Los acuerdos suscritos por el gobierno con las coaliciones partidarias allanan el camino para la reforma de la enseñanza en Chile, un proceso impulsado por la fuerte movilización estudiantil de 2006. Pero la solución de los problemas de fondo sigue en compás de espera, según expertos.
Las principales fuerzas políticas del país, la oficialista de centroizquierda y la oposición derechista, firmaron con el Poder Ejecutivo el "Acuerdo por la Calidad de la Educación", para destrabar un proyecto de ley al respecto en el parlamento, y luego la presidenta Michelle Bachelet y su propia coalición suscribieron otro para "fortalecer la educación pública".
Si se concretan los convenios suscriptos el 13 y el 21 de este mes, respectivamente, se avanzará en el mejoramiento de la calidad de la educación, pero no se puede decir lo mismo en materia de igualdad y equidad, comentó a IPS Juan Eduardo García-Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.
A su juicio, hay aspectos centrales para terminar con la extremada segregación del sistema educativo que no fueron abordados con profundidad por las fuerzas políticas, como la selección de los alumnos, los mecanismos de financiamiento y la administración de los establecimientos dependientes de los municipios.
El experto conoce de cerca el actual proceso de transformación de la educación, ya que dirigió entre junio y diciembre del año pasado un consejo asesor convocado por Bachelet para aplacar un histórico paro de actividades de estudiantes secundarios.
Apoyados por el Colegio de Profesores, alumnos universitarios y algunos centros académicos, miles de escolares de la enseñanza media tomaron en mayo los centros educativos y marcharon por las calles en reclamo de la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), instaurada por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), fallecido a fines de 2006.
La LOCE, que regula desde la educación preescolar hasta la universitaria, dio forma a un proceso descentralizador y privatizador de la enseñanza, al traspasar la administración de las escuelas y liceos desde el Estado a los 345 municipios del país y permitir la creación de colegios privados subvencionados con recursos fiscales.
Algunas de las propuestas formuladas por los 81 miembros del consejo, que representaban a todos los sectores políticos, sociales, académicos y confesionales del país, fueron incluidas en el proyecto de Ley General de Educación (LGE), enviado por el Poder Ejecutivo al parlamento en abril de este año para reemplazar la LOCE.
Pero las profundas divergencias surgidas en torno a esta iniciativa legal motivaron al gobierno a crear una comisión política-técnica con representantes de los cuatro partidos políticos oficialistas y los dos de la alianza de derecha para aunar posiciones.
Los debates concluyeron con la firma del llamado "Acuerdo por la Calidad de la Educación", el cual se materializará con una indicación sustitutiva que el gobierno pondrá en diciembre al proyecto de LGE.
El gobierno de Bachelet interpretó este paso como una respuesta positiva de parte de las fuerzas políticas a su llamado de lograr un pacto social en los temas relevantes que impulsa.
Pero para la alianza opositora, el hecho de que el gobierno haya cedido en dos materias claves —el lucro y la selección de alumnos— fue tomado como un triunfo.
Los dirigentes políticos se comprometieron a crear una Superintendencia, propuesta que ya se discute en otro proyecto de ley en el parlamento, una denominada Agencia de la Calidad, que evaluará los aprendizajes y el desempeño de los colegios, y un órgano que reemplace al actual Consejo Superior de Educación, encargado de aprobar currículos y estándares.
Asimismo, el acuerdo estipula la modificación gradual de los ciclos educativos. De los actuales ocho años de enseñanza básica y cuatro de educación media, se pasará a seis años de primaria y los mismos de secundaria, lo cual no estaba contemplado en la LGE.
También se exigirá que los sostenedores, como se llama a los dueños de colegios privados subvencionados, sean personas jurídicas y no naturales, y que su giro de negocios sea exclusivamente la educación para evitar que los recursos públicos sean mal gastados. Con estas regulaciones se legitima el lucro, a diferencia del proyecto inicial, que lo prohibía.
Por otra parte, la iniciativa original establecía que "por ningún caso" se podía seleccionar a los alumnos por su situación económica o social, origen étnico y rendimiento escolar pasado o potencial, así como por el estado civil, escolaridad o religión de sus padres.
Pero el pacto suscrito sólo prohíbe seleccionar a los alumnos hasta sexto básico por razones académicas y socioeconómicas.
"En el acuerdo avanzaron las posiciones de derecha", declaró a IPS la segunda vicepresidenta del Colegio de Profesores, Olimpia Riveros. "Esta búsqueda de consensos en la esfera estrictamente política, sin la participación ciudadana y sin darle espacio al profesorado, habla de las tremendas insuficiencias del sistema seudo democrático que tenemos", acotó.
Distinto piensa Bárbara Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, ligado a la oposición derechista. Con la indicación sustitutiva, tendremos un "proyecto de ley relativamente sensato, que equilibra a los diferentes actores educativos", dijo a IPS.
Pero Eyzaguirre, quien formó parte del equipo técnico de la alianza opositora, coincide con García-Huidobro en cuanto a la necesidad de estudiar nuevas formas de administración de los establecimientos públicos.
Explicó que los partidos de derecha no formularon propuestas al respecto en el comité político- técnico porque el tema no era parte de la iniciativa legal en discusión.
El gobierno dejó las transformaciones de fondo para una segunda etapa, debido a las grandes divergencias existentes dentro de la propia Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990.
Esto quedó en evidencia cuando Bachelet suscribió un protocolo "para fortalecer la educación pública" sólo con los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, que componen la coalición.
"Las agendas educativas de los países son como la historia: se dan por capas", señaló a IPS Pedro Montt, jefe de la unidad de currículo y evaluación del Ministerio de Educación. "Con el (primer) acuerdo dimos un salto de transformación estructural, pasando de un sistema orientado a la cobertura a otro en la calidad", acotó.
El segundo convenio fija los temas que serán debatidos por el oficialismo en 2008 y que deberán concretarse en proyectos de ley al finalizar ese año. Entre ellos está la llamada "desmunicipalización" y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento.
García-Huidobro exige terminar con el "financiamiento compartido", es decir, que los padres tengan que pagar mensualidades en escuelas subvencionadas por el Estado porque atenta directamente contra la equidad. Y Riveros pide que la educación pública se financie con un presupuesto total anual y no con una subvención por alumno como ahora.
"No existe un acuerdo al interior de la Concertación (sobre estos temas)", reconoció Montt.
Aunque el consejo asesor no llegó a una sola conclusión respecto de la "desmunicipalización", en su informe plantea como alternativas la creación de asociaciones de municipios o nuevas agencias de carácter provincial o regional. Para avanzar en ello, el acuerdo oficialista incluye desarrollar "experiencias pilotos" en 2008 en regiones extremas del país.
Los técnicos del gobierno también diseñarán "un programa de reforzamiento y rescate de la identidad de la educación pública".
Aunque se pusieron de plazo un año, Montt es claro en señalar que estos temas, así como lo referente a la formación y condiciones de trabajo de los profesores, son parte de la "agenda futura de educación". Es decir, la presidenta Bachelet, que finaliza su mandato el 11 de marzo de 2010, puede "dejar algo avanzado", indicó.
"Me hubiera gustado que los acuerdos trataran de manera más fuerte los problemas en su conjunto, pero esto siempre es muy difícil en política", reflexionó García-Huidobro.
