En medio de una campaña del gobierno de Egipto contra la prensa independiente, un periodista se libró esta semana de la acusación de haber perjudicado la economía nacional con un informe publicado por el diario independiente Al-Dostour.
En los últimos dos meses los tribunales penales egipcios condenaron a penas de cárcel a 11 destacados periodistas, acusados de "publicar noticias falsas". Portavoces del Sindicato de Periodistas Egipcios describieron la última ofensiva como una "guerra" contra la libertad de prensa.
"Esta escalada contra la libertad de prensa confirma que el régimen perdió la paciencia con un puñado de periodistas independientes que se atrevieron a criticarlo", dijo a IPS Yehia Qulash, secretario general del Sindicato.
La campaña comenzó el 13 de septiembre, cuando los directores de cuatro importantes periódicos independientes fueron condenados cada uno a un año de prisión por "difamar" al presidente Hosni Mubarak y a otros miembros de su gobernante Partido Democrático Nacional.
Entre los acusados figuran Ibrahim Eissa, del Al-Dostour, Wael al-Ibrashi, del semanario Sout al-Umma; Adel Hammouda, del Al-Fagr, y Abdel-Halim Qandil, director del opositor Al-Karama.
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El 24 de septiembre, el director y dos reporteros del periódico opositor liberal Al-Wafd fueron condenados a dos años de cárcel por publicar en enero declaraciones "falsamente atribuidas" al ministro de Justicia.
Días después, la prensa recibió otro ataque. Siete periodistas de Sout al-Umma —incluido Al-Ibrashy— fueron condenados a penas de entre uno y dos meses de prisión en dos casos separados por publicar "noticias falsas".
Además del primer cargo, Eissa —crítico de las políticas del gobierno durante mucho tiempo— también afronta acusaciones de publicar información falsa relativa a la salud del presidente Mubarak.
Si se lo declara culpable, podría pasar hasta cuatro años en prisión, además de importantes multas.
Según los fiscales, Eissa "actuó contra el interés público" al divulgar en agosto un informe según el cual Mubarak, de 79 años, estaba seriamente enfermo.
La fiscalía alega que el rumor —que luego demostró ser falso— causó una importante retirada de capitales extranjeros de Egipto y una significativa caída del mercado de valores.
En la segunda sesión del juicio, celebrada el miércoles, Eissa fue parcialmente reivindicado cuando el titular de la gubernamental Autoridad de Mercados de Capitales y el vicegobernador del Banco Central de Egipto testificaron que no verificó una conexión directa entre el informe periodístico y los supuestos perjuicios económicos.
La próxima sesión del juicio está programada para el 14 de noviembre.
Inicialmente, se preveía que Eissa fuera juzgado por un tribunal de seguridad estatal, cuyos veredictos, a diferencia de los de los tribunales civiles comunes, no están sujetos a apelación.
Pero tras la ola de condenas de organizaciones locales e internacionales defensoras de los derechos humanos y las libertades civiles, el gobierno cambió su curso, anunciando que el caso sería llevado a un tribunal común.
Todos los acusados, incluido Eissa, están libres bajo fianza.
En 2004, Mubarak prometió enmendar la ley de prensa de Egipto con vistas a eliminar las condenas a prisión por "delitos de publicación".
Pero esa legislación restrictiva persiste: los periodistas todavía corren el riesgo de ir presos por publicar material considerado demasiado crítico del régimen.
El 7 de octubre, en señal de protesta contra los duros fallos, 22 periódicos locales independientes y de oposición se abstuvieron de imprimir sus respectivas publicaciones.
"La decisión fue tomada colectivamente por los editores en jefe de los periódicos en cuestión, y fue apoyada por el Sindicato de Periodistas", dijo Qulash.
La medida sirvió para "enviar un poderoso mensaje de protesta, tanto en Egipto como en el exterior", agregó.
Cuatro días después, 41 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su "total apoyo" a los acusados.
La declaración urge al gobierno a dejar de aplicar condenas de prisión por delitos de publicación, de acuerdo con convenciones internacionales sobre derechos humanos de las que Egipto es parte.
Los ciudadanos que critican estas sentencias también destacan que, según la ley egipcia, las demandas penales técnicamente pueden ser presentadas por cualquiera, incluso los no directamente afectados por el presunto delito.
"Actualmente hay en los tribunales 200 de esos casos, inicialmente presentados contra periodistas opositores por abogados que también son miembros del Partido Democrático Nacional", dijo a IPS el periodista Qandil, de Al-Karama.
"El crecimiento de la prensa independiente representa uno de los pocos éxitos recientes de Egipto en términos de liberalización", sostuvo. "Esto es citado a menudo como prueba del compromiso del país con la reforma política y alentó el notorio aumento de las inversiones extranjeras."
"Es probable que la encarcelación de cualquiera de estos periodistas tenga implicaciones políticas y económicas para el país", concluyó.
