Las acusaciones de corrupción contra el secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño, brazo derecho del presidente Felipe Calderón, han puesto contra la pared al gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Entre 2000 y 2004, siendo diputado del PAN, presidente de la Comisión de Energía de la cámara baja y luego asesor de la Secretaría de Energía, Mouriño firmó siete contratos con la petrolera estatal Pemex, como apoderado de las empresas de su familia dedicadas al transporte y venta de combustibles.
El valor de esos negocios ronda los cuatro millones de dólares. La existencia de esos contratos fue denunciada por el líder político Andrés López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal fuerza opositora.
En 2007, cuando Mouriño era jefe de la Oficina de la Presidencia de Calderón, promovió a su amigo de la infancia, Karim Elías Bobadilla, al cargo de jefe del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, entre cuyas funciones está la "investigación de delitos, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios", según una investigación publicada por Reporte Índigo.
Bobadilla había trabajado como ejecutivo del Grupo Energético del Sureste (GES) propiedad del padre del ministro, Carlos Mouriño.
El de Bobadilla fue uno de tres nombramientos de personas del círculo estrecho de Mouriño en funciones vinculadas a los intereses del grupo de empresas familiares.
Durante el año pasado, la empresa Constructora Escalante, propiedad de la familia de la esposa de Mouriño, obtuvo a través de licitaciones contratos públicos por unos 16 millones de dólares, cuando en años anteriores jamás había logrado por esa vía negocios superiores a los dos o tres millones de dólares.
El martes, el secretario de Gobernación (ministro del Interior) entregó a la Procuraduría General (fiscalía), la Secretaría de la Función Pública y al Poder Legislativo copias de los contratos que firmó con Pemex como apoderado de las empresas familiares GES e Ivancar.
Los tres organismos han prometido investigar los hechos denunciados.
Mouriño se defendió alegando que el PRD ventiló los contratos para impugnarlo y atacar al gobierno y cuestionó que la oposición no haya presentado aún una denuncia formal ante la justicia.
Las acciones de Mouriño como apoderado legal de empresas y funcionario violaron "con claridad" la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente desde 2002, por lo que podría ser destituido, multado e inhabilitado para la función estatal, dijo a IPS el jurista Daniel Márquez.
Esa ley señala que cualquier funcionario público "habrá de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o sus parientes consanguíneos".
"Hay una clara infracción, no se trata sólo de una acción inmoral, como algunos creen, pues como funcionario no se puede además servir a intereses privados", sentenció Márquez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Márquez indicó que el secretario de Gobernación podría también enfrentar cargos penales si se comprueba que cometió "tráfico de influencias", es decir uso de su poder dentro del Estado para ubicar a personas allegadas en diferentes cargos para que lo encubran, beneficien o enriquezcan.
Si se demostrara su culpabilidad, las sanciones podrían ser de hasta seis años de cárcel.
Pero para el litigante Eduardo Nieto, "con un buen abogado" Mouriño podría demostrar que no cometió delitos.
"Firmar como apoderado legal, pero sin que se compruebe la participación del funcionario en la negociación del acuerdo o contrato y sin que se encuentren beneficios tangibles o especiales para sus allegados, puede ser poco ético, pero ciertamente no lo veo ilegal", sostuvo Nieto.
El abogado señaló que los contratos fueron firmados por Mouriño cuando ya no era accionista de GES e Ivancar y cuando estaba en marcha un proceso para ser sustituido como su representante legal.
Para el opositor Frente Amplio Progresista, conformado por el PRD y otras dos pequeñas fuerzas, las denuncias demuestran que Mouriño usó sus cargos públicos para favorecer a su familia y es responsable de "tráfico de influencias". Por eso pide su destitución inmediata y ha reclamado una comisión investigadora en el parlamento.
Las primeras imputaciones contra Mouriño fueron presentadas en febrero por López Obrador, ex candidato presidencial del PRD y acérrimo adversario del presidente Calderón.
"No tenemos por qué creerle ni a la oposición ni al gobierno", señaló María Amparo Casar, politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
"Lo que se necesita es que se interponga una denuncia, que se monte una investigación, que las partes presenten sus alegatos y que las instancias autorizadas para ello juzguen si hay delito que perseguir o no. Vaya, que se abandone la vía política y arranque la jurídica", añadió.
Ese cauce quedó abierto en la Procuraduría y en la Secretaría de la Función Pública, que recibieron el jueves un pedido de investigación del mismo Mouriño. Mientras, en el Congreso legislativo, los legisladores del PAN y del Partido Revolucionario Institucional han puesto objeciones a los alcances de una comisión investigadora propuesta por el Frente Amplio Progresista.
El jurista Márquez apuntó que "en este caso, aunque pueden haberse cometido faltas graves o leves, sería muy difícil llegar a un fallo jurídico no contaminado de la política".
Tanto la Procuraduría como la Secretaría de la Función Pública dependen del Poder Ejecutivo, "aunque tienen cierta independencia", mientras en el Congreso se tramita "una investigación política".
Mouriño, investido en enero en la poderosa cartera, es el encargado de las relaciones políticas del gobierno y por tanto de las negociaciones sobre varios proyectos, entre ellos una reforma legal a la empresa estatal Pemex, ahora afectada por una grave crisis financiera.
Para el PRD, el gobierno quiere privatizar Pemex para beneficiar a empresas como las de Mouriño.
Las denuncias de corrupción han hecho mella en la imagen del gobierno de Calderón, que había agitado la bandera de la transparencia en su campaña electoral.
Por ahora, el mandatario no da señales sobre una sustitución de su ministro y amigo.
Para Mauricio Merino, columnista del diario El Universal, aun si los actos de Mouriño no cruzaron la frontera de la legalidad, su pérdida de autoridad como "servidor público" es evidente, sobre todo cuando tiene a su cargo negociar las reformas del sector energético, donde su familia tiene fuertes intereses.
