Las violaciones de derechos humanos siguen siendo graves en Ciudad Bolívar, suburbio pobre del extremo sudoccidental de Bogotá en el que viven trabajadores, desplazados y desmovilizados de grupos armados ilegales, pese a algunos avances que muestran las estadísticas.
Muchos desplazados que escaparon de la violencia se encuentran en Ciudad Bolívar con los mismos peligros que querían dejar atrás.
Ciudad Bolívar se expande sobre las colinas que bordean la capital en límites con la zona rural. Sus primeros pobladores fueron obreros y trabajadores nativos que llegaron a comienzos de los años 80, testigos del crecimiento urbano por efecto de la guerra interna colombiana de casi medio siglo, de la que huyen habitantes de casi todo el país.
Cuarenta y seis por ciento de la población que llega a la capital se asienta en Ciudad Bolívar, según estadísticas de la distrital Secretaría de Gobierno. En una ciudad de siete millones de habitantes, 850.000 personas habitan la zona. Setenta por ciento son menores de 26 años, una franja etaria disputada y perseguida por grupos armados ilegales, guerrilleros de izquierda y paramilitares de ultraderecha que han dominado el sector.
"Las cumbres de agresión contra los jóvenes en la zona fueron en 1998 y 1999. (Ésta) disminuyó, para recrudecer en 2004 y alcanzar el pico máximo en 2005, con 386 homicidios, 50 contra jóvenes", dijo a IPS Jairo Vargas, coordinador de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
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"A finales de 2005 se movilizaron 128.000 personas alrededor del Mandato por la Vida. A partir de ahí se inició el descenso en las cifras de asesinatos, hasta disminuir en 142 el número de muertes por violencia entre 2006 y 2007. Es un logro importante", dijo Vargas.
La movilización del Mandato por la Vida, iniciativa de la sociedad civil, "y la insistencia para lograr una respuesta institucional, contribuyen de manera importante en los resultados obtenidos", dijo en referencia a manifestaciones de hasta 7.000 personas, la mayoría jóvenes, en protesta por los asesinatos, desapariciones y reclutamientos forzados y de otros delitos, en general.
Los integrantes de la Mesa Local de Jóvenes de Ciudad Bolívar reconocen la disminución de la violencia.
"Pero no es suficiente", dijo a IPS un joven bachiller de 17 años que continuará estudios en la estatal Universidad Nacional de Colombia el próximo año, resultado de "suerte y buenas calificaciones", como define su ingreso a la más importante casa estatal de altos estudios.
"No es suficiente porque los compromisos no siempre se cumplen. Lastimosamente, muchos policías abusan de su poder", aseguró el joven. "Lo que hacemos es informar a otros jóvenes cuáles son sus derechos, porque conociéndolos van a tener menos miedo de hacerlos cumplir", agregó.
Por ejemplo, estudiantes identificados como tales no pueden ser detenidos en la calle. Un auxiliar bachiller en servicio militar obligatorio no está autorizado a requisar o detener personas sin la presencia de miembros de la Policía Metropolitana. A las mujeres sólo pueden requisarlas agentes mujeres. Son "temas elementales que desconocen muchas personas", dice.
"Nos detenían, nos subían a camiones y nos llevaban hasta el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la policía, en donde nos pegaban, y si alguien mencionaba los derechos humanos, era golpeado con una tabla en donde se leía DDHH", continuó.
Vargas destacó la realización de unos 10 foros con representantes de policía y ejército que propiciaron una distensión, complementada con charlas y conferencias que concluyeron en pactos de convivencia.
"Como gobierno distrital, con autoridades locales y cerca de 30 organizaciones no gubernamentales, hacemos seguimiento hace dos meses y confirmamos que (esas mejoras) se cumplen", dijo Vargas.
"De las detenciones preventivas que se hacían semanalmente de hasta 300 jóvenes, ahora solo se realizan cerca de 20, y siempre con respeto. Porque se pactó también suspender cualquier acto que pudiera considerarse un escarnio público, como amarrar a los detenidos a las astas en los CAI, o esposarlos".
"Con 250 policías de la localidad, y soldados de las bases militares de Arabia y Sierra Morena hablamos del tema de derechos humanos. El comando de la policía realizó una reunión con oficiales y suboficiales de los CAI, y el reporte en los últimos dos meses es de calma", aseguró Vargas.
Este proceso continuará con "una fase de formación en derechos humanos a jóvenes y policías, esperando disminuir al máximo la violencia armada y sociopolítica", agregó.
"Creo en el compromiso y el esfuerzo adelantado por la policía y el ejército, como en el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) y de la Mesa Humanitaria para Ciudad Bolívar y Soacha", municipio contiguo, creada el miércoles.
La instalación de esa Mesa fortalece la articulación de instituciones nacionales, distritales y locales para atender denuncias de la ciudadanía, por ejemplo, de amenazas o de presencia de actores armados.
Según la Defensoría, en mayo fueron detectadas en la zona por lo menos "seis estructuras de tipo paramilitar", pese a la polémica desmovilización negociada en 2006 entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Pero Vargas asegura la detención de las cabecillas paramilitares en la zona por parte de la fuerza pública, el control al reclutamiento forzado y el trabajo con grupos para evitar que lo hagan voluntariamente.
Afirma además que los procesos de relación con grupos de reinsertados no ha sido fácil por la convivencia entre víctimas y victimarios, en especial en desplazamiento forzado.
Pero enfatiza en la libertad que ha ganado la comunidad par circular por "cualquier lugar, con tranquilidad, y resalta al final la importancia de la presencia estatal con educación, salud, generación de empleo y oferta de servicios públicos.
"Porque es la presencia del Estado la que evita actores armados y violentos. Pero si cada año el sistema educativo manda cinco mil jóvenes a la calle, sin posibilidad de ingreso a la universidad o acceso a un trabajo, la situación se hace más compleja", finalizó.
