El general Raúl Baduel, por décadas compañero de conspiraciones y de gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, rompió políticamente con él este lunes alegando que la reforma constitucional en marcha «consuma en la práctica un golpe de Estado».
Los venezolanos deberán ratificar o rechazar, el 2 de diciembre, la reforma propuesta por Chávez y adoptada por el parlamento para establecer un Estado socialista, aumentar los poderes presidenciales, permitir la reelección indefinida y convertir a la Fuerza Armada en un cuerpo esencialmente "popular y antiimperialista".
Baduel fue el general clave para reponer en el poder a Chávez tras el efímero golpe de Estado de abril de 2002, porque como jefe de la poderosa brigada de paracaidistas, cerca de Caracas, inclinó la balanza militar a favor del orden constitucional.
En 1982, Chávez, Baduel y otros dos capitanes crearon el Movimiento Bolivariano Revolucionario, una logia clandestina en el ejército que en 1992, se sublevó, sin éxito, contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
Chávez estuvo preso y fue luego a la lucha político-electoral, mientras que Baduel permaneció en el ejército y, ya coronel en 1999, fue secretario del recién elegido mandatario. Tras su papel en 2002 alcanzó la comandancia del ejército y, hasta julio, se desempeñó como ministro de Defensa.
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Baduel, que habló en una rueda de prensa vestido con una chaqueta verde oliva, llamó "a los profesionales de la Fuerza Armada para que como ciudadanos y soldados, garantes de la paz, la independencia y la soberanía de la Nación, analicen profundamente el texto que se propone". Los militares tienen derecho al voto.
El general retirado pidió al pueblo venezolano que "no se deje engañar y quitar lo que le corresponde", y que se exprese en las urnas votando "No" a la reforma propuesta.
Sostuvo que la reforma fue sancionada "con un proceder fraudulento de consecuencias inciertas. No se propone una reforma, sino un modelo de Estado y un diferentísimo país, quitándole poder al pueblo", aseveró.
"¿Es realmente necesaria la reforma?", se preguntó, y luego afirmó que "los problemas que nos aquejan no tienen su raíz en la Constitución de 1999 (impulsada por Chávez). Ninguno de los artículos propuestos enfrenta los verdaderos problemas del país: la pobreza, el desempleo, la inseguridad personal, el desabastecimiento y la escasez".
Entre otros cambios, Chávez incluyó prolongar de seis a siete años su mandato, suprimir la autonomía del Banco Central con toda la hacienda pública a discreción del presidente, reconocer la propiedad social junto a la pública y la privada y crear milicias populares junto a la Fuerza Armada convencional.
También propuso dar rango constitucional a los locales consejos comunales, llevar la jornada de trabajo de ocho a seis horas diarias y organizar un sistema de seguridad social universal, así como ampliar los poderes presidenciales para diluir los estados y municipios en otras entidades, bajo su autoridad directa, cuando lo estime conveniente.
La Asamblea legislativa realizó otros cambios, de común acuerdo con Chávez, como reiterar la igualdad de todos ante la ley, sin discriminaciones de raza u orientaciones sexuales, fijar la edad mínima para votar en 16 años y abrir espacio al esquema de integración continental conocido como Alternativa Bolivariana para las Américas.
Baduel "es pieza clave en el proceso de maduración de la crisis social, política y económica que llevaría a una crisis militar y pulverizaría la estabilidad del gobierno", dijo a IPS el activista político opositor Alberto Franceschi.
Otro analista opositor, Rafael Poleo, consideró que Chávez, al proponer "un modelo socialista a la cubana", chocará con la Fuerza Armada y con la Iglesia Católica.
El domingo, en una marcha y mitin en Caracas, ante decenas de miles de seguidores llegados de todo el país, Chávez criticó una vez más la "plasta" de los obispos católicos que lo critican y, a la vez, premonitoria o informadamente, anunció que aparecerían nuevas defecciones a su causa, como la protagonizada por Baduel.
Ovidio Pérez, ex presidente de la Conferencia Episcopal, criticó al mandatario "por creerse un sumo pontífice que puede decidir cuándo los obispos podemos hablar y de qué, como si hacer una nueva constitución para implantar un Estado socialista no fuera razón para que los pastores nos pronunciáramos".
A la sorpresiva declaración de Baduel siguieron las no menos sorprendentes respuestas rápidas de la cúpula del oficialismo y de dos ex ministros de la Defensa.
El vicepresidente Jorge Rodríguez, rodeado por una veintena de dirigentes del gobierno y el parlamento, todos visiblemente afectados por la irrupción de Baduel, dio una brevísima rueda de prensa para sentenciar que al general retirado "se le cayó la careta: dijo exactamente lo mismo que dice la oposición".
Rodríguez sostuvo que Baduel sólo hizo uso del derecho que le asiste como ciudadano sin uniforme y aseguró que en los cuarteles "no hay la más ligera brisa que afecte su normal desenvolvimiento".
El general Jorge García Carneiro y el almirante Orlando Maniglia, oficiales retirados que fueron ministros de Defensa de Chávez, minimizaron las declaraciones de Baduel pues "ha hablado como un político de oposición".
García Carneiro, quien en abril de 2002 condujo a los oficiales leales en Caracas que, combinados con las unidades de Baduel, revirtieron el breve golpe de entonces, repudió "las declaraciones vergonzosas y aberrantes" de su ex compañero de armas.
Respondió así a duras declaraciones de Baduel contra los poderes legislativo, electoral y parte del judicial, que facilitaron la adopción del proyecto de reforma y cuyos magistrados, según él, "responderán ante Dios y la historia por el daño que han hecho".
Poco antes de sus declaraciones, Oscar Schémel, de la encuestadora Hinterlaces, había dijo a IPS que el porcentaje de rechazo a la reforma ha crecido en las últimas semanas, según sus encuestas, y alcanza a 41 por ciento del electorado potencial, versus 31 por ciento que la apoya.
Sin embargo, según han mostrado otros sondeos, los opositores están divididos casi a partes iguales entre quienes quieren votar y quienes prefieren abstenerse, lo que facilitaría una victoria de la propuesta presidencial.
