararlo y sostenerlo. Y esto es lo que intente en mi viaje anterior.
Ahora, y sin llevar ninguna cuestión preestablecida, voy a visitar Colombia con un ánimo positivo que pueda contribuir a que esas tensiones desciendan a través del diálogo y de la autoridad que significa la relatoría, como ha ocurrido en otras oportunidades.
Voy a ocuparme e interesarme por un Poder Judicial que vale la pena, que a pesar de todo ha llevado adelante una actividad muy digna y muy ejemplar en algunos casos, sobre todo si uno mira el contexto.
IPS: ¿Qué se podrá desprender de su informe?
LD: En general, las comprobaciones en Colombia son un poco desgarrantes, sobre todo cuando uno mira la impunidad. Pero entiendo que puede ser un paso positivo visitar el país, hablar con los interlocutores y hacer recomendaciones.
Después vendrá el gran desafío de cómo se cumplen. Pero insisto, es un Poder Judicial que dentro de un contexto muy adverso conserva márgenes de independencia muy plausibles.
