La bomba de las ejecuciones extrajudiciales que estalló hace cuatro meses en Colombia sigue causando bajas al ejército. Esta vez fue desmantelada una brigada completa, de unos 1.400 hombres, y destituidos 10 oficiales y un suboficial que actuaron en el pasado en un batallón.
Se trata de la Brigada Móvil 15 antiguerrillera, con jurisdicción en la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, y del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, ambos en el nororiente de Colombia y en la frontera con Venezuela. Fueron relevados de sus cargos 250 integrantes de la Móvil 15. La estructura fue reemplazada por completo este viernes por una unidad nueva, la Brigada Móvil 23 de contraguerrilla, cuyos 1.400 integrantes habrían recibido capacitación en derechos humanos, se informó oficialmente.
En el Catatumbo, donde está la provincia de Ocaña, precisamente fue donde estalló en septiembre la bomba de tiempo de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, largamente denunciada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En apariencia, por cuenta de apenas 11 casos, de los miles que reseñan desde hace 30 años los defensores humanitarios, advirtiendo subregistro, fueron destituidos en octubre 30 oficiales y suboficiales de la fuerza de tierra, entre ellos tres generales y 10 coroneles que eran responsables operativos.
Días después renunció a la comandancia del ejército el general Mario Montoya, considerado en los pasillos diplomáticos como uno de los promotores de la práctica, según conoce IPS desde hace un año.
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El Batallón La Popa, por su parte, también entrelaza su nombre con ejecuciones o "falsos positivos", un término militar que considera "positivo" la muerte de un enemigo o cualquier otro acierto en el enfrentamiento armado.
La Popa también está enredado en abusos en coordinación con paramilitares del narcotráfico, parcialmente desmovilizados en 2006 tras pactos con el gobierno de Álvaro Uribe.
El ex comandante de ese batallón, coronel Hernán Mejía, está preso con cargos de trabajo conjunto con esas estructuras de ultraderecha. También es investigado por presentar como guerrilleros abatidos a 18 paramilitares asesinados por sus propios compañeros.
Los 10 oficiales y el suboficial destituidos el miércoles —medida que apenas trascendió al día siguiente— sirvieron en esa unidad en el pasado, pero seguían activos en el ejército.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, sostuvo que los destituidos no tienen por ahora ningún proceso penal. Las conclusiones de la investigación interna serán entregadas a la justicia ordinaria, que en el caso de La Popa tiene denuncias sobre 150 civiles ejecutados.
El gobierno colombiano, tercero en receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel y Egipto, ha sido sometido a fuertes presiones diplomáticas desde comienzos de 2008 por cuenta de esas ejecuciones extrajudiciales.
La Brigada 15 es señalada por ejecuciones en el informe 2008 de derechos humanos del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, que se refiere a hechos de 2007.
Aunque hasta no hace mucho en foros de cooperación internacional con este país andino la propia embajada de Washington en Bogotá daba como ciertas las cifras oficiales del gobierno colombiano sobre bajas, desmovilización o encarcelamiento de guerrilleros, así como sobre paramilitares ultraderechistas desmovilizados.
Al sumar las cifras del Ministerio de Defensa en seis años y medio, desde la ruptura de negociaciones de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el resultado es "sorprendente", según la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
La política de seguridad emprendida desde entonces, inscrita en la "guerra contra el terrorismo" promovida por el anterior gobierno estadounidense, daba un total de 114.259 paramilitares o guerrilleros sustraídos de la confrontación colombiana hasta agosto de 2008.
Codhes obtuvo el dato al sumar reportes oficiales sobre guerrilleros y paramilitares muertos, capturados, desmovilizados colectivamente (como los paramilitares) o desertados individualmente (en el caso de las guerrillas).
En el periodo, el Ministerio de Defensa reporta 12.713 "subversivos abatidos", 2.602 paramilitares muertos, así como 3.948 miembros de la fuerza pública "asesinados".
Este mes, Nacional Security Archives, un equipo investigador con base en la estadounidense Universidad de Georgetown, obtuvo la desclasificación de documentos de seguridad nacional de Estados Unidos.
Los documentos muestran que, al menos desde 1990, las autoridades de ese país estaban al tanto de las ejecuciones extrajudiciales así como de la colaboración entre militares y paramilitares narcotraficantes, mientras incrementaron progresivamente el apoyo a las fuerzas militares colombianas y afirmaban la "guerra contra las drogas" como una prioridad.
En los archivos desclasificados se ve el tono de indignación en algunos reportes de embajadores y otros funcionarios estadounidenses en Colombia.
Respecto de estas contradicciones, el experto estadounidense Adam Isacson, del Center for International Policy con sede en Washington, considera que, "sí ha habido —y sigue habiendo— frustración entre muchos funcionarios estadounidenses por los repetidos escándalos en derechos humanos entre las fuerzas armadas" colombianas.
"Mi impresión es que, a pesar de su indignación, ellos siguen adelante creyendo, en primer lugar, que el interés principal de Estados Unidos, sea antidrogas o contrainsurgencia, es más importante que estos efectos secundarios", expresó Isacson en una entrevista electrónica a IPS.
También los funcionarios creen que "el contacto y el entrenamiento con los soldados estadounidenses llevarán a una reducción de tales abusos", estimó Isacson.
"Muchos funcionarios me han dicho que los abusos de las Fuerzas Armadas en los años 90 se debieron en parte a una falta de contacto con Estados Unidos. No sé a qué atribuyen los abusos de esta década", añadió.
Isacson, gran conocedor de la política estadounidense hacia Colombia, prevé que las prioridades del flamante gobierno de Barack Obama respecto de Colombia no sufrirán un vuelco.
"Creo que sí va a haber cambios, pero no serán muy drásticos", aseveró.
La administración de Obama "seguirá trabajando con las Fuerzas Armadas colombianas, y Colombia probablemente seguirá siendo el primer receptor de ayuda militar en la región", aunque señaló que, con la profundización del narcotráfico y la violencia en México, dicho país "podría llegar a ocupar este puesto".
"Pero el monto de la ayuda (a Colombia) será menor", vaticinó, y ésta "vendrá bajo condiciones en derechos humanos más estrictas".
