La conducta del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante el aborto es «una traición» a las mujeres, que fueron «aliadas fundamentales» de la revolución. Por eso el movimiento feminista «se radicalizó» y hoy se declara opositor, dijo a IPS la activista Sofía Montenegro.
Esa acusación no tiene sustento, porque entonces era legal la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, dijo Montenegro, coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Las organizaciones de mujeres intentan que se derogue la ley que, en octubre de 2006, ilegalizó el aborto terapéutico, agregó Montenegro, ex militante del FSLN e impulsora del movimiento feminista en su país.
Antes de esa ley, el Código Penal permitía la interrupción asistida de la gestación cuando la madre corría riesgos de salud o daños psicológicos por haberse embarazado al ser violada, certificados por al menos tres médicos.
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"Si esto fuera una gripe, ya hubieran decretado una epidemia nacional", dijo en referencia a las muertes causadas por la penalización total del aborto.
Montenegro reflexionó sobre estos temas y la política de su país en una entrevista concedida a IPS en el marco del Encuentro Diálogos Consonantes, Redes Feministas de Latinoamérica y el Caribe – el Sistema de Cooperación Español, celebrado en Montevideo entre el 18 y el 20 de este mes.
IPS: —El Movimiento Autónomo de Mujeres ha denunciado acoso del gobierno a algunos activistas. ¿De qué se trata?
SOFÍA MONTENEGRO: —Hay un hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a las que están vinculadas a la lucha por los derechos humanos. Pero en particular denunciamos la acusación a nueve mujeres dirigentes, relacionada con el caso de una niña de nueve años embarazada tras la violación de su padrastro.
Estas compañeras se involucraron en la búsqueda de una solución para esta niña. Se le realizó un aborto, que en ese momento estaba contemplado en la Constitución.
Después de la derogación del aborto terapéutico, un organismo vinculado a la Iglesia Católica y al gobierno presentó una acusación en la fiscalía contra estas compañeras, aunque no tiene ningún sustento.
—¿Qué recursos se han presentado para la defensa?
—Se han hecho reclamos renovados en términos de que la acusación no tiene ninguna validez, sin embargo la mantienen. Y como en Nicaragua hay un proceso de judicialización de la política, esto es una espada de Damocles sobre estas compañeras.
—¿Qué ocurre con los jueces?
—Setenta y cinco por ciento de ellos están controlado por el partido de gobierno, no hay una justicia independiente, los poderes del Estado están sometidos a la voluntad de Ortega. Este es un gobierno que desde el primer día ha pisoteado la Constitución.
—¿Cómo fue el proceso de penalización del aborto terapéutico?
—La Iglesia siempre había querido derogar ese derecho. Fue el oportunismo político de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, el que creó las condiciones apropiadas. Por motivos electorales, hubo un proceso de acercamiento para neutralizar a la Iglesia y que sus llamados contra Ortega no tuvieran efecto.
Fueron los votos de los diputados del FSLN los que facilitaron la derogación del aborto terapéutico, ni siquiera fue la derecha. Esto ha sido una traición a las mujeres, que fueron aliadas fundamentales en la Revolución Sandinista (1978-1979).
—¿Se puede plantear la inconstitucionalidad, como se hizo en Colombia para despenalizar la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias?
—La Corte Suprema de Justicia tiene 36 recursos por inconstitucionalidad presentados por la ciudadanía, pero ha pasado más de un año y medio y no responde.
—¿Hay cifras sobre aumento de mortalidad a raíz de la ley?
—Es difícil la contabilidad por el escamoteo de información. A pesar de que hay una ley de acceso a la información pública, el gobierno maneja todo con un secretismo impresionante.
Lo que sí hay son recuentos manejados por observatorios, que estiman 110 mujeres muertas desde la derogación del aborto terapéutico. Si esto fuera una gripe, ya hubieran decretado una epidemia nacional. Pero se desoyeron las voces de las ciudadanas, de cuanta persona sensata apeló y de la comunidad internacional.
—¿Los médicos no han reaccionado?
—A ellos les caerían cinco años de cárcel si practicaran un aborto. Y aunque noventa y cinco por ciento de la sociedad nicaragüense está en contra de la penalización, ha habido un aumento del mercado negro del aborto y, por lo tanto, se ha incrementado el precio de ese servicio.
—Pero a quienes lo practican les caerían esos cinco años…
—El Estado no tiene capacidad de perseguir a todo el mundo, el problema está en practicarlo en el sistema público de salud, te quitan la licencia y vas presa. Como siempre, el problema recae sobre las más pobres. Quienes tienen más recursos, pueden trasladarse a Costa Rica e incluso a Cuba. Las mujeres del FSLN viajan a ese país a abortar.
Hay una doble moral espantosa. Eso explica la radicalización del movimiento de mujeres, que se ha declarado como un movimiento social de oposición. Y si ellos no nos reconocen como ciudadanas, no los reconocemos como autoridad.
—¿Cuál es la relación actual entre la Iglesia y el gobierno?
—Hay un concordato entre el gobierno y un sector de la jerarquía católica y también con la protestante. Ortega inventó una Comisión Nacional de Reconciliación, que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo.
La injerencia de la Iglesia en las políticas públicas es escandalosa. Existe una sacralización de la política, aunque Nicaragua es un Estado laico, ahora hay una confusión entre Estado, Iglesia y familia. Digamos que hemos vuelto a la premodernidad.
—¿Qué papel juega la oposición?
—Acaban de retirarle la personalidad jurídica a dos partidos, el Movimiento Renovador Sandinista, que se organizó a partir de la disidencia del FSLN, y el Partido Conservador, por una resolución arbitraria, a la luz de todos los organismos civiles de observación electoral, que señalan que cumplieron con todos los requisitos para estar legalmente inscriptos y participar en las contiendas municipales de noviembre.
—¿Cómo opera el Partido Liberal?
—Está subordinado al FSLN por la condición de convicto del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002, condenado en 2003 a 20 años de prisión por corrupción, que cumple en su domicilio). Ortega utiliza la amenaza de encarcelarlo y éste sede para mantenerse fuera de prisión. Ellos se necesitan mutuamente, entre otras cosas para establecer un bipartidismo forzado.
—Frente a este panorama, ¿qué alternativas ve para las elecciones municipales de noviembre?
—El pueblo tiene el recurso de declarar desiertos los comicios, o hay unas elecciones transparentes o no las hay. Es necesario mantener los equilibrios. En eso hay un consenso, nos ha costado demasiado. Por eso el próximo viernes 27 hay una marcha de la sociedad civil que podría desembocar en un paro nacional para forzar a Ortega a respetar la Constitución y la personería jurídica de los partidos.
