El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se movió con cautela este jueves en medio de inminentes explosiones de activistas de derechos humanos, neoconservadores y un Congreso con temor a trasladar los presos de Guantánamo, Cuba, a territorio continental.
Obama hizo estas declaraciones teniendo como contexto un gran revuelo en el Congreso legislativo, que se negó a aprobar los fondos para la clausura de la cárcel hasta que el jefe de Estado presente un plan detallado para esa medida y garantice que ningún sospechoso de terrorismo será liberado en suelo estadounidense.
El mandatario habló en un lugar símbolo de la creencia tradicional de Estados Unidos en el imperio de la ley: los Archivos Nacionales, donde está la Declaración de Independencia, la Declaración de Derechos y la Constitución.
Casi inmediatamente después del discurso de Obama, en otro edificio de Washington a pocos minutos, el ex vicepresidente Dick Cheney habló en el neoconservador Instituto de la Iniciativa Estadounidense, donde defendió sin concesiones las políticas de detención, interrogatorio y de seguridad nacional adoptadas por la administración de George W. Bush (2001-2009).
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Cheney criticó al gobierno de Obama por tomar decisiones que, sostuvo, están haciendo a Estados Unidos un lugar menos seguro.
El discurso de Obama fue amplio en detalles. Subrayó cinco categorías de detenidos de Guantánamo: los que pueden ser juzgados en cortes federales, los que violaron las leyes de guerra y deben ser procesados en comisiones militares "mejoradas", los que han sido absueltos y cuya liberación está pendiente, los que pueden ser transferidos con seguridad a otros países y, quizás lo más polémico, los que no pueden ser juzgados ni en una corte militar ni civil, pero suponen una gran amenaza a Estados Unidos y por tanto deben permanecer bajo custodia.
Es particularmente la última categoría la que ha causado polémica en el Congreso y desatado críticas tanto de defensores de derechos humanos como de neoconservadores.
Obama dijo que, a diferencia de sus predecesores, su equipo intenta elaborar un marco legítimo legal para esta categoría de prisioneros, que incluya la supervisión del Poder Legislativo y del Congreso.
Calificó de "irracional" el temor de los congresistas y del público a la idea de llevar a los detenidos de Guantánamo a territorio continental estadounidense para que sean juzgados, encarcelados o liberados.
"Esto es usado para comerciales de 30 segundos destinados a asustar al pueblo estadounidense", afirmó, prometiendo no poner en riesgo la seguridad del público.
El Senado aprobó el miércoles por 90 votos contra seis bloquear el financiamiento al cierre de Guantánamo y prohibir la transferencia de detenidos a Estados Unidos y sus territorios. Los seis legisladores que votaron a favor eran todos del gobernante Partido Demócrata.
El senador conservador John Thune, del opositor Partido Republicano, resumió así la oposición al pedido de financiamiento de Obama: "El pueblo estadounidense no quiere que esos hombres caminen en las calles de los barrios", y añadió: "El pueblo estadounidense tampoco quiere que estos detenidos permanezcan en una base militar ni en una prisión federal en su patio trasero".
Esta postura fue asumida también por demócratas. El senador Harry Reid, líder de la mayoría de ese partido en la cámara alta, prometió que "nunca" permitiría que presos de Guantánamo fueran liberados en suelo estadounidense.
Pero Michele A. Flournoy, subsecretaria de Políticas de Defensa, dijo sobre los detenidos: "Creo que habrá alguna necesidad de que terminen en Estados Unidos. Pienso que éste es un caso en el que necesitamos pedirles a los miembros del Congreso que adopten una postura más estratégica".
El temor a liberar a presos de Guantánamo en suelo estadounidense fue alimentado el miércoles por el testimonio del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde dijo estar preocupado por esa posibilidad.
También alertó que había riesgos potenciales aun si se trasladaba esos detenidos a prisiones de máxima seguridad.
Las reacciones de los líderes de organizaciones de derechos humanos, con muchos de los cuales se reunió Obama esta semana, eran predecibles.
Tom Malinowski, director de Human Rights Watch en Washington, dijo que el grupo creía que los sospechosos debían ser juzgados en Estados Unidos.
"Cuanto más queremos crear algo nuevo, mayor es el riesgo de desafíos y de ser derrotados", afirmó. "En el corto plazo, será más fácil detener a personas potencialmente peligrosas si se diseña un sistema específicamente para ese propósito. Pero, en el largo plazo, el riesgo de haber liberado esas personas es mayor, porque ese sistema nuevo podría colapsar".
Por su parte, Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses, dijo que su organización y otras más están molestas porque Obama y otros demócratas permitieron ser víctimas de la campaña de miedo de los republicanos.
"Celebramos el compromiso de Obama con la Constitución, el imperio de la ley y el inequívoco rechazo a la tortura. Pero, a diferencia del presidente, creemos que continuar con las defectuosas comisiones militares y crear un nuevo sistema de detención indefinida sin acusación formal es inconsistente con los valores que expresó tan elocuentemente hoy en los Archivos Nacionales", afirmó.
