El sindicalismo mundial convoca para el 6 de marzo, en 150 países, a rendir homenaje a las víctimas en Colombia de los paramilitares de ultraderecha y de sus aliados en el Estado, la política y el empresariado.
La Confederación Sindical Internacional "ha orientado a todos los países donde tenemos presencia, son 150, a hacer actos frente a las embajadas o consulados de Colombia", explicó a IPS Carlos Rodríguez, presidente de Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal central sindical del país.
"Es una forma de acompañar la movilización y de acompañar la exigencia nuestra de verdad, a propósito de los 2.574 sindicalistas asesinados", agregó.
La manifestación, denominada "Por los desaparecidos, los desplazados, los masacrados y los ejecutados", comenzó a organizarse en octubre pasado y es con motivo del inicio, el 6 de marzo en Bogotá, del IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que contará con la asistencia de más de 1.500 delegados de todo el país.
Pero la demostración tomó mayor calibre tras la marcha gigantesca del 4 de este mes, que fue únicamente "contra las FARC" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla izquierdista surgida en 1964 que comete secuestros extorsivos, toma de rehenes civiles y otras violaciones.
La marcha "contra las FARC" recibió pleno respaldo del gobierno derechista de Álvaro Uribe, que activó las misiones diplomáticas de Colombia para citar a la diáspora a la protesta.
Las empresas dieron libre a sus empleados para que asistieran a esa manifestación. Aparecieron centenares de vallas publicitarias y centenares de miles de camisetas con los lemas "No más secuestro", "No más FARC" y "Colombia soy yo".
Ese apoyo no se verá en la movilización del 6 de marzo, aunque el gobierno anunció que "garantiza" su realización.
Antes, el principal asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, generó rechazo porque sostuvo que se trata de una manifestación organizada por las FARC, debido a que una página de Internet afín a esa insurgencia la respaldó.
Al tiempo, en el sudoccidental departamento de Nariño, frontera con Ecuador y donde campea la guerra, las organizaciones que promueven la manifestación fueron declaradas "objetivo militar" por un grupo paramilitar activo en la zona.
La firma semiestatal de hidrocarburos Ecopetrol dio asueto a sus trabajadores para que asistieran a la marcha de febrero, pero sancionará a quienes falten a sus labores el 6 de marzo, informó el sindicato.
La manifestación central será hacia la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde el poeta colombiano William Ospina leerá una proclama, y el Movice un comunicado.
Igual que la marcha del 4 de febrero, la de las víctimas de paramilitares y militares tiene grupos que la convocan o la rechazan, en la red social de Internet Facebook.
Los símbolos que propone el Movice para la manifestación del 6 de marzo parecen querer neutralizar la fuerte y creciente polarización: cada caminante es invitado a portar fotografías de víctimas, y el lema será "Colombia somos todos".
Este lema se decidió en reuniones entre indígenas, negros, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y familiares de opositores asesinados.
"Decir 'Colombia soy yo', como se dijo en la marcha anterior, es decir que la Colombia que yo reconozco es la Colombia que piensa como yo", dijo a IPS la psicóloga Claudia Girón, miembro del Movice.
"Consideramos que es importante la pluralidad, la diversidad. Es más importante decir que Colombia somos todos, independientemente de que no pensemos igual", señaló.
En el Movice "no nos hacemos los de la vista gorda frente a los crímenes que cometen los grupos guerrilleros, pero un Estado que viola los derechos humanos es un problema de otro nivel, porque no es cualquier actor. Supuestamente es el garante de los derechos", apuntó Girón.
"Eso no quiere decir que el dolor de las víctimas de los grupos insurgentes no sea igual a nuestro dolor. Consideramos profundamente lo que ellos son, como humanos, y repudiamos los crímenes cometidos en su contra", agregó.
Unas 90.000 personas están registradas como víctimas del paramilitarismo en la Fiscalía General de la Nación, pero el total ronda los cuatro millones de personas, la mayoría campesinos desplazados forzadamente de sus hogares y que perdieron sus tierras.
Más de 1.700 indígenas han sido asesinados (de cerca de un millón de aborígenes), y un partido opositor completo, la Unión Patriótica, fue borrado a tiros.
Solos, o en colaboración con la fuerza pública, los paramilitares hicieron desaparecer 15.000 personas. Desde su surgimiento en diciembre de 1982, y hasta 2005, cometieron más de 3.500 masacres. En su momento fueron responsables de 80 por ciento de los crímenes en la guerra civil colombiana.
Tras pactos con el gobierno, hicieron un cese del fuego en diciembre de 2002 y se desmovilizaron parcialmente, pero desde entonces matan cada año a unas 600 personas, todas cifras del Movice.
Es en todo caso una disminución, como reclama el gobierno, que decretó que los ejércitos paramilitares ya no existen, sólo bandas criminales.
Por otra parte, una investigación multidisciplinaria en 2007 mostró que desde 2002, cuando se lanzó la guerra total contra las FARC, miembros del ejército han ejecutado a más de 950 personas, reportando a la mayoría como guerrilleros.
La práctica tendría que disminuir a partir de una reciente medida gubernamental, que dispone que un experto en derecho internacional humanitario acompañe en terreno a cada unidad de la fuerza pública.
Según los propios jefes paramilitares, llegaron a controlar el 35 por ciento del parlamento. El servicio de inteligencia civil, DAS por sus siglas, sucumbió al paramilitarismo durante el primer mandato de Uribe (2002-2006).
Unos 75 políticos, casi todos oficialistas, están en la mira de la justicia por distintos grados de compromiso con esas fuerzas irregulares, incluido el primo del presidente, Mario Uribe, quien renunció a su escaño en el Senado.
En este escándalo, conocido como parapolítica, "todo el cuerpo de investigadores ha sido amenazado", dijo a IPS Luz Marina Hache, vicepresidente suplente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que está en el Movice e irá a la manifestación del 6.
"El 15 de noviembre de 2007, la compañera Judith Faride, investigadora de la parapolítica, fue asesinada en Santa Marta (capital del septentrional departamento del Magdalena), y los paramilitares se atribuyeron el asesinato", agregó.
"Hemos tenido víctimas de todos los sectores, pero únicamente los paramilitares han desaparecido a integrantes de la rama judicial", contra la que "han atentado abiertamente", precisó.
Señaló que Asonal busca que haya verdad, justicia, reparación y no repetición del esquema criminal, y que "la rama judicial está llamando a respaldar a la Corte Suprema de Justicia y a la valentía que ha tenido para proceder a destapar parte de la olla que ha habido en Colombia por el paramilitarismo", señaló.
La Asonal reporta 345 asesinatos, 37 desapariciones y 55 exilios en la rama judicial desde 1987.
"Por favor, únase a ellos en cualquier forma que usted pueda", llamó el viernes el lingüista estadounidense Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets, a través de la Colombia Support Network (Red de Apoyo a Colombia), que promueve una vigilia internacional el 6 de marzo.
Se trata de "una medida valiente de las víctimas y de quienes les brindan apoyo, en Colombia y en todo el mundo. Es una vehemente súplica para que se ponga fin definitivamente a este salvajismo", añade el académico.
Mensaje de Noam Chomsky en apoyo a la manifestación del 6 de marzo (español e inglés) (http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=119)
