Los opositores del presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, miden sus pasos conscientes de que la alternativa al actual gobierno democráticamente elegido sería un régimen militar.
Esta convicción ha moderado su respuesta frente el descontento provocado por las incursiones militares estadounidenses ilegales en territorio paquistaní, contra objetivos de la milicia islamista Talibán, y los aumentos en los precios de los alimentos.
Por primera vez en los 61 años de Pakistán como nación-Estado, el ejército ha adoptado una posición política neutral, que se aparta de su tradición intervencionista en política interna, que lo llevó a dar varios golpes de Estado.
Asimismo, aunque anteriores mandatarios no dudaron en disolver gobiernos parlamentarios, Zardari es copresidente del oficialista Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), que tiene al primer ministro Yusuf Raza Gillani como vicepresidente.
Las autoridades se encuentran en una "terrible situación", dijo a IPS Talat Aslam, editor del diario The News, que se publica en Karachi.
[related_articles]
"El PPP siempre representó una posición antiestablishment, durante toda su historia se opuso a la presidencia y ahora está protegiendo al sistema, permitiendo que partidos derechistas como la Liga Musulmana de Pakistán-N de Nawaz Sharif se apropien de la plataforma populista", agregó.
Zardari y el PPP "intentan recuperar algún poder político de los militares, no fomentan un cambio radical", dijo el activista Aasim Sajjad Akhtar, uno de los líderes del movimiento contra el estado de emergencia impuesto en 2007 por el entonces presidente Pervez Musharraf (1999-2008) y a favor de la reincorporación de los jueces desplazados por no alinearse con el gobierno.
La negativa de Zardari de reponer a los magistrados en sus cargos a través de un decreto llevó a la Liga Musulmana de Sharif a abandonar la coalición oficialista. El PPP retuvo el poder formando alianzas con otros ex rivales políticos.
La mayoría de los jueces ya han sido reincorporados, pero los críticos apuntan que el juramento dado al reasumir sus funciones convalida el estado de emergencia declarado por Musharraf el 3 de noviembre y legitimiza a la magistratura encabezada por Abdul Hameed Dogar.
El depuesto presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Muhammad Choudry, y otros colegas se han negado a tomar ese juramento.
Los analistas otorgan al movimiento de abogados, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron para lograr la reincorporación de los jueces buena parte del crédito por la transición política que se produjo en Pakistán.
Muchos consideran que la no restitución de todos los magistrados no implica una derrota del movimiento de los abogados.
"No todos los héroes terminan ganando. Algunos nos mostraron que podemos luchar por lo que creemos. Los abogados mostraron al mundo que los paquistaníes pueden protestar y lanzar un movimiento que desplaza a los poderosos", dijo el analista Kamal Siddiqi.
Akhtar señaló que no es culpa de Zardari que muchos magistrados hayan tomado el nuevo y controvertido juramento.
"Dejando de lado la escasa democracia interna del PPP, el presidente no actúa solo. Podemos no estar de acuerdo con el hecho de que Zardari ocupe ese cargo, pero no podemos estar en desacuerdo con el proceso a través del cual el parlamento toma las decisiones, como la de nombrarlo presidente", dijo a IPS.
"Salimos a la calle contra la dictadura militar para restaurar la democracia. Si no nos gusta el resultado debemos participar para profundizar ese proceso. No existen atajos. Si queremos tomar alguno, podríamos volver a caer en una dictadura", agregó.
La oposición contra el gobierno ganó fuerza tras la incursión de tropas estadounidenses en territorio paquistaní el 3 de septiembre, dos días después de que Zardari asumiera su cargo.
Akhtar reclama a la oposición una actitud madura. "La verdad es que el PPP y sus aliados han cedido virtualmente el control de la política estratégica en las Áreas Tribales Federalmente Administradas al ejército", indicó.
A su juicio, "en lugar de culpar al gobierno por el ataque, tendría más sentido criticarlo por no demandar un mecanismo de decisiones compartidas en la llamada 'guerra contra el terrorismo'".
Muchos consideran que la incapacidad de Pakistán para desalojar a los grupos extremistas de las áreas fronterizas con Afganistán fue un factor que desencadenó la acción militar estadounidense. Las autoridades locales afirman que no fueron informadas sobre los planes.
"Esas incursiones constituyen una clara violación al derecho internacional y pueden tener consecuencias muy negativas", advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir. "Pero, por otra, parte, dejamos pocas opciones a los estadounidenses", dijo a IPS.
Los habitantes de las áreas tribales fronterizas con Afganistán, para quienes la "guerra contra el terrorismo" es una cuestión de vida o muerte, están atrapados entre los talibanes y el ejército paquistaní, y ahora también los misiles de Estados Unidos. Muchos abandonaron sus hogares y el gran número de desplazados internos es otro desafío que debe enfrentar el nuevo gobierno.
El punto central, para el Estado y la sociedad, continúa siendo el conflicto entre civiles y militares, cuyo desenlace en el largo plazo determinará otras cuestiones.
El amplio apoyo al proceso democrático, visible incluso en la posición de las habitualmente enfrentadas facciones políticas, refleja la esperanza de que finalmente se subordinará al ejército al poder civil, se controlará a las agencias de inteligencia y que habrá paz con Afganistán e India.
En esta ocasión, esa esperanza coincide con las de Estados Unidos, que controla buena parte de los fondos que reciben los militares. Queda por verse si el nuevo gobierno de Pakistán tiene el coraje y la habilidad para sacar al país del embrollo en el que se encuentra.
