La tortura y el asesinato de dos indígenas que documentaron y denunciaron atropellos militares en un paraje rural del estado de Guerrero, sudoeste de México, agrava el cuadro de violencia e impunidad de las zonas campesinas de ese distrito.
¿Hay esperanza de que se haga justicia en este caso? "Por los antecedentes, muy difícilmente sucederá, pero no podemos bajar la guardia", dijo a IPS José Raymundo Díaz, coordinador en Guerrero del no gubernamental Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
En la tarde del viernes 13, y ante unos 50 testigos, tres personas sin uniforme que se dijeron policías secuestraron en el poblado de Ayutla, en Guerrero, a Raúl Lucas, de 39 años, y a Manuel Ponce, de 32, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos.
Lucas y Ponce asistían a la ceremonia de inauguración de una escuela. Minutos antes, se habían retirado del lugar el director de Seguridad Pública de Ayutla, un ex militar, y los policías que lo acompañaban.
Según testigos, los tres hombres armados se identificaron a gritos como policías, subieron a Lucas y Ponce a un vehículo sin placas y se los llevaron.
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Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, reclamaron a las autoridades la inmediata aparición con vida de los dos dirigentes.
Además, entidades de Guerrero, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y las familias de los detenidos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que ordenara al gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de los desaparecidos y estableciera su paradero.
Pero las gestiones no surtieron efecto.
El sábado, los cuerpos de Lucas y Ponce fueron localizados no muy lejos del lugar donde habían sido secuestrados. Estaban enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, envueltos en bolsas de plástico y presentaban huellas de tortura. En uno de los cadáveres se detectó un orificio de bala en la cabeza.
La policía y el gobierno de Guerrero, conducido por Zeferino Torreblanca del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, negaron responsabilidad en los crímenes.
Como dirigentes de una organización local de derechos humanos, Lucas y Ponce habían denunciado atropellos cometidos por soldados en las comunidades de la zona de Ayutla, donde la gran mayoría de los habitantes son indígenas mixtecos, mephaas y musgos.
A pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cuerpos de los dos asesinados, en la localidad de El Charco, soldados mataron a 11 indígenas en junio de 1998. Los militares divulgaron la especie de que habían detectado en una escuela una reunión de guerrilleros y campesinos, y que éstos abrieron fuego contra los uniformados.
Los sobrevivientes de aquella matanza aseguraron que nadie tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados les ordenaron bajar de las aulas al patio de la escuela, donde, sin justificación, procedieron a ejecutar a 11 personas.
El activista Díaz afirma que las violaciones a los derechos humanos en Ayutla y sus alrededores son una constante.
Las Fuerzas Armadas aseguran que han detectado allí columnas del poco activo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Con el pretexto de perseguir guerrilleros, se violan con impunidad los derechos de los indígenas, dijo Díaz.
La zona, de unos 740 kilómetros cuadrados, está ubicada en las estribaciones de una cadena montañosa con pequeños valles. La mayoría de sus 60.000 habitantes son campesinos indígenas y pobres.
En octubre de 2006, Lucas había presentado una denuncia formal contra soldados por haber sido detenido y sometido a interrogatorios sin orden judicial. En febrero de 2007, fue atacado por desconocidos. Recibió un balazo en el cuello, pero pudo salvarse.
"No podemos acusar a una persona en particular por los asesinatos de Lucas y Ponce, pero concluimos por los antecedentes que estas muertes fueron un crimen de Estado", señaló Díaz.
Los cuerpos de los activistas —que habían mantenido viva la denuncia por la matanza de El Charco y por otros hechos— fueron encontrados por agentes policiales a través de un supuesto rastreador de calor para detectar la presencia de cadáveres, explicó Díaz.
Personal del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad acompañó a los familiares de los asesinados a identificar los cadáveres.
En el sepelio, que se realizará este martes en Guerrero, habrá un acto paralelo para exigir el fin del acoso policial y militar contra los campesinos, el esclarecimiento de "tantos hechos irregulares y (que) se sancione a los responsables", informó Díaz.
Pero "vemos difícil que este nuevo caso se resuelva", agregó.
La militarización de zonas indígenas y campesinas de Guerrero data de inicios de los años 70, cuando operaba una guerrilla denominada Partido de los Pobres, fundada por el maestro rural Lucio Cabañas.
De ese grupo —ahogado con operaciones militares a las que siguieron una estela de denuncias de abusos y desapariciones forzadas— surgieron el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y la Unión del Pueblo, más tarde la simiente del Ejército Popular Revolucionario, de corte marxista leninista.
Esta guerrilla apareció en escena en 1996 y de ella se escindieron, entre otros, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
