Perú pasó del puesto 52 al 28 en un estudio internacional sobre competitividad minera en el mundo, superando a Brasil, Argentina, Rusia, Sudáfrica y Bolivia. ¿Cuánto se benefician de ese avance las poblaciones y el ambiente de las zonas ricas en minerales?
En Perú, todo el territorio del distrito Encañada, en la región norteña de Cajamarca, fue cedido en concesión por el Estado a las compañías mineras, incluido el palacio municipal, los parques y hasta el cementerio.
Así como Encañada, los subsuelos de varios pueblos han sido entregados en concesión —sin conocerse en muchos casos la situación de los suelos superficiales—, como parte de la política de priorizar la inversión minera en un contexto de elevados precios internacionales de estas materias primas.
Perú se ha convertido en un escenario favorable para las inversiones por su estabilidad política y tributaria, asegura el "Informe sobre empresas mineras 2007-2008", publicado el 28 de febrero y elaborado a partir de una encuesta a 372 empresarios de la minería en el mundo.
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Este país andino y amazónico es el principal productor de oro, plata, zinc, plomo y estaño de América Latina. La minería le aporta cerca de 60 por ciento de sus ingresos por exportaciones.
Pero no todo mejoró al mismo ritmo que la competitividad. Según un informe del Banco Mundial de 2006, el costo de la degradación ambiental asciende en este país a 3,9 por ciento del producto interno bruto (PIB), pero el Estado invierte apenas 0,3 por ciento del PIB para prevenirla o remediarla.
"Sin duda las facilidades para las empresas crecieron, pero lamentablemente en desmedro de la protección ambiental y el beneficio de los pobladores, que no gozan de estas ganancias extraordinarias que tienen las empresas por el auge de los precios", opina el economista José de Echave, responsable del programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción.
Mientras, el proyecto final para la creación del Ministerio del Ambiente no le garantiza potestades para fiscalizar la explotación minera, se quejan organizaciones no gubernamentales.
Entre las variables que evaluó el Instituto Fraser, se encuentra el aspecto tributario. En este punto, los empresarios encuestados señalaron que, si bien en los dos últimos años hubo una tendencia a exigir el pago de regalías, confían en que en el futuro inmediato no habrá ningún cambio en los impuestos que paga el sector.
El presidente Alan García se comprometió en su campaña electoral a renegociar los contratos de estabilidad tributaria con las empresas para cobrarles regalías y un impuesto a las ganancias extraordinarias, aprovechando el auge de los precios.
Pero, tras ser investido en julio de 2006, García desistió de esa intención para no caer en una trampa jurídica con las empresas, según dijo, y a cambio negoció con ellas un aporte voluntario de 172,4 millones de dólares anuales durante los cinco años de su gestión, siempre y cuando el precio de los metales siguiera en auge.
Los contratos de estabilidad tributaria fueron firmados con el sector privado durante la gestión del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y congelaron el pago de impuestos para promover la inversión. En razón de esos acuerdos, 25 de las grandes compañías mineras no pagan regalías.
El Estado dejó de recaudar casi 2.700 millones de dólares entre 2006 y 2007 por no cobrar las regalías ni aplicar el prometido impuesto a las ganancias extraordinarias, afirma un estudio elaborado por la no gubernamental Propuesta Ciudadana, con base en datos oficiales.
En 2006, las mayores empresas del sector obtuvieron 3.448 millones de dólares de ganancias adicionales y en 2007 acumularon otros 4.137 millones de dólares.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Ysaac Cruz, cree que los convenios de estabilidad que auspició Fujimori fueron una "importante herramienta" que convirtió a Perú "en una de las naciones más atractivas para la inversión en América Latina".
Entre 1992 y 2007, las empresas del sector minero y energético generaron inversiones que superan los 24.150 millones de dólares, dijo Cruz. Además, la minería aportó al Estado 3.000 millones de dólares en 2006 y más de 3.500 millones en 2007, por concepto de impuesto a la renta, agregó.
La mitad de los montos percibidos por este tributo deben distribuirse a las regiones mediante el canon minero. Pero los datos indican que la pobreza no se reduce en las zonas mineras.
En Cajamarca, donde opera Yanacocha, la mina de oro más importante de la región desde hace 15 años —cuyo principal propietario es la corporación estadounidense Newmont—, los pobres constituyen 75 por ciento de la población y los indigentes 50 por ciento.
"Quizás deberíamos entender el concepto de competitividad en términos de bienestar de las naciones para colocar la economía al servicio de la sociedad sin que se someta los derechos de la gente a los intereses empresariales", dijo a IPS desde Cajamarca el sacerdote Marco Aranda, fundador del no gubernamental Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible).
A pesar de que los pobladores se oponen al proyecto minero Majaz en las alturas de la región norteña de Piura, el gobierno de García firmó en 2007 un convenio de estabilidad tributaria con esa compañía.
El conflicto de la comunidad con Majaz, propiedad de capitales chinos, ha dejado dos muertos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra campesinos que intervinieron en las protestas contra la minera, según la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.
De hecho, al mismo tiempo que crece el interés gubernamental por promover las inversiones mineras, aumenta el rechazo de los pobladores que viven cerca de los yacimientos, por temor a que se contaminen sus ríos y sembradíos.
Entre 2002 y mayo de 2007, la proporción de terrenos autorizados por el gobierno central para la actividad minera aumentó en 77,4 por ciento, según CooperAcción, mientras los conflictos ambientales crecieron en 40 por ciento, de acuerdo a informes de la Defensoría del Pueblo.
De Echave considera que esta relación entre los permisos mineros y los conflictos se debe a que el gobierno no pone la misma dedicación en promover las inversiones que en fiscalizar de manera efectiva a las empresas para recuperar la gobernabilidad en las zonas mineras.
En el informe del Instituto Fraser, los propios empresarios señalan un retroceso en el manejo de los conflictos sociales, lo cual hace más difícil encontrar una mejor comunicación entre los actores.
La avalancha de recursos ha tomado por sorpresa a muchos gobiernos locales y regionales. El distrito de San Marcos, en la occidental región de Ancash, pasó de recibir 203.928 dólares en 2005 a más de 75 millones de dólares en 2007 por canon minero. Pero buena parte de esos recursos todavía no se han invertido para aliviar las carencias de sus 12.000 habitantes.
"Para justificarse, el gobierno se enfrenta a las regiones y las responsabiliza de no hacer obras con el canon minero para reducir la pobreza, cuando lo que debería hacer es fortalecerlas para que exista mayor eficacia en el gasto", dijo a IPS Nilton Quiñones, especialista en industrias extractivas de Propuesta Ciudadana.
"Por eso el reto del Estado radica hoy en ver qué hacemos para que ese interés de los inversionistas realmente se convierta en beneficio para la mayoría", concluyó Quiñones.
