Tras una jornada de protestas en ciudades de todo el país, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció este martes el envío al Congreso legislativo un proyecto para debatir su controvertida decisión de marzo de aumentar el impuesto a las exportaciones de oleaginosas.
"Quiero darle a esa decisión que tomé más contenido democrático, y para eso voy a enviar al parlamento de la Nación un proyecto de ley sobre las retenciones móviles (los derechos de exportación), más allá de que la medida actual siga vigente", dijo Fernández en un acto en la Casa Rosada, sede de la presidencia.
Juristas consultados por IPS habían señalado, horas antes, la necesidad urgente de que el Poder Legislativo y el Judicial jugaran papeles más activos para tratar de encausar la profunda crisis desatada entre el Ejecutivo y los gremios agropecuarios, que está provocando una marcada inestabilidad social y política.
El partido gobernante tiene mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, por tratarse de un asunto que afecta directamente a la economía de las provincias, no es seguro que los legisladores consideren sólo sus lealtades partidarias luego de un debate abierto en el que deberán tomar posición en forma individual.
Están abiertas las opciones de que el proyecto del gobierno —presentado este mismo martes en la cámara baja— sea modificado en el parlamento.
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El diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del gobernante Frente para la Victoria, había defendido ante IPS la atribución presidencial para aumentar el impuesto, por tratarse de un asunto aduanero cuya jurisdicción cae en la órbita del Poder Ejecutivo. Pero los hechos condujeron a este cambio.
El anuncio de Fernández se hizo después de que el vicepresidente Julio Cobos, un aliado de la fuerza gobernante, proveniente de la opositora Unión Cívica Radical, pidiera al Congreso "ocupar un rol central en la búsqueda de una solución".
Cobos, que preside el Senado, había convocado este martes a una sesión extraordinaria para debatir la cuestión, que no llegó a celebrarse por el anuncio de la mandataria.
La decisión de Fernández fue inicialmente bien recibida por los dirigentes agropecuarios, si bien decidieron posponer una respuesta hasta la tarde de este miércoles.
El presidente de la Federación Agraria Argentina en la oriental provincia de Entre Ríos, Alfredo De Angelis, dijo que era "un avance" que permitía albergar "esperanzas de una solución" al conflicto que ya lleva casi 100 días.
Fernández, que asumió en diciembre, había resuelto el 11 de marzo aumentar de 35 a 44 por ciento la alícuota del impuesto a las exportaciones de soja y de 32 a 39 por ciento la de girasol, argumentando que los nuevos valores internacionales de esos productos daban a los productores y comercializadores una renta extraordinaria.
Ante ella surgió una airada reacción de las cuatro entidades que reúnen a productores grandes, medianos y pequeños, sociedades rurales y cooperativas que adoptaron drásticas medidas de fuerza, como cortes de carreteras en todo el país y paro en la comercialización de carnes y granos.
La escasez afecta ya el suministro de alimentos, combustibles, insumos industriales y medicamentos.
El lunes, en ciudades de todas las provincias, miles de personas convocadas mediante mensajes por teléfonos celulares se volcaron a las calles para hacer sonar cacerolas y bocinas en protesta por la permanencia del conflicto y la falta de diálogo. Algunos, enojados, reclamaron la renuncia de la presidenta.
Un día después, en el marco de un acto por el 53 aniversario del bombardeo militar a la Casa Rosada y la Plaza de Mayo contra el presidente Juan Perón (1946-1955 y 1973-1974), la mandataria dijo que el mejor homenaje a las víctimas de aquel ataque era "reconstruir el sistema político para que todos puedan sentirse representados".
Fernández aclaró que mientras la iniciativa se debata seguirá en vigencia el actual aumento, así como el mecanismo de flexibilización por el cual la alícuota sube o baja según cómo evolucionen los precios internacionales de los granos.
La presidenta también pidió que el Poder Judicial intervenga ante los bloqueos del tránsito, que llegaron a ser cientos en las provincias en el pico de la crisis, y solicitó a los gremios agropecuarios que abandonen definitivamente los cortes de carreteras y el paro para regresar al diálogo con el gobierno.
Ante este largo conflicto, la Corte Suprema de Justicia pudo haber llamado a una audiencia pública "para hacer transparente un debate que tiene aspectos muy discutibles", opinó el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
En cuanto al Poder Legislativo, "tiene derecho a recuperar facultades que en los últimos años delegó en el Poder Ejecutivo por razones de fidelidad política o de sometimiento", dijo a IPS. "El Congreso no está debilitado, pero aceptó ceder atribuciones y ahora debe retomarlas", evaluó.
Del mismo modo, el jurista Eduardo Oteiza, autor del libro "La Corte Suprema. Entre la justicia sin política y la política sin justicia", sostuvo que la legalidad del aumento de la alícuota no está clara. Pero advirtió que la causa principal de la crisis no está allí, sino en el rechazo social a prácticas políticas del gobierno. En su opinión, "si la Corte Suprema se pronunciara, sería un error estratégico porque el conflicto persistiría", aseguró a IPS. Eso podía advertirse en las protestas del lunes, cuando muchos manifestantes exigían en improvisadas pancartas que la presidenta dejara de confrontar y convocara a un diálogo "sin soberbia".
Para el abogado Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, "es difícil que una decisión judicial pueda resolver un problema político" de esta magnitud.
En los últimos años, muchas decisiones del Ejecutivo "fueron horadando el poder del Congreso" y por eso frente a una crisis como la actual aparece como "un actor político debilitado" frente a la opinión pública, dijo Saba a IPS. Sin embargo, el conflicto es también una oportunidad para un cambio.
Los juristas coincidieron en señalar que si no se refuerza el papel de estos poderes, las dificultades del Ejecutivo por encausar la crisis tan prolongada lo ponen ante un serio riesgo institucional. "Lamentablemente, Argentina tiene una historia de quiebres institucionales recurrentes", advirtió Saba.
Se refería a los golpes de Estado recurrentes durante el siglo XX y a las crisis de inestabilidad que derivaron en renuncias traumáticas de los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989), Fernando De la Rúa (1999-2001), Adolfo Rodríguez Saa (2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003). Para Gargarella, "una renuncia anticipada sería gravísima e indeseable, pero cuando la historia muestra que la regla es la inestabilidad, en una crisis así estamos demasiado cerca de cumplirla una vez más", alertó.
