Las reuniones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) pueden ser embarazosas para líderes del bloque preocupados por los derechos humanos y la democracia.
En 2003, esos gobernantes se distanciaron del entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien se dispuso a actuar como "abogado defensor del presidente Putin, aunque él no me lo haya pedido".
Berlusconi acusó a la prensa de distorsionar informes sobre la situación de los derechos humanos y del estado de derecho en relación con la separatista república de Chechenia y sobre la detención del magnate petrolero Mijail Khodorkovsky.
El gobierno de Portugal, a cargo de la presidencia rotativa de la UE, prepara la cumbre en Mafra, cerca de Lisboa, para el día 26, y en un documento a los gobiernos participantes enfatizó en acordar un enfoque común "e implementarlo consistentemente".
El documento, al que tuvo acceso IPS, da indicios de las profundas tensiones entre ambas partes en una amplia gama de asuntos, al adelantar que no habrá un comunicado conjunto al cabo de la cumbre UE-Rusia.
En el plano económico, el informe portugués expone la preocupación por la interrupción del suministro de petróleo ruso a Letonia y Lituania, así como el proyecto de ley de inversiones que discute la Duma, cámara baja del parlamento en Moscú.
La iniciativa establece límites a la inversión extranjera en sectores considerados "estratégicos". La UE le dirá a Rusia que no deberá apelar a esta norma, en caso de ser aprobada, o a otras medidas para socavar las inversiones en curso y obstaculizar otras nuevas.
En cuanto a la seguridad, el documento portugués indica que Rusia será exhortada a no retirarse de acuerdos que se remontan a la Guerra Fría y que limitan la cantidad de armas pesadas desplegadas en Europa.
En julio, Putin decretó la suspensión de la Convención sobre Fuerzas en Europa de 1990, en protesta por los planes estadounidenses de establecer parte de un sistema de defensa misilístico en República Checa y en Polonia.
Según el informe de Portugal, la Convención continúa siendo clave en la seguridad y estabilidad del continente.
Lisboa observó, por otra parte, que Rusia es el único miembro del Consejo de Europa, grupo integrado por 47 países, que no ratificó el protocolo sobre la abolición de la pena de muerte ni accedió a dar nuevas facultades a la Corte Europea de Derechos Humanos.
La Corte con sede en Estrasburgo emitió desde enero 11 veredictos de condena o reprobación a las actividades de Rusia en Chechenia.
El documento también propone expresar "seria preocupación" sobre los preparativos hacia las elecciones legislativas de diciembre en Rusia, que no ha invitado a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Un portavoz de la OSCE consideró que ya se cumplieron los plazos para que Rusia invite a esta organización intergubernamental, dedicada a la prevención y alerta temprana de conflictos. Pero previó que esa formalidad se cumplirá.
"La OSCE es reconocida por su flexibilidad y se pueden solucionar las cosas", agregó.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional pidió a la UE presionar a Rusia para que investigue las 52 tumbas colectivas halladas en Chechenia, la intimidación de periodistas en el Cáucaso septentrional y la ola de crímenes racistas que se cobró 50 vidas entre enero y septiembre.
Amnistía también cuestiona la nueva ley sobre actividades extremistas, que define los actos de odio contra grupos sociales de manera a su entender vaga, por lo cual podría utilizarse arbitrariamente contra la libertad de expresión.
El director de la oficina de Amnistía en Bruselas, Dick Oosting, dijo que la UE "pudo hablar unida y firmemente sobre los problemas de derechos humanos en Rusia" en la última cumbre conjunta en la ciudad rusa de Samara, celebrada en mayo.
El férreo manejo del poder por parte de Putin, y su anuncio de que procurará la designación como primer ministro cuando concluya su segundo periodo presidencial el año próximo, fue muy criticado por miembros del Parlamento Europeo esta semana.
Graham Watson, líder del bloque liberal en el Parlamento, dijo que "si se desarrollara mejor la clonación humana, el presidente Putin probablemente querría ser presidente y primer ministro al mismo tiempo".
Benita Ferrero-Waldner, comisionada europea de Relaciones Exteriores, dijo que la libertad de prensa era "la prueba definitiva para la legitimidad democrática en Rusia".
El Parlamento Europeo resolvió no emitir una resolución formal sobre la situación en Rusia hasta después de la cumbre. La europarlamentaria verde francesa Hélène Flautre dijo que la decisión sería "interpretada por Rusia como un gran éxito".
"Es muy difícil para los activistas de derechos humanos y periodistas cumplir su tarea si automáticamente son calificados como enemigos del régimen", dijo Flautre.
La europarlamentaria socialista portuguesa Ana María Gomes dijo: "No hay solución a la vista para la tendencia autocrática de la Rusia de Putin. Si nos hacemos los sordos, esto continuará."
