Campesinos del valle de la Convención, en el sudoriental departamento peruano del Cusco, amenazan con destruir un kilómetro del gasoducto Camisea-Lima si las empresas constructoras Techint, Plus Petrol y Transportadora de Gas del Perú (TGP), no aceptan indemnizarlos con 20 millones de dólares por daños ambientales en la zona. El viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo, anunció el 20 de mayo la culminación de la construcción del gasoducto, que empezará a ser usado el 9 de agosto. En respuesta, el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de la Convención reanudó movilizaciones contra la obra.
«Las empresas y el gobierno central ignoran hasta ahora las demandas de los campesinos, pese a que existe un acta de acuerdo para resolver el impacto ambiental causado por el gasoducto», señaló Abel Cruz, presidente del Frente.
Pero el gerente general de TGP, Alejandro Segret, alegó que «no se ha causado ningún daño ambiental no previsto por las medidas incluidas en el proyecto».
