Filipinas se enorgullece de su supuesta libertad de prensa. Pero los poderosos pretenden silenciar a los periodistas. Marlene Esperat, asesinada hace tres años de un tiro en la cabeza en su propia casa, es el símbolo de todos los caídos en esta guerra.
Pero el fenómeno no cesa. Leo Mila murió este mes a manos de desconocidos cuando salía de la emisora de radio en la que trabajaba. Fue el octavo periodista asesinado este año.
El no gubernamental Centro de Responsabilidad y Libertad de Prensa (CRLP) informó este mes que 62 periodistas fueron asesinados desde 2001, el mismo año en que Gloria Macapagal-Arroyo asumió la presidencia.
El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, ubicó a Filipinas entre los países más peligrosos para desempeñarse en la función periodística.
"Quienes no toleran críticas están dispuestos a silenciar periodistas asesinándolos en detrimento de la libertad de prensa, pero también del diálogo democrático", declaró la semana pasada el Fondo de Libertad para Periodistas Filipinos (FLPF).
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En noviembre, Aresio Padrigao, de Radyo Natin (Nuestra Radio), fue asesinado por dos desconocidos en motocicleta. El 2 de este mes, Leo Mila, salía de las oficinas de la misma emisora en San Roque cuando fue agredido por desconocidos.
"Es la misma historia de siempre. Fue un ataque contra todos los periodistas. Es un ataque contra la libertad de prensa. Necesitamos pensar de forma colectiva para resistir a la presión y a la intimidación", declaró la semana pasada Melinda Quintos de Jesus, directora ejecutiva del CRLP.
El CRLP integra el FLPF, creado para lidiar con los homicidios de periodistas.
Para De Jesus, la situación se perpetúa debido a una mezcla del frágil respeto a la ley, la debilidad del sistema judicial, las carencias en la investigación policial, la falta de testigos, los pocos recursos económicos, la intimidación y la ausencia de juicios.
"Todo ello contribuye a una cultura de impunidad", subrayó.
El hecho de que la mayoría de los responsables no hayan sido castigados es uno de los elementos considerados más perjudiciales para la libertad de prensa.
Sólo dos de los 37 casos de periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión terminaron en condenas, según CRLP.
En el caso de Esperat, ninguno de los supuestos cerebros del homicidio fue procesado.
Periodista por accidente, Esperat descubrió irregularidades en el Ministerio de Agricultura en la región de Mindanao, donde trabajaba, y decidió denunciarlas en un periódico y en una radio de la meridional ciudad de Sultan Kudarat.
Fue asesinada en marzo de 2005 delante de sus hijos.
Las organizaciones de prensa ayudaron a su familia en la búsqueda de justicia y trataron de que los principales sospechosos del asesinato, los funcionarios del Ministerio Osmena Montaner y Estrella Sabay, fueran procesados.
En octubre, tras varios años de litigios, el tribunal regional ordenó la detención de ambos.
Es difícil para los periodistas confiar en la protección del gobierno.
El abogado Harry Roque señaló que policías y fiscales se quejan del exceso de trabajo y de los bajos salarios, por lo que los periodistas deben hacerse cargo de su propia seguridad.
"Finalmente, las víctimas deben hacerse responsables de lo que les pueda ocurrir", explicó Roque.
Periodistas siguen sufriendo agresiones y hasta el asesinato por denunciar irregularidades y casos de corrupción, señaló Prima Jesusa Quinsayas, asesora legal del FLPF.
"La libertad de prensa tiene cuatros elementos: derecho a la información, acceso a ella, derecho de difusión y libertad para no ser castigados tras la publicación de la denuncia. Todos ellos deben existir para asegurar que la libertad de prensa sea un hecho", señaló Quinsayas al ser entrevistada.
Varios tipos de amenazas se ciernen sobre la libertad de prensa en Filipinas, indicó Quinsayas.
Por ejemplo, la carga de la prueba en los casos de difamación es del acusado. En cambio, en un juicio por calumnia, la justicia asume que hay dolo y la carga de la prueba recae sobre el periodista procesado.
Inciden también el dominio de las poderosas dinastías políticas, en especial en las provincias dónde los periodistas que publican denuncias corren riesgo de sufrir ataques, ser intimidados o hasta de morir.
El asesinato de profesionales de la prensa no sólo debería preocuparlos a ellos, sino a la población en general, señaló De Jesus.
"¿Por qué nos debe importar a todos?", preguntó. "Porque somos un país democrático y todos debemos preocuparnos por defender la democracia."
