«Este año no habrá incremento de salarios ni bonificaciones» para los empleados, y los directores y gerentes deberán recortar su sueldo 20 por ciento, anunció el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, en un mensaje enviado a sus empleados.
Mientras los 75.000 trabajadores del consorcio estatal Pdvsa asimilaban el llamado a "defender la industria con un alto grado de conciencia" emitido el pasado fin de semana, Ramírez, quien también es ministro de Energía, aclaraba a unos 20 dirigentes sindicales que la veda salarial no será total para obreros y empleados de bajo nivel.
Cuando explotó la burbuja financiera global y los precios del crudo se desplomaron en el tercer trimestre de 2008, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que su nación estaba "blindada" ante la crisis y que la revolución socialista que impulsa "no retrocederá ni aunque el petróleo llegue a cero dólares" por barril de 159 litros.
"Gano menos de 2.000 bolívares (900 dólares al cambio oficial, la tercera parte en permutas) y para medio vivir decentemente ese sueldo debe duplicarse o triplicarse en el próximo contrato", dijo a IPS un obrero de mantenimiento de pozos en la costa del Lago de Maracaibo, en el oeste del país, que se identificó sólo como Mauricio, por temor a represalias.
La dirección de Pdvsa está a la espera de que se efectúen elecciones en la federación que reúne sindicalmente a sus trabajadores, que comenzarán el 20 de mayo, para así lanzar las discusiones de la nueva convención colectiva, como ha ocurrido en la industria desde hace casi 60 años.
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Entre tanto, la corporación anunció una enorme rebaja en sus costos y gastos para este año, de 17.000 a 6.000 millones de dólares, para poder sostener en 14.000 millones el presupuesto de inversión en desarrollo de yacimientos y nuevos proyectos.
"Mientras otras empresas petroleras en el mundo cancelan proyectos y despiden gente, nosotros no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro", subrayó Ramírez.
En marzo, por ejemplo, unos 50.000 de los 74.000 empleados de la firma petrolera brasileña Petrobras entraron en conflicto por varias jornadas en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales.
Rafael Zambrano, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela dijo a IPS que, "si bien Pdvsa no despide directamente gente, las empresas contratistas a las que ya no entrega trabajos o con las que se atrasa en los pagos sí han despedido a varios miles de obreros".
Respecto del convenio de trabajo por discutir, "los trabajadores están alertas porque saben que es necesario mejorar todas las cláusulas socio-económicas", dijo Zambrano, y criticó como "una cuestión cínica que el ministro se rebaje 20 por ciento su sueldo de 80.000 bolívares (unos 37.000 dólares) mensuales. Este punto fue rebatido por Ramírez: "Mi sueldo como presidente de Pdvsa es de 10.700 bolívares (5.000 dólares) y no existe directivo alguno en la empresa que devengue por encima de 12.000 bolívares (5.600 dólares) mensuales".
La sudoriental Guayana, asiento de la estatal industria pesada (hierro, acero, bauxita, aluminio, hidroelectricidad), es desde hace meses un hervidero laboral, signado por un proletariado con demandas insatisfechas y empresas que trabajan a pérdidas, como las del aluminio, y que acusan desinversión y obsolescencia tecnológica.
Por ejemplo en la empresa Alcasa, con capacidad para colar 210.000 toneladas de aluminio al año, la producción descendió de 185.000 a 160.000 toneladas entre 2007 y 2008.
"Podría funcionar con 1.000 trabajadores, pero tiene 4.300 y su costo de producción de una tonelada de aluminio es de 4.500 dólares, mientras que el precio internacional llegó a 2.500 dólares en 2008 y ahora está bajo los 1.500 dólares", señaló Fernando Goyenechea, presidente de la Cámara de Industriales y Mineros de la región guayanesa.
Trascendió que ministros del área económica se reunieron con dirigentes sindicales afines al gobierno de izquierda para informarles de la escasez de dinero en las arcas del Estado como para elevar de modo significativo los salarios de los 20.000 obreros de esas empresas.
Hace dos meses, de visita en la zona, Chávez había advertido que "quien paralice una empresa estatal se está metiendo conmigo, con el jefe del Estado", pero en los portones de entrada a las plantas laborales continúan los reclamos porque varios contratos colectivos están vencidos y otros no se aplican al considerar el gobierno que son "excesivos".
En Guayana enfrentan la justicia tres ex directivos del sindicato siderúrgico y ocho obreros de Camila, una firma contratista para transporte de la acería Sidor, por protagonizar en septiembre de 2006 una protesta por malas condiciones de higiene y seguridad, en el curso de la cual paralizaron la operación de montacargas de la empresa.
La sentencia en su caso es inminente y, si son declarados culpables, serán acreedores a más de cinco años de prisión.
Dirigentes del sindicato de la gigantesca represa de Guri (10.000 megavatios/hora) anunciaron que no marcharán este 1 de Mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, "pues no tenemos nada qué celebrar".
Otro tanto decidieron los empleados de la estatizada Electricidad de Caracas, en la capital venezolana, como protesta por la demora de su nuevo patrono, el gobierno, para discutir una nueva convención colectiva.
"Es verdad, no tenemos nada qué celebrar, porque se acentúa la represión contra los trabajadores y sus organizaciones, y se criminaliza la protesta laboral", declaró Orlando Chirino, líder de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, disidente en la central sindical Unión Nacional de Trabajadores, de tendencia afín al chavismo.
En los últimos seis meses, en 15 de las 24 regiones de Venezuela se han desatado 50 conflictos laborales, 32 en el sector privado y el resto en el estatal, en su mayoría por incumplimiento de condiciones de trabajo, pactadas o no en contratos colectivos, y como protesta ante despidos.
Venezuela tiene 28 millones de habitantes y los activos económicamente suman 12,6 millones, 9,5 por ciento de los cuales están hoy desocupados (9,4 por ciento en hombres y 9,7 por ciento en mujeres), según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Los sindicatos destacan que cerca de la mitad de la población activa labora en el sector informal de la economía, en su mayor parte como subempleados. En cuanto al salario, el mínimo en Venezuela pasará este mayo de 371 a 405 dólares mensuales, contrastándosele con la canasta alimentaria, que según el INE alcanzó el pasado trimestre a 427 dólares, y con la inflación, que en 2008 fue de 30 por ciento.
El sindicato de maestros eleva, empero, a más de 800 dólares esa canasta de alimentos, cuyo costo se incrementó 40 por ciento el año pasado.
