Numerosos gobiernos aprueban leyes antiterroristas y las aplican para reprimir a la oposición y restringir las libertades civiles, según el último informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
El estudio se concentra en las consecuencias de la guerra contra el terrorismo, lanzada por Estados Unidos, sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en muchos países. Además, recomienda a la Organización de las naciones Unidas (ONU) un mayor control al respecto.
"Hay una brecha enorme entre la retórica de los gobiernos y la verdadera observancia de los derechos humanos en el terreno", afirma Amnistía en su informe "Seguridad y derechos humanos: Terrorismo y Naciones Unidas".
Amnistía divulgó el estudio el jueves, pocas horas antes del inicio de la reunión especial de la Asamblea General de la ONU para revisar el documento "Estrategia Antiterrorista Mundial", adoptado hace dos años.
Gobiernos de numerosos países violan los derechos humanos en el marco de sus políticas antiterroristas, a pesar de que ninguna norma los faculta a ello, indicaron los autores del estudio.
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Muchos "se apresuraron a aprobar leyes problemáticas, a menudo referidas a delitos mal definidos, que proscriben organizaciones, socavan estándares de juicios justos y suspenden salvaguardias de protección a los derechos humanos", señala el documento.
Gobiernos democráticos y regímenes represivos recurren a la guerra contra el terrorismo para justificar la represión de sus opositores y disidentes.
"Lamentablemente, países que se consideraban promotores de derechos humanos, ahora imponen leyes draconianas", indicaron los autores.
Además de Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra el terrorismo, el informe menciona muchos países, incluidos unos cuantos de Occidente con regímenes democráticos, que socavan sus estándares en materia de derechos humanos en nombre de la seguridad.
Por ejemplo, Dinamarca. Contrariando su imagen de defensa de los derechos básicos, este país amplió la definición de terrorismo y su alcance a "asistir en la instigación de actividades terroristas". De ese modo, la legislación puede aplicarse contra quienes participen en actividades no violentas.
Amnistía criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por no poner suficiente énfasis en los derechos humanos y lo instó a asumir la responsabilidad por las consecuencias negativas que pueda tener sobre ellos la lucha contra el terrorismo.
"Derechos humanos y seguridad van de la mano. Son la clave para la paz", señaló Yvonne Terlingen, representante de Amnistía en la ONU. "La única forma de combatir el terrorismo es con justicia."
El documento de 50 páginas incluye numerosos ejemplos de violaciones de derechos humanas perpetradas en nombre de la seguridad y de la lucha antiterrorista, entre ellos asesinatos, procesos al margen del Poder Judicial, torturas y desaparición forzada.
Amnistía exhortó al Consejo de Seguridad a adoptar un lenguaje "duro e inequívoco" en sus futuras resoluciones en materia de lucha antiterrorista, a fin de que los estados integrantes de la ONU cumplan con sus obligaciones.
Además, recomendó la creación de un mecanismo independiente que analice retirar de su lista de terroristas a sospechosos sujetos a sanciones, y también que provea de un juicio justo a los que figuren a fin de garantizar sus derechos humanos.
Las conclusiones de Amnistía concuerdan con la visión de varias agencias de derechos humanos de la ONU.
Al expresar su preocupación a este respecto en octubre de 2005, de derechos humanos de la ONU, Leandro Despouy, advirtió que la adopción de ciertas nuevas políticas antiterroristas por parte de los gobiernos socavaba los principios del foro mundial en la materia.
Combatir el terrorismo requiere de una acción concertada de la comunidad internacional, indicó Despouy en su informe a la Asamblea General, y una legislación que atenten contra los derechos individuales de beneficiarse de un juicio justo, libertad de expresión, de asamblea o de huelga.
"Nada puede combatir actos irracionales o formas extremas de violencia con mayor efectividad que la sabiduría encarnada en una ley", dijo a la Asamblea General el relator.
Al igual que en anteriores ocasiones, la Asamblea General no pudo llegar el jueves a un consenso acerca de una definición operativa de terrorismo.
Para algunos, el término denota actividades extremistas de actores desvinculados del Estado, pero otros insisten en que algunos Estados son responsables de actos terroristas.
La lucha contra el terrorismo también se usa como "pretexto para justificar la interferencia en los asuntos internos de otros estados, agredir o violar su soberanía nacional", sostuvo la representante cubana Ileana Nuñez Mordoche en la sesión plenaria.
"Es un fenómeno que debe ser combatido por toda la comunidad internacional en un clima de estrecha cooperación, con el debido respeto a la Carta de la ONU y de acuerdo con el derecho internacional", añadió. ***** +No Alineados pide apertura al Consejo de Seguridad (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89585) +Renovación podría alterar rutinas (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89433)
