La disputa por el control del aeropuerto más importante de Bolivia entre el gobierno nacional y la sociedad civil del departamento de Santa Cruz potenció el clima político ya altamente inflamable y desafía el mando del primer presidente indígena del país, el izquierdista Evo Morales.
La batalla política por Viru Viru, ubicado a 20 kilómetros de la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, puede convertirse en el primer capítulo de la temida guerra institucional entre el occidente boliviano, dominado por los sectores indígenas, y el oriente liderado por el empresariado y los terratenientes.
El gobierno ordenó la ocupación militar de la terminal aérea el 18 de este mes para desalojar la administración acusada de hechos de corrupción, como el cobro de dinero en efectivo, "bajo ala", a las compañías extranjeras por el aterrizaje y despegue, algo inusual y fuera de la práctica regular.
Pero esa acción comando, operada por un grupo militar transportado en una nave Hércules cual una escena bélica de celuloide, duró escasas horas por la reacción del frente opositor a Morales, liderado por el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, y por Branko Marinkovic, el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización civil conservadora y representativa de los intereses empresariales de la región.
Entre explicaciones risueñas y buscando evitar una pública declaración de debilidad frente a la fortalecida corriente cruceña de oposición, el gobierno retiró a los militares y policías, y sólo el ministro de Obras Públicas, José Kinn, admitió que se evitó un "desenlace sangriento".
Horas antes de la prudente decisión y alentados por Costas y Marinkovic, una multitud arremetió el mismo día de la toma contra las fuerzas de seguridad, con el saldo de varias personas heridas por golpes y asfixiadas por los gases lacrimógenos lanzados en un intento por resguardar las instalaciones del aeropuerto.
Esas víctimas, mostradas hasta el cansancio en costosas campañas de televisión, se convirtieron de inmediato en las banderas que los opositores a Morales habían esperado impacientes desde la llegada al gobierno del primer presidente indígena, en enero de 2006.
El enfrentamiento, los heridos, la acción combinada de policías y militares, invadieron las pantallas de las redes nacionales de televisión, que en su mayoría pertenecen a empresarios cruceños. Entre sus comunicadores pronto quedó en el olvido el origen del conflicto y el interés del gobierno por mejorar la administración del aeropuerto estrella de Bolivia.
Un día después, el discurso del prefecto Costas fue contundente al reclamar "el respeto al estado de derecho" y al "patrimonio cruceño", acompañado de una enérgica advertencia sobre la defensa de "principios y valores", por sobre la lucha anticorrupción que el gobierno pretendía poner en práctica.
Desde ese momento, el discurso de Costas, motivado en el interés por obtener una autonomía política y administrativa para Santa Cruz, también ingresó en el terreno internacional con una acusación al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de promover la violencia en Santa Cruz.
Las efusivas afirmaciones de Chávez en su programa semanal "Aló Presidente" y el anunció de su decidido apoyo a la política antiestadounidense de Morales, con la amenaza de convertir a Bolivia en un nuevo Vietnam, fue interpretada por Costas como el inicio de una ofensiva militar de Venezuela contra Santa Cruz.
La fugaz presencia de militares venezolanos durante la operación de toma del aeropuerto santacruceño, que según la explicación de La Paz respondía a una tarea de transporte de becarios, completó el argumento de los opositores al presidente indígena.
Tras estos incidentes, el gobierno retiró al interventor del aeropuerto de Viru Viru y los cuestionados administradores retornaron, dirigidos por el prefecto Costas y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que delegó su representación en el directorio de la terminal aérea a un miembro de la radical y violenta Unión Juvenil Cruceñista.
Es el primer trofeo arrebatado en democracia por los defensores de la autonomía al gobierno que propone una revolución cultural y la recuperación de las tierras improductivas para distribuirlas entre campesinos pobres.
Con un discurso sustentado en la defensa de la propiedad privada, que en esta oportunidad se adapta al aeropuerto estatal como preservación del "patrimonio cruceño", los opositores a Morales hallaron el momento oportuno para izar las banderas contra el "centralismo totalitario y hegemónico" atribuido a La Paz.
El cuadro de la compleja batalla política se completó la semana pasada con dos atentados con explosivos contra el consulado de Venezuela y contra un edificio ocupado por médicos cubanos, en la ciudad de Santa Cruz.
El oficialismo atribuyó los hechos al clima beligerante creado por el prefecto Costas, mientras que para el ex presidente derechista Jorge Quiroga (2001-2002) fue un "autoatentado".
Como una sincronizada máquina, los conflictos cobraron fuerza con la protesta universitaria y una huelga de hambre de estudiantes santacruceños contra el recorte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 30 por ciento, anunciado por el gobierno para concretar una renta mensual de unos 25 dólares para todo boliviano mayor a 60 años.
Prefecturas, municipios y universidades que perciben ingresos por las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina consolidaron una férrea defensa, mientras el gobierno halla respaldo entre los ancianos y organizaciones sindicales. El proyecto de la renta para la vejez quedó obstruido en el Congreso legislativo.
La prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz asumieron esta nueva batalla y el miércoles pasado movilizaron a sus adherentes, entre ellos a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, para intentar ocupar instituciones públicas creadas para recaudar impuestos y administrar los hidrocarburos.
La agresiva acción de los manifestantes, aún a pesar de la destrucción a patadas de una puerta metálica de la oficina de Impuestos Internos, fue "pacífica" según el dirigente cívico Branko Marinkovic, quien responsabilizó a la policía de "provocar" los disturbios con disparos de gases lacrimógenos.
La cobertura periodística cayó en una confusión y terminó a favor de los manifestantes frente a los "violentos" policías.
Las ciudades de Sucre, Tarija y Trinidad, esta última capital del departamento de Beni, también se sumaron a las protestas contra el recorte del impuesto petrolero, mientras las organizaciones opositoras a Morales, en la ciudad de Cochabamba, preparan movilizaciones para la siguiente semana.
Sumado a un agudo desabastecimiento de carburantes que despierta temor entre la población, en el terreno político, la directiva de la Asamblea Constituyente estudia el traslado de las sesiones de la ciudad de Sucre a Oruro, una ciudad altiplánica localizada a 250 kilómetros de La Paz.
Sucre mantiene su demanda de convertirse en sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo asentados en La Paz, y las negociaciones de los partidos con representación en la Constituyente no logran acuerdos para resolver este conflicto.
Mientras no suceda ello, la Asamblea permanecerá cautiva por permanentes marchas de protesta de organizaciones sociales de Sucre que han ampliado sus exigencias a una autonomía para la región comprendida en la jurisdicción del departamento de Chuquisaca.
