La detención en Estados Unidos de tres venezolanos y un uruguayo acusados de espías se enmarca, según la fiscalía, en la investigación de un supuesto plan tramado en el estado de Florida por Caracas para financiar ilegalmente la campaña que llevó a la presidencia de Argentina a Cristina Fernández.
El caso de supuesto espionaje está relacionado con el escándalo que estalló en Argentina en agosto, cuando se requisó una valija con 800.000 dólares en billetes sin declarar que portaba Guido Antonini, de nacionalidad venezolano-estadounidense y con residencia en Miami.
La acción de la policía aduanera se concretó en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, en momentos que se controlaba el ingreso al país de los pasajeros de un vuelo privado contratado por Enarsa, compañía energética pública de Argentina, procedente de Caracas, y en el que viajaban funcionarios de esa empresa y de la estatal compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Ante la partida de Antonini tres días después de Argentina sin reclamar el dinero, que hasta ese momento sólo era pasible de una abultada multa, tomó intervención la justicia de ese país, que abrió una causa por contrabando y días después pidió la extradición del imputado a Estados Unidos.
Por eso llamó la atención que la justicia de este país no respondiera aún favorablemente el pedido y, en cambio, coordinara con Antonini para investigar a los ahora detenidos.
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Desde Buenos Aires y Caracas también se advirtió de la coincidencia de esta acción judicial estadounidense, un día después de la asunción de Fernández como presidenta de Argentina y días después del referendo en Venezuela que desechó la propuesta de reforma constitucional del presidente Hugo Chávez, en un contexto de tensiones entre Washington y Caracas.
Funcionarios del Buró Federal de Inteligencia (FBI) de Estados Unidos afirmaron en su informe a la fiscalía que en el sudoriental estado de Florida se urdió un plan del gobierno venezolano para colaborar con cientos de miles de dólares en la campaña de un candidato a las elecciones presidenciales de octubre en Argentina.
Una portavoz del FBI que solicitó reserva de su identidad aseguró en Miami que intervenciones telefónicas realizadas por esa agencia dan cuenta de esa trama para llevar de forma clandestina dinero en efectivo a Buenos Aires, para ayudar a la campaña de Fernández, quien el lunes sucedió a su esposo, Néstor Kirchner, al timón del gobierno argentino.
Los venezolanos Franklin Durán, Moisés Maiónica y Calos Kauffman, y el uruguayo residente en Estados Unidos Rodolfo Wenseele Paciello, fueron detenidos el miércoles en Miami bajo sospecha de actuar y conspirar como agentes del gobierno de Chávez sin permiso de las autoridades de Estados Unidos.
«El hecho se concretó aquí, las reuniones se realizaron aquí», lo cual constituye un delito grave en esta jurisdicción, indicó a IPS la portavoz del FBI, aunque añadió que aún no se sabe de dónde salió el dinero.
El fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill declaró el miércoles que en las grabaciones se escucha a los cuatro hombres conspirar para aportar 800.000 dólares a la campaña de Fernández en representación del gobierno de Chávez.
Mulvihill asegura, además, que los acusados trataron de tapar el destino final del dinero y se especula que intimidaron a Antonini Wilson para que no revelara la supuesta vinculación de Caracas en el caso.
También Kenneth Wainstein, asistente del fiscal para seguridad nacional, señaló que «la queja actual describe un presunto complot de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami a fin de mantener tapado un creciente escándalo internacional».
Un funcionario del Departamento de Justicia (fiscalía general) en Washington se negó a comentar la investigación en curso, pero explicó que los demandados son acusados de ser «agentes extranjeros de una potencia extranjera», otro cargo similar o espionaje.
No es la primera vez que el gobierno de Chávez es acusado por funcionarios estadounidenses de tratar de influir en un resultado electoral en América Latina.
En ese marco, Fernández salió al cruce de las declaraciones que la involucraban calificando el asunto de «basurales de la política internacional».
Esos «basurales indican tragicómicamente la involución de la seriedad y el desarrollo de las relaciones» entre países, dijo la flamante mandataria al hablar esta semana en un alto de una reunión sobre residuos urbanos y otros asuntos ambientales.
«Más que países amigos, quieren países empleados y subordinados», añadió, en alusión a una supuesta ingerencia de Washington respecto de los vínculos estrechos de Buenos Aires con Caracas.
«Voy a seguir afirmando la necesidad de profundizar y ampliar el Mercosur (Mercado Común del Sur)», que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y en camino de hacerlo Venezuela, y también «trabajaré fuertemente en la construcción del Banco del Sur que nos permita herramientas financieras alternativa a las que sólo han causado dolor y tragedia social en latinoamérica», apuntó.
A continuación, agregó: «Argentina nunca necesitó que le señalen y habiliten quiénes deben ser nuestros amigos, pues tenemos una profunda convicción en la autodeterminación de los pueblos».
Pero también el abogado Ricardo Monner Sans se interesó en Buenos Aires por el caso y presentó un escrito adjuntado el informe del FBI de Miami y el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense ante la fiscal que entiende en la causa por contrabando, que sigue su trámite sin que hasta ahora haya ningún detenido, según se informó en esa sede a IPS.
Hasta ahora, la justicia argentina sólo está a la espera de la extradición de Antonini, el cual, según las novedades surgidas en Miami, no parece en vías de ser concedida. Mientras, en Venezuela, cuya justicia no intervino en el caso, ni siquiera están en curso las investigaciones administrativas anunciadas.
* Con aportes de Carmen Gentile, desde Miami, y Marcela Valente, desde Buenos Aires.
